La jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, formalizó el proceso contra dos socios de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, por los delitos de estafa y asociación para delinquir. Como medida cautelar, Olivera dispuso fijación de domicilio y cierre de fronteras con retención de documento de viaje a los imputados.
En diálogo con la diaria, el abogado Jorge Barrera señaló que el resultado de la audiencia era “previsible”, dado que para la formalización del proceso “solo bastaba el relato de la fiscalía”. “Esto no implica ni condena tampoco que se pueda entender que mis patrocinados tienen relación con delito alguno”, señaló, aunque aclaró que será el juicio la instancia en que los socios de la corredora puedan demostrar que no son responsables de los delitos que se les imputa.
Barrera señaló que fueron los socios de la corredora quienes realizaron la denuncia que inició la causa por la que ahora son imputados y subrayó que ellos “son también víctimas de la estafa y el engaño perpetrado por González Palombo”, en referencia al exempleado de la empresa que ya fue imputado por estafa y falsificación de documento.
En cuanto a las medidas cautelares impuestas, el abogado señaló que no se opusieron por entender que son proporcionales a los riesgos procesales. “Tenemos una actitud de lealtad procesal; cuando entendemos que las medidas solicitadas por la fiscalía cumplen el principio de legalidad y proporcionalidad, nos allanamos”, agregó.
González Palombo trabajó en la sociedad de bolsa Pérez Marexiano entre 2008 y 2015, realizando “los estados contables, presentándolos a los auditores y en prevención en el lavado de activos”. En 2014, la relación laboral tuvo “un quiebre” debido a que González Palombo incumplió en pagar la retención del IRPF ante la Dirección General Impositiva y generó una deuda por 850.000 pesos a la empresa, que finalmente pagó años después.
Si bien formalmente el vínculo laboral se terminó luego de ese hecho, a partir de 2015 González Palombo comenzó a captar inversiones para la empresa, pero de manera informal, ya que no podía asociarse comercialmente con la firma dado que no estaba habilitado por las normas del Banco Central. Unas 60 familias lo denunciaron por estafa.
