Conexión Ganadera: el destino de la herencia de Basso y el acuerdo entre los damnificados

Una mujer con platillos y una careta de Daniela Cabral, socia de Conexión Ganadera, se encontraba en la puerta del Palacio de Justicia reclamando, junto con decenas de personas, por el dinero que perdió al invertir en el fondo ganadero. “No al amparo de estafadores”; “ni honor, ni herencia, justicia”; “la viuda en jaula de oro, ¿justicia comprada?” fueron algunos de los carteles que sostenían quienes se movilizaron el miércoles en el pasaje del Centro de Montevideo.

La mujer contó a la diaria que conoció el fondo ganadero en 2020 por una amiga veterinaria que le recomendó que invirtiera sus ahorros allí. Averiguó con varios conocidos, que le confirmaron que se trataba de una “inversión seria”. Fue hasta la oficina en Montevideo, ubicada en Pereira de la Luz, la atendieron, leyó el contrato, se lo llevó a su casa, lo estudió y lo firmó.

Invirtió todos sus ahorros y no cobró intereses porque siempre aceptó renovar el contrato. “Estaba todo bien hasta que necesité saldar una cuenta que tenía de mi apartamento”, contó. Se contactó con Rodolfo Flores, gerente operativo del grupo, que le dijo que “iba a tener en cuenta el cierre de su inversión” para darle los dividendos. Las respuestas de los correos electrónicos con la empresa se fueron dilatando hasta que le dieron como fecha de pago el 24 de diciembre de 2024. “Y se desencadenó todo esto, cosa que por supuesto me generó un conflicto de salud y en mi familia”, apuntó.

“Lo que espero es que se haga justicia, que realmente podamos sentir que vivimos en un país de democracia. Todo va muy lento y hay un descreimiento del grupo de lo que es el sistema político, porque se han tocado puertas y no hemos tenido respuestas concretas”, concluyó.

Damnificados evalúan avanzar en un acuerdo por 35 millones de dólares

La causa del concurso de Conexión Ganadera podría tener un giro el 11 de mayo, cuando los abogados de varios damnificados presenten al síndico Alejandro Ciavattone las firmas alcanzadas para adherir a un acuerdo que fue una propuesta conjunta entre el síndico y los abogados para agilizar el proceso de distribución de los activos de la empresa entre los damnificados.

Fuentes judiciales señalaron a la diaria que, si bien no es habitual que se alcance este tipo de acuerdos, está dentro de las potestades que tienen los damnificados acceder a un acuerdo entre ellos. Una vez entregadas las adhesiones, el juez de la causa, Leonardo Méndez, debe hacer un control de legalidad del acuerdo, cerciorándose de que, en coincidencia con el objetivo de la ley de concurso, se priorice el interés de los acreedores. A diferencia de un convenio, este tipo de acuerdos entre los damnificados no obliga a quienes no lo firmen, por lo que la sindicatura deberá reservar una parte del activo para quienes no adhieran al concurso y esperen el final del proceso para cobrar.

Los 35 millones de dólares que podrían repartirse entre los damnificados son producto de la venta del ganado encontrado en los campos que utilizaba Conexión Ganadera, que fueron vendidos por el síndico para preservar la masa activa desde enero de 2025, dejando sin distribuir el producto de la venta de otros activos de la empresa, cuyo destino se determinará a lo largo del proceso.

El acuerdo propone la creación de dos tipos de acreedores: los que tienen ganado registrado a su nombre, que abarca contratos de bonos, pool y engorde, y los que invirtieron, pero no tienen ganado registrado a su nombre. En el primer caso, los acreedores cobrarán un 33,3% del valor de la venta del ganado rematado, mientras que otra tercera parte será destinada a cubrir costos operativos del proceso de venta.

Los acreedores que no tienen ganado a su nombre, pero pueden verificar que invirtieron en Conexión Ganadera, que son principalmente quienes firmaron contrato por terneros, cobrarán el 5% de lo que deberían haber cobrado. En este grupo también se incluirá el saldo a favor por los animales que no aparecieron, de aquellos acreedores que tenían ganado a su nombre.

En el caso de los acreedores que tengan contratos de inversión en ganado, pero no ganado real a su nombre, que son los contratos de terneros, y quienes, teniendo ganado a su nombre, tienen un saldo a favor por animales inexistentes, estos cobrarían un porcentaje fijo del entorno del 5% de su crédito.

Para que el acuerdo se concrete, se debe obtener la anuencia del 85% de los acreedores que tienen ganado a su nombre y del 85% que no tienen ganado a su nombre. Ese nivel de adhesión no está determinado en la ley de concurso, sino que fue establecido entre el síndico y las defensas para legitimar la representatividad de los intereses de los damnificados en el acuerdo.

Los promotores del acuerdo señalan como una de sus ventajas que evita la salida habitual de la ley de concursos, en la que todos los acreedores de Conexión Ganadera van cobrando de los créditos que se generan, independiente de si invirtieron en ganado o no.

Además, sostienen que si el acuerdo se aprueba, podrían en unos 60 días repartir el monto generado, sin estar pendientes de las vicisitudes del proceso de concurso, que podría enfrentar varias impugnaciones, incluyendo litigios entre damnificados y cuestionamientos a la verificación de los créditos, que implican altos costos y plazos extensos. Un estimativo de la sindicatura marca que una distribución uniforme de toda la masa activa entre todos los acreedores podría alcanzar un nivel de recuperación cercana al 8,6% de lo invertido.

A su vez, la concreción de este acuerdo no implica que los firmantes renuncien al cobro de otros activos que puedan generarse en el futuro. Una de esas posibilidades, que podría duplicar el monto disponible, es la liquidación de la herencia de la familia Basso, estimada en unos 36,4 millones de dólares. Los damnificados de Conexión Ganadera son un acreedor más de los que se presentaron para verificar créditos a cobrar de la herencia de Gustavo Basso, junto con clientes y proveedores del escritorio Basso.

Una de las claves para que los damnificados de Conexión Ganadera sean reconocidos como acreedores del escritorio es que puedan demostrar que Conexión Ganadera y el escritorio Basso forman parte de un mismo grupo económico. La presentación de los inversores de Conexión Ganadera como acreedores de la herencia fue impugnada por la familia Basso, por lo que aún cuando el proceso de liquidación de la herencia continúe, podría no alcanzar a los damnificados de Conexión Ganadera.

¿Qué puede pasar con la herencia de Basso?

El proceso de concurso de la herencia de Gustavo Basso, en el que el síndico Alfredo Ciavatone avanzaba en la venta de los bienes de la familia para luego distribuir entre los acreedores, está paralizado desde el 19 de marzo, cuando el tribunal en lo Civil de 7º turno dispuso detenerlo para esperar una definición sobre su legalidad, cuestionada por la familia del fundador de Conexión Ganadera, fallecido el 28 de noviembre de 2024 en un siniestro no accidental.

Fuentes judiciales señalaron a la diaria que esa situación podría resolverse a mediados de mayo, cuando los ministros Cristina Cabrera, Edgardo Ettlin y Loreley Pera se expidan sobre la impugnación y definan si continúa el proceso de venta y distribución de bienes de la familia a favor de los acreedores o si los bienes permanecen en manos de la familia.

Luego de que el juez Leonardo Méndez decretara el concurso de la herencia de Basso, en agosto de 2025, los abogados de la familia Basso presentaron un recurso de nulidad contra esa resolución, que está siendo analizada por el tribunal. Como la presentación de ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre el concurso en sí, el juez Méndez continuó trabajando junto con el síndico en la liquidación de los bienes. Méndez fundamentó el concurso en que el informe de la sindicatura determinó que había un activo de 6,5 millones de dólares, contra un pasivo de ocho millones de dólares.

Ante eso, la familia Basso sostiene que la herencia es solvente en la medida en que tienen créditos a su favor. En un escrito presentado por la esposa y las hijas de Basso, Daniela Cabral, Agustina y Candelaria Basso, representadas por el abogado Carlos López, se plantea que el crédito a su favor como acreedores del frigorífico Casa Blanca deja la herencia con un activo de 36,4 millones de dólares. En el inventario del concurso de la herencia que el síndico elaboró en noviembre de 2025 figuran el apartamento en el centro de Punta del Este, donde Cabral se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, un apartamento en la Ciudad Vieja de Montevideo, una fracción de campo en el paraje Goñi de Florida, un apartamento en el Centro de Montevideo, en la calle Rondeau, y la participación en las empresas Conexión Ganadera SRL, Sildeka SA, Lerosur SA, Sauce Chico SAS, Menafra SAS, Etranil SA y Del Terruño Ltda, además de una decenas de vehículos.

A partir de la decisión del tribunal de suspender el proceso, el juez Méndez debió paralizar las operaciones de venta de todos los bienes no perecederos, aunque puede vender aquellos bienes perecederos para preservar la masa activa. El fundamento del tribunal es que, si eventualmente aceptaran los argumentos de la familia y negaran el concurso de la herencia, no estarían en condiciones de devolver los bienes ya vendidos por el juzgado de concurso.

Un oficio clave para la continuidad de la causa penal

En el ámbito penal, el fiscal de la causa, Enrique Rodríguez, espera la respuesta del oficio 626 –enviado al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para determinar la cantidad de animales que fueron encontrados en los campos donde debía haber ganado de los inversores de Conexión Ganadera– del número de animales registrados en la División de Contralor de Semovientes (Dicose) para contrastarlo con los animales que debería haber según los contratos firmados con los inversores. En principio, se habrían encontrado unos 70.000 animales, cuando debía haber unos 800.000.

Ese dato será clave para avanzar en una nueva etapa de la investigación penal que hará foco en las empresas tomadoras de ganado. Una de las empresas indagadas será Don Coraje, perteneciente a Daniela Cabral, que firmó contratos por unas 28.000 cabezas de ganado, cuando habrían sido declarados ante la Dicose unos 200 animales. También se investigará la situación de Bartol, quien figura como tomador de ganado por unas 400 cabezas, sin tener campos a su disposición.

Hasta ahora el único tomador de ganado imputado en la causa fue Maximiliano Rodríguez, responsable de Pasfer, quien el 20 de marzo fue imputado con prisión por los delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica, por su participación en la firma de 62 contratos y por el hecho de que no pudo explicar la ausencia de 4.950 cabezas de ganado que deberían estar en sus campos, ubicados en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres.

Para la defensa de varios damnificados, la evidencia sobre las maniobras realizadas con Don Coraje permitiría ampliar la imputación contra Daniela Cabral, que fue imputada por un delito de estafa en julio de 2025 y es la única socia fundadora que no está en prisión preventiva. En caso de que el fiscal Rodríguez defina pedir la imputación de Cabral por lavado de activos, está obligado a pedir la prisión preventiva a la jueza de la causa, Diovanet Olivera, tal como plantea el artículo 224.3 del Código de Proceso Penal.

Entre las empresas tomadoras de ganado de Conexión Ganadera, la que –según los contratos– tenía la mayor cantidad de animales era Hernandarias, con unos 750.000; luego le siguen Don Coraje, con 28.000; MCO Agro SRL, con 13.000; Agenau, con 7.500; Gladenur y Pasfer, que debían tener poco más de 6.000, y El Alfarfar SRL y Larregui, con unas 1.500 cabezas de ganado cada una.

Además de avanzar en la investigación sobre las empresas tomadoras de ganado, el fiscal Rodríguez deberá estudiar la documentación presentada por las defensas de los hijos de los socios fundadores, que declararon en febrero sobre su participación en la empresa, diferentes operaciones inmobiliarias de las que fueron beneficiarios y transferencias que los involucraban.

Uno de los escritos presentados luego de esas declaraciones fue el de la defensa de la familia Basso, que busca respaldar la declaración de Agustina y Candelaria Basso y de Alfredo Rava, yerno de Gustavo Basso. La defensa de Basso señaló que los tres padrones rurales, dos en Durazno y uno en Florida, que compró el matrimonio Rava-Basso para el desarrollo de un emprendimiento productivo, fueron obtenidos con un crédito del Banco República por 1,5 millones de dólares y que la línea de crédito de Gustavo Basso fue solo utilizada a los efectos de adelantar la operación.

En el escrito, al que accedió la diaria, la defensa de Basso muestra documentos y comunicaciones sobre la definición de utilizar las cuentas personales de Agustina Basso y Alfredo Rava para canalizar el pago a proveedores, señalando que tenían información de que los fondos en las cuentas de Gustavo Basso podrían quedar congelados.

En esa ronda de declaraciones, Marcela Carrasco –hija de Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera– explicó la transferencia de 18 millones de dólares, entre 2018 y 2025, en virtud de que trabajaba en la empresa Puente Corredor de Bolsa SA, para la que realizó varios viajes a Paraguay en su calidad de gerenta de operaciones de la sucursal paraguaya de la financiera. A su vez negó la existencia de un vínculo entre la Fundación Sophia y Conexión Ganadera, a excepción de dos instancias de patrocinio para un evento de la fundación por un total de 8.000 dólares.

Carrasco también fue indagada por su participación en la creación de un holding destinado a vender parte de Conexión Ganadera, que finalmente no se concretó, pero señaló que su papel se limitó a hacer de intermediario entre Conexión Ganadera y el estudio CPA Ferrere.