El juez de Crimen Organizado de primer turno, Alejandro Asteggiante, confirmó las condenas por acuerdo abreviado de 13 personas que participaron en una estafa realizada desde una subagencia de Redpagos ubicada en Carlos María Ramírez y Real, en el barrio La Teja.
La dueña del local, quien reconoció su responsabilidad en los hechos, fue condenada por un delito continuado de estafa a 24 meses de prisión, debiendo cumplir tres meses de prisión efectiva, tres meses de arresto domiciliario nocturno y el resto en régimen de libertad a prueba. A los otros 12 condenados se les dispuso una pena de 16 meses en régimen de libertad a prueba, como coautores del delito.
¿Cómo fue descubierta la maniobra?
La subagencia 958 fue abierta en marzo de 2023 por José Luis Alaniz Ábalos. En noviembre de ese año se la traspasó a su pareja, quien fue identificada por la investigación penal como la autora intelectual de la maniobra por la que se concretó una estafa de 1,4 millones de dólares contra Nummi SA, la franquiciante de Redpagos que pertenece al grupo español Prosegur.
Los primeros indicios de la estafa fueron advertidos por el banco Santander, quien en julio de 2024 advirtió que existía un creciente volumen de depósitos a favor de clientes del banco y que se realizaban a través del servicio de Redpagos. Los locales de cobranza ofrecen el servicio de depósitos o transferencias a cuentas bancarias en las mismas condiciones que en las sucursales bancarias, siempre que se pague con efectivo o cheque.
El recorrido habitual del dinero es que, una vez que el depositante entrega el dinero a la agencia de Redpagos, se genera un certificado electrónico que la agencia envía al banco y este, en el momento, acredita el dinero en la cuenta destino. El dinero o los cheques entregados en la agencia son remitidos al día siguiente a Nummi SA, la central de Redpagos; ese proceso puede hacerse a través de una remesa de Prosegur, con depósito a la cuenta de Nummi o por transferencia electrónica.
Una vez que Nummi SA recibe el dinero de los depósitos realizados en los locales de cobranza durante el día anterior, lo envía a los diferentes bancos que ya acreditaron el depósito en la cuenta de sus clientes.
Ante la advertencia del banco Santander, Nummi SA comenzó a analizar el volumen de depósitos y comprobó que no había irregularidades en el sistema y que el dinero correspondiente a los depósitos era enviado por las subagencias en los montos que correspondía. Sin embargo, se sorprendieron por el volumen y el crecimiento de ese servicio, correspondiente a la subagencia 958: habían recibido depósitos por 28 millones de dólares en los últimos seis meses. Al constatar la situación, decidieron hacer una inspección en el local de La Teja para cerciorarse de que el dinero que figuraba en el sistema estuviera efectivamente respaldado en físico, lo que implicó la detención de la cadena de pagos electrónicos.
Carlos Pereira y Marcela Martínez, funcionarios de Nummi SA, llegaron al local sobre las 14.00 del 11 de julio de 2024 y ordenaron el arqueo de caja para verificar que el dinero de los diferentes servicios que presta el local correspondía a lo que figuraba en el sistema. Ese día debía haber 46 millones de pesos, correspondientes a las cobranzas del día anterior y las de ese día, pero en las dos cajas del local encontraron 219.000 pesos en efectivo. Al abrir las cajas fuertes, los inspectores constataron un volumen de dinero en efectivo correspondiente a los 15 millones de pesos que la responsable del Redpagos les dijo que había allí. Sobre el dinero que faltaba –31 millones de pesos, según lo registrado en el sistema–, la dueña dijo que ya los había transferido a la casa franquiciante y, como prueba, mostró tres capturas de pantalla con las transferencias, que llamaron la atención de los interventores por carecer de fecha y hora.
Ante eso, bloquearon el servicio de depósitos y consultaron a Santander respecto de las transferencias que la dueña decía que ya había hecho. Desde el banco contestaron que esas transferencias no existían. Además, al contar el dinero de la caja fuerte se encontraron con que en vez de 15 millones había un 1,3 millones, dado que los fajos de 100 billetes de 1.000 pesos, sólo tenían 1.000 pesos al frente y al dorso, mientras que el resto se completaba con billetes de 20 pesos.
La denuncia penal fue presentada por Nummi SA ante la Policía y la investigación estuvo en manos de Enrique Rodríguez, fiscal de Lavado de Activos, quien definió el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas intervinientes y varias pericias que permitieron, tras dos años de trabajo, desentrañar la maniobra. Según un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, en la maniobra llegaron a utilizarse 207 cuentas de terceros, 65 del Banco República, 56 de Itaú y 86 de Santander, correspondientes a 179 personas físicas.
¿En qué consistía la maniobra?
La maniobra consistía en generar electrónicamente depósitos ficticios en los bancos a través de la subagencia, colocando como destinatarios cuentas de personas que participaban en la maniobra. El dinero, que supuestamente había ingresado al local según el sistema, era acreditado por los bancos en las cuentas destinatarias de los depósitos. Los responsables de esas cuentas, apenas recibían el dinero, lo remitían a cuentas de la subagencia o personales de la dueña del local de Redpagos, quien al día siguiente lo transfería a Nummi SA para que este lo entregara a los bancos y así cubrir lo que les habían acreditado a los depositantes.
El dinero que ganaban con la maniobra era la diferencia de un día de depósitos, el tiempo que transcurría entre que generaban el dinero y hacían la transferencia a Nummi SA, lo que explica la creciente falsificación de depósitos y el involucramiento de cuentas. Quienes fueron condenados, algunos de ellos empleados del local de Redpagos, señalaron a la dueña como la persona que les había pedido abrir una cuenta y remitir los depósitos que recibían –en muchos casos a diario– a la cuenta de ella. Según señalaron, les decía que debían hacer esa operación para cubrirse ante una posible inspección de Nummi SA.
A cambio, recibían entre 500 y 2.000 pesos por transacción, a excepción de uno de los empleados, que dijo haber recibido a cambio la posibilidad de obtener mercadería fiada en un autoservicio de la zona que pertenecía a Alaniz. En total, se constató una diferencia de 1,4 millones de dólares entre lo supuestamente depositado entre octubre de 2023 y junio de 2024 y lo remitido a Nummi SA en el período. Nummi SA destituyó a cinco personas por este caso y estableció un cambio en el sistema, que, si bien no evita el desfasaje entre el tiempo que transcurre entre el depósito y la remisión del dinero recibido en los locales, fortalece la vigilancia sobre los volúmenes de depósito y los montos de las transferencias.
Pese a varios meses de negociación, Nummi SA solo cobró un vale por 190.000 dólares correspondiente a la casa de un familiar de la condenada, que aceptó entregarla, pero aún se desconoce el destino del resto del dinero faltante.
En la medianoche del 2 de octubre de 2025, Alaniz fue ejecutado en su casa con al menos siete disparos de arma de fuego, en un caso que aún está siendo investigado.
