El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encuentra recluido en Estados Unidos a la espera de un juicio, que iniciará en enero de 2027, tras ser acusado de un delito de narcoterrorismo, conspiración para poseer, con intención de distribuir, cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, conspiración para el lavado de dinero y lavado de dinero.
La defensa de Marset, liderada por el abogado Santiago Moratorio, había adelantado que iba a presentar mociones previas al juicio para que el juez de la causa, Rossie Alston Jr, desestime la acusación presentada a fines de junio por los fiscales Anthony Aminoff y Catherine Rosenberg.
El documento presentado por la defensa de Marset, al que accedió la diaria, se centró en su detención, el 13 de marzo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Según se relató, “agentes armados de la policía boliviana dispararon indiscriminadamente contra la vivienda donde dormían el acusado y su familia”. Además, se precisó que el “allanamiento del domicilio y la detención se llevaron a cabo a instancias del gobierno de Estados Unidos” y, a pesar de un tratado con dicho país, el acusado no fue extraditado. En su lugar, “fue trasladado al aeropuerto local y entregado de manera sumaria a dos agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)”.
Luego, Marset fue traslado en avión a Perú y llegó al día siguiente a un aeropuerto en Estados Unidos, donde “los agentes emplearon tácticas indebidas diseñadas para convencer al acusado de renunciar a sus derechos y realizar ciertas confesiones durante el interrogatorio”. Según señala la defensa de Marset, el juez debe rechazar como válidas las declaraciones de Marset porque el acusado renunció a sus derechos debido a “falsas promesas” de reducir su pena, no fue autorizado a tener un abogado presente y su interrogatorio no fue grabado por los agentes de la DEA, tal como lo indica el Departamento de Justicia.
Asimismo, la defensa de Marset sostiene que no se puede utilizar en el juicio la prueba recabada de los dispositivos electrónicos incautados, ya que el acusado brindó las contraseñas como “resultado de la violación de sus derechos”.
El allanamiento en Bolivia y la detención
La defensa señaló que la irrupción en la casa en Bolivia fue sin orden judicial y en coordinación con la DEA, que “no tiene autoridad policial fuera de Estados Unidos”. “Los agentes bolivianos dispararon indiscriminadamente en toda la residencia, incluso directamente contra la habitación del acusado, donde dormían su familia e hijos. Los teléfonos celulares, las tablets y la computadora del acusado fueron confiscados sin orden judicial por la policía boliviana y entregados a los agentes de la DEA. Las pertenencias personales de la familia, incluyendo zapatos y ropa, fueron robadas durante la operación, aunque las autoridades bolivianas declararon falsamente que no había nada en la casa del acusado”, se señaló.
Si bien existe un tratado vigente entre Bolivia y Estados Unidos, no fue extraditado y “fue trasladado al Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia, y entregado sumariamente a la DEA por el director de Inteligencia Nacional de Bolivia. El acusado nunca fue presentado ante un funcionario judicial en Bolivia ni recibió la citación judicial”.
Los interrogatorios de la DEA
La defensa de Marset también informó que los agentes de la DEA notificaron sus derechos y la renuncia a ellos. Según se señala, en el traslado hacia Perú, poco después del despegue, un agente le entregó al acusado “una copia de la acusación formal en su contra. En ese momento, el único cargo pendiente contra el acusado en Estados Unidos era conspiración para cometer lavado de dinero”.
Luego, en el aeropuerto de Washington, fue trasladado a una sala de interrogatorios, donde los dos agentes especiales de la DEA “implementaron una estrategia para obtener información incriminatoria del acusado mediante promesas específicas de un beneficio en su caso penal”. “En los primeros momentos del interrogatorio, los agentes alegaron que necesitaban confirmar cierta información biográfica del acusado. Este fue solo el primer pretexto para obtener una confesión, ya que contaban con la información solicitada y no necesitaban confirmación”, señaló la defensa de Marset.
Previo a informarle al acusado sobre sus derechos, uno de los agentes le dijo que si proporcionaba las contraseñas de sus teléfonos le descontarían puntos para los cargos federales. “Como resultado de la promesa específica de una reducción de sentencia, el acusado proporcionó las contraseñas de sus teléfonos”, se señaló.
Asimismo, se le dijo a Marset que le iban a proporcionar un acuerdo de cooperación y le llevaron un documento. “El agente no le leyó el documento. Le indicó dónde poner sus iniciales y dónde firmar”, se señaló, y se agregó que el “acusado leyó y firmó el documento, mientras los agentes le decían que tenía que decirles la verdad si quería volver a ver a sus hijos”. Sin embargo, el documento no era un acuerdo de cooperación, sino la renuncia a sus derechos de manera escrita.
Por otra parte, se señaló que la DEA “no hizo ningún esfuerzo por grabar en audio o video la renuncia a los derechos durante el interrogatorio en el Aeropuerto de Dulles, a pesar de encontrarse en Estados Unidos”. Se establece que dicha omisión viola la política del Departamento de Justicia y se argumenta que no se puede tomar en cuenta el informe de la DEA sobre el interrogatorio porque “no existe evidencia independiente que permita determinar lo ocurrido durante el interrogatorio en el aeropuerto”.
