Un grupo de damnificados de Conexión Ganadera advirtió sobre la lentitud de los procesos judiciales que atraviesan todos los procesos vinculados a estafas con fondos ganaderos y estimaron que fueron perjudicadas unas 6.000 familias afectadas en unos 600 millones de dólares.
En un comunicado firmado por el vocero Matías Corts, los damnificados señalan que la situación de los fondos ganaderos debería ser un asunto de interés nacional “no solo por la cuantía de los montos establecidos, no solo por la cantidad de familias damnificadas al día de hoy, sino que debe ser analizada por estar en juego la credibilidad del Servicio de Información en el rubro con mayor actividad económica del país”.
Sobre ese punto, señalaron c–on base en el conteo realizado por el síndico Alfredo Ciavattone– que solo se encontró en los campos un 10% del ganado que debería haber por contrato y apuntaron a las falencias del Sistema Nacional de Información Ganadera y su incapacidad para “poder dar garantías de la información allí registrada”.
“Ya es momento de determinar si existe o no algún tipo de responsabilidad por estas fallas y la eventual responsabilidad del Estado derivada de estas acciones u omisiones en los controles que debían realizarse”, expresaron. Añadieron que también es necesario dimensionar el daño que esas declaraciones fraudulentas pueden hacerle al sistema financiero.
Por otra parte, hicieron hincapié en las carencias del sistema judicial y el rol que se le da a las defensas de las víctimas en la investigación penal. Llamaron a reflexionar sobre la eficacia de las herramientos normativas, presupuestales y operativas “para enfrentar formas de criminalidad económica sofisticada” y si las falencias del sistema de justicia “pueden configurar supuestos de responsabilidad del Estado”.
