Nueve policías fueron detenidos este lunes en el marco de la investigación que lleva adelante Asuntos Internos del Ministerio del Interior con la Fiscalía de Toledo, a cargo de Paula Pereyra, sobre una red de policías, abogados y trabajadores de la salud que accedían a los datos de las víctimas de los accidentes de tránsito para gestionarles el cobro del seguro.
Según información brindada por el Ministerio del Interior, los policías detenidos pertenecen a las jefaturas de Montevideo, Canelones y Maldonado. La investigación continúa y se logró detectar el involucramiento de 60 personas, además de los abogados, policías y gestores que fueron condenados a principios de setiembre.
Fuentes allegadas al caso señalaron a la diaria que todos los policías detenidos son subalternos de los grados menores en la escala jerárquica. Si bien uno de ellos pertenece a Policía Caminera, el resto no necesariamente obtenía los datos de su intervención presencial en el lugar del accidente, sino que los tomaba del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), a veces por iniciativa propia, al tener la información de un accidente, y a veces respondiendo al pedido de alguno de los gestores que se había enterado del accidente y quería los datos de las víctimas involucradas.
Según explicaron, las ganancias que obtenían rondaban el 10%, aunque varía según la modalidad: algunos solo vendían el dato, cobraban en el momento y luego se desentendían del resto del proceso, mientras que otros acompañaban el proceso de gestión de cobro del seguro y obtenían una ganancia mayor, aunque cobraban cuando se concretaba el pago de la indemnización.
Si bien la investigación da cuenta de que entre los abogados condenados había competencia y no todos pertenecen a una misma red, los policías detenidos hasta ahora respondían a uno de los gestores condenados el 3 de setiembre. Este derivaba la información a los abogados, que muchas llegaban al lugar del accidente o al centro de salud para ofrecer la gestión del cobro del seguro.
En la primera etapa de la investigación fueron condenadas diez personas, cuatro abogados -uno de ellos también policía-, tres policías y tres gestores, quienes se encargaban de hacer el vínculo entre la policía o los trabajadores de la salud que aportaban los datos y los abogados, aunque en algunos casos los captores enviaban el dato directo a los abogados.
Ante el nivel de evidencia con el que cuenta la fiscalía, la mayoría de los investigados avanzó en un acuerdo abreviado y dos personas permanecen imputadas a la espera de resolver su situación en un juicio oral.
Los delitos, tanto de los imputados como de los condenados, son asociación para delinquir, uso indebido de información privilegiada y cohecho calificado. Además, a uno de los policías se lo condenó por un delito de acceso ilícito a datos informáticos. Las condenas fueron de entre dos y tres años con prisión efectiva, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el cumplimiento de la condena y, en el caso de los abogados, se comunicó a la Suprema Corte de Justicia para que proceda a su inhabilitación para ejercer. También se impusieron multas de entre 100.000 y 400.000 pesos.
Las víctimas de accidentes de tránsito tienen derecho a cobrar una indemnización que surge del Seguro Obligatorio de Automotores. Todas las personas lesionadas tienen derecho a cobrar independientemente de su responsabilidad en el accidente. En los casos de accidentes fatales, el seguro para los familiares de las víctimas puede alcanzar los 1.5 millones de pesos.
La maniobra consistía en que las víctimas aceptaran la representación de los abogados para hacer el reclamo -para lo que no se necesita la intervención de un abogado-. A su vez, pedían a las víctimas firmar la autorización para cobrar, por lo que el monto del seguro era derivado a las cuentas de los abogados, quienes lo distribuían a las víctimas y a los otros integrantes de la red, quedándose con entre el 30% y el 40% del total.
