La migración tiene una larga y profunda relación con el trabajo, y los sindicatos de trabajadores en Estados Unidos tienen un vínculo prolongado y complejo con los inmigrantes. Los trabajadores inmigrantes formaron los primeros sindicatos del país, pero frecuentemente vieron con desconfianza a los nuevos inmigrantes. Es cierto: los inmigrantes pueden ser usados como rompehuelgas o como elemento de amenaza para socavar las condiciones laborales por parte de los empleadores. También puede que no hablen bien inglés, o que sean percibidos por la sociedad como un otro, racial y étnicamente, o que no gocen de todos sus derechos como ciudadanos; todos motivos que los hacen más vulnerables a la explotación, y por consiguiente, tentadores para las empresas que buscan reducir costos.
A este esquema delicado, Donald Trump le agregó un giro novedoso para conseguir que los trabajadores estadounidenses aceptaran la idea de que un ataque frontal a inmigrantes y sindicatos ayudaría a la acosada clase trabajadora.
Desde su fundación a fines del siglo XIX, la AFL (luego AFL-CIO, Federación Estadounidense de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales) ha enfrentado el dilema de o bien preservar las conquistas ganadas por los trabajadores y luchar para mantener a los inmigrantes afuera, o bien tratar de ampliar su base recibiendo a los inmigrantes y sindicalizándolos. Incluso sindicatos con fuerte presencia de inmigrantes, como UFW (Trabajadores del Campo Unidos), han luchado por definir su posición ante el asunto de la inmigración. Con los cambios tectónicos en la economía de Estados Unidos y en el mercado laboral hacia finales del siglo XX, estas cuestiones se volvieron más cruciales. La industria aprovechó las leyes pro empresas para aplastar sindicatos, o para cerrar fábricas y relocalizarlas fuera del país o en estados menos amigables con los sindicatos, mientras que la tecnología minó todavía más empleos sindicalizados. Los sindicatos se redujeron y las condiciones laborales y los beneficios se derrumbaron, mientras otros sectores, como el de comida rápida, servicios de limpieza subcontratados y procesamiento de alimentos, emplearon a nuevos inmigrantes, especialmente de Asia y América Latina.
La mayoría de estos trabajos eran mal pagados, precarios y temporarios. Era difícil sindicalizar a sus trabajadores, dado que muchos no tenían estatus legal ni permiso de trabajo. E incluso aquellos que los tuvieran podrían mostrarse reacios a sindicalizarse por múltiples razones. Muchos consideraban provisoria su estadía en Estados Unidos, y les importaba más ganar plata rápido para volver a casa que dedicarse a campañas para mejorar las condiciones de trabajo a largo plazo. Algunos hablaban poco o nada de inglés. Varios trabajaban en condiciones de aislamiento, clasificados legalmente como contratistas independientes en vez de empleados. Otros trabajaban para pequeñas empresas con dueños que eran de su comunidad de inmigrantes, o para familiares. Los sindicatos tradicionales tendían a asumir que eran imposibles de sindicalizar. Aun hoy son frecuentemente excluidos de la concepción —tanto académica como popular— de “clase trabajadora”.
Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes son trabajadores. Muchos llegan de sus países de origen con experiencia en sindicalismo o en política. Muchos comparten vivencias de marginalización y desigualdad más allá del lugar de trabajo, que incluyen vivienda inadecuada, escuelas con problemas de financiación, transporte público mediocre, situación legal precaria y racismo. Muchos tienen un entendimiento profundo de la economía global, y han sido testigos de diferentes industrias en sus países como las maquiladoras, plantaciones, minas con dueños extranjeros y turismo. Muchos tienen redes sociales muy fuertes en la iglesia, las ligas de deportes y la familia. Si los sindicatos realmente buscan fortalecer el sindicalismo como movimiento social, o lo que Jane McAlevey llama whole worker organizing (que toma en cuenta las relaciones de los trabajadores con sus familias y comunidades), los inmigrantes tienen mucho que ofrecer al proceso.
A medida que el porcentaje de trabajadores sindicalizados se reducía, sobre todo en el sector privado, algunos empezaron a ver a los sindicatos menos como representantes de la clase trabajadora que de los intereses reducidos de sus trabajadores. El modelo predominante de “sindicalismo de servicio” o “sindicalismo de negocio” (aquel que se dedica exclusivamente a proveer servicios a sus miembros y mantener la paz laboral) contribuyó a esta comprensión limitada de su rol. Aunque la ciudadanía generalmente valoraba el trabajo sindicalizado del sector público, como en el caso de los maestros, a muchos trabajadores les molestaba la paga y los beneficios de sus colegas sindicalizados, especialmente cuando estos estaban subsidiados por los impuestos a trabajadores que no gozaban de beneficios. Aun en industrias sindicalizadas, gremios como el de la industria automotriz eran forzados a aceptar contratos en dos franjas (que preservaban la paga y los beneficios a los trabajadores más viejos a la vez que los abandonaban para la generación más joven).
Los sindicatos respondieron en las últimas dos décadas con algunas iniciativas progresistas de peso, y muchos de estos cambios tuvieron en el centro a los trabajadores inmigrantes y a la inmigración. Rompieron con el Partido Demócrata por el asunto del libre comercio al advertir que acuerdos como el NAFTA eran dañinos para los trabajadores estadounidenses. Se involucraron en grandes y nuevos impulsos sindicales, con frecuencia apuntando al bajo salario y a los trabajadores inmigrantes, como con la campaña dirigida a mejorar las condiciones de los porteros (Justice for Janitors). Lanzaron proyectos para apoyar cuestiones laborales más amplias que van más allá de los miembros de los sindicatos como Working America, Trabajos con Justicia, Community Labor United y Fight for Fifteen (por un salario mínimo de 15 dólares la hora). La AFL-CIO revocó su postura antiinmigrante y su apoyo a las sanciones a empresas por emplear a trabajadores indocumentados. Más que nunca, los sindicatos necesitaban del apoyo de la comunidad para ganar en las empresas, e ir más allá de los problemas que se daban en el ámbito laboral para recuperar su relevancia frente a grandes sectores de la clase trabajadora.
Policías de Nueva York y un portero de la Torre Trump durante una manifestación de apoyo a trabajadores inmigrantes el 8 de abril. Foto: Kena Betancur (AFP)
El movimiento de los Centros de Trabajadores
El fenómeno de los centros de trabajadores emergió en este contexto. Algunos fueron fundados por los sindicatos o por los Consejos Centrales Sindicales como parte de una agenda de presión por los derechos de los trabajadores por fuera de los sindicatos tradicionales, entre trabajadores que no formaban parte de ellos. Otros crecieron a partir de organizaciones de derechos étnicos y de inmigrantes, que vieron que las necesidades de sus miembros como trabajadores eran fundamentales para sus necesidades como inmigrantes. Y otros fueron fundados y financiados por organizaciones basadas en la fe y orientadas a la justicia social, especialmente Interfaith Worker Justice, creada en 1996 “para fortalecer la participación de la comunidad religiosa en cuestiones de justicia en el lugar de trabajo”, y que financia y apoya decenas de centros de trabajadores en todo el país.
Los centros de trabajadores tienen varias diferencias con los sindicatos. No se enfocan en sindicalizar trabajadores en su lugar de trabajo para negociar con las empresas. No están cubiertos por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que protege y restringe las actividades sindicales. La mayoría no tiene membresías formales ni cobra cuotas; al contrario, dependen de financiamiento externo, y contratan personal para organizar, educar y defender a trabajadores en escenarios no sindicales, generalmente en los márgenes de la economía formal. Con frecuencia sus actividades se centran en presionar empleadores para que se ajusten a la ley relativa al salario mínimo, las horas extra, o al robo de salarios. Pueden trabajar con defensores legales, con autoridades locales y del Estado, a través de intervenciones directas con los patrones, o mediante presión social con protestas y manifestaciones en contra de la violación de los derechos de los trabajadores.
Para los centros, los derechos de los inmigrantes están en el corazón de los derechos laborales. Como explicó Gladys Vega, de la Colaborativa de Chelsea, en Massachusetts:
—La amplia mayoría de los casos que tenemos están relacionados, diría que en un 99%, con la documentación. Como es una comunidad de inmigrantes de bajos ingresos, muchos no tienen documentación... Tienen miedo de que si hablan, van a atraer atención. Y que si buscasen otra forma legal y permanente de quedarse o asilo político, lo que fuere, quejándose de una empresa que los estuvo explotando, van a quedar marcados como problemáticos. Por eso son muy cuidadosos al hablar, porque están siempre asustados de la cuestión de la inmigración.
El empleo y la situación social precarios también vuelve difícil involucrar más a los trabajadores en las organizaciones. Dice Lidia Ferreira, organizadora de la Agrupación de Trabajadoras Brasileñas:
—Primero tenemos que mostrarles o educarlos acerca de los problemas. Empezamos haciendo preguntas, pidiéndoles que compartan sus historias. Cuando lo hacen, intentamos ayudarlos a pensar más allá de la situación y a ver cómo podemos obtener las soluciones más allá de los conflictos, en vez de centrarnos en estos... Es un proceso largo. Especialmente cuando estamos hablando sobre o con personas indocumentadas. Es difícil para ellos ver la luz al final del túnel, cuando hablamos de procesos largos, de una campaña.
2016, año de elecciones
La AFL-CIO tiene largos y profundos lazos con el Partido Demócrata, e hizo una fuerte campaña por Hillary Clinton, pero la clase trabajadora y los miembros sindicales no estaban del todo convencidos. Muchos encontraban atractivo el discurso de Donald Trump sobre anular los acuerdos de libre comercio, crear trabajos y “hacer a América grande otra vez”. Construir el “gran, gran muro”, expandir la patrulla fronteriza y aumentar la detención de inmigrantes crearía más trabajo. El sindicato policial más grande del país (la Orden Fraternal de la Policía), así como el que representa al personal y a los oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas y el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, rompieron con la mayoría para respaldar a Trump, reflejando su afinidad por su postura por un sistema de justicia criminal estricto y antiinmigración. Un dirigente de la AFL-CIO llegó a afirmar: “Si estamos hablando de trabajadores sindicalizados, él habla nuestro lenguaje”, incluso cuando Trump defendía leyes por el derecho a trabajar sin obligación de unirse a un sindicato, recortes en agencias como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la designación de miembros pro negocios en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.
Los votantes sindicales, de todas formas, eligieron a Clinton por sobre Trump, pero por márgenes pequeños. Los latinos y otros grupos “no blancos” —sobrerrepresentados en la clase trabajadora— se distanciaron del “trasfondo racista y de fanatismo de la campaña de Trump”. Sin embargo, los mensajes contradictorios y la imagen de los sindicatos en el siglo XXI fueron factores que empujaron a grandes cantidades de trabajadores blancos e incluso sindicalizados al bando de Trump; algunos lo hicieron con reparos y otros con ganas. Y parte de la base de la clase trabajadora de los sindicatos, tanto negra como blanca, eligió no votar.
En general, los trabajadores vinculados a los centros, en su mayoría inmigrantes y con frecuencia indocumentados, estaban aterrorizados con las propuestas antiinmigración de Trump, y era menos probable que fueran votantes. Los centros generalmente operan con fondos escasos y no tienen comités de acción política. Con frecuencia tienen dificultades para involucrar a trabajadores de forma integral, ya que estos tienden a acercarse a los centros para que los ayuden a resolver casos individuales más que como vehículo para lograr cambios más grandes. Cuando los centros se involucraron en política fue a nivel local o estatal, haciendo presión para proteger con ordenanzas y leyes a los trabajadores en los sectores en los que trabajan sus miembros.
Ciudades santuario
Lo que en Estados Unidos se llama “ciudad santuario” no es una denominación oficial. El término comprende a localidades que, de distintas formas, hacen valer su autonomía administrativa para evitar colaborar con las autoridades migratorias. Así, es común que en estas jurisdicciones los servicios públicos, incluido la policía, no hagan averiguaciones acerca del estatus legal de los ciudadanos que acuden a ellos. Se trata de más de 300, que incluyen a grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Washington DC, y también a pequeñas alcaldías, distribuidas en todo el país. Durante la campaña electoral, Donald Trump anunció que quitaría subsidios de fondos estatales a aquellas ciudades que no colaboren con la policía migratoria. Aunque la puesta en práctica de la medida debería llevar varios meses de trámites parlamentarios, además de que varios jueces han presentado objeciones legales, en los hechos los anuncios ya tienen consecuencias. En Santa Ana, una de las mayores ciudades santuario de California, se han incrementado notoriamente los formularios de regreso en el consulado mexicano para acogerse a leyes que los benefician, ante los temores de que aumenten las deportaciones. Miami, por su parte, aceptó voluntariamente dejar de funcionar como ciudad santuario y plegarse a las directivas presidenciales. En las últimas semanas comenzó a hablarse de “ciudades santuario” también en territorio mexicano. En algunos casos se trata de lugares de acogida para quienes regresan forzosamente desde Estados Unidos pero todavía no pueden reinsertarse en el país, y en otros, de refugios temporales para deportados que vuelven a otros países de Centroamérica.
Aun así los trabajadores inmigrantes no han dejado de notar la poderosa coordinación de la juventud inmigrante conocida como los Dreamers (Soñadores), y la legitimidad que su causa ha ganado en el Partido Demócrata, que tuvo su punto culminante en 2012 con la orden ejecutiva del entonces presidente Obama para crear la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Al igual que su fallida prima, la ley Dream (de Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros), DACA movió el foco hacia la juventud inmigrante indocumentada, en particular, los estudiantes. Al hacerlo, dejó de lado el hecho de que la mayoría de los inmigrantes son, en realidad, trabajadores. DACA proclamaba la “inocencia” de la juventud inmigrante, insinuando de forma tácita que otros inmigrantes no eran tan inocentes. Por supuesto que la criminalización de los trabajadores inmigrantes data por lo menos de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986. Aunque ha sido promocionada por los republicanos —recordemos las redadas en los lugares de trabajo de la era Bush a principios de los 2000—, los demócratas tampoco han rechazado esta perspectiva.
Los ataques a los derechos de los inmigrantes abundaron en la campaña de Trump. Para los centros, eran también ataques hacia los trabajadores: los inmigrantes eran trabajadores, y sus derechos como tales estaban profundamente entrelazados con sus derechos como inmigrantes. Tras la victoria de Trump en noviembre los Soñadores y sus seguidores en el Congreso presionaron a Obama para que tomara acciones que protegieran a los destinatarios de DACA. Más que nunca, los centros de trabajadores percibieron la múltiple marginación que sufren sus miembros, y la amenaza inminente que representaba la administración Trump: ataque a los más pobres y los servicios sociales, a inmigrantes, a los “no blancos” y a los trabajadores. Y se sintieron excluidos de las iniciativas, dentro y fuera del Congreso, a favor de los Soñadores.
Algunos argumentaban que enfocarse en los Soñadores era ignorar problemas estructurales, económicos y políticos claves que podían ayudar a conectar las luchas de los inmigrantes con las de todos los trabajadores estadounidenses (es decir, el 99%). El foco en los Soñadores también habilitaba de manera tácita la gran criminalización de los “no blancos” en general, al enfatizar la “inocencia” de un pequeño sector de los indocumentados (sólo 750.000 de los 11 millones de indocumentados del país eran elegibles para DACA). Ubicar a los trabajadores y sus derechos en el centro del debate sobre la inmigración demanda un análisis que desafía las raíces y la naturaleza de la desigualdad.
En medio de un torbellino nacional de iniciativas para proteger a la juventud inmigrante en los últimos días de la administración Obama, la Coalición de los Centros de Trabajadores Inmigrantes de Boston (IWCC) presentó una propuesta radical por su simpleza: haciendo énfasis en su posición como trabajadores, demandaron que Obama “indultara” a todas las personas indocumentadas de Estados Unidos. Diferentes centros de trabajadores y organizaciones de derechos de inmigrantes de todo el país respondieron con rapidez, y alrededor de 50 firmaron la propuesta entre noviembre y diciembre. No lo hizo ningún sindicato, en parte porque sus estructuras requieren un proceso más largo para lograr respaldo del que era posible en el poco tiempo que tenían entre la elección, el lanzamiento de la iniciativa y la inauguración, pero esa ausencia también mostró una vez más la brecha política, organizacional y social que hay entre los sindicatos y los trabajadores indocumentados.
Beto Cacao, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Athens (estado de Georgia) reflexionó sobre la campaña de la IWCC:
—Con la campaña renació en mí la idea de que hemos luchado bastante fuerte con los Soñadores, pero ese lenguaje también nos ha hecho bastante daño. Al hablar de jóvenes que no tienen la culpa, hemos inculpado a sus padres. Al hablar de que los jóvenes fueron traídos, hemos puesto a los padres como polleros, coyotes. Se creó un lenguaje en contra de los inmigrantes indocumentados, en contra de los padres. Eso lo ha aprovechado la derecha. Nada más están empujándolo un poquito más al extremo diciendo, bueno, ahora voy a publicar todos los asesinatos que los ilegales han cometido, cada semana. Es sumamente sencillo, y desgraciadamente nosotros hemos contribuido a eso. Entonces, caí en cuentas con esta campaña de la importancia de empezar a trabajar en cambiar el lenguaje.
Trabajadores zafrales de la agricultura regresan al Puerto de Entrada en San Luis, Arizona. 15 de febrero de 2017. Foto: Jim Watson (AFP)
La nueva administración
La campaña del “indulto” para todos los indocumentados terminó después de que Trump asumiera el 20 de enero de 2017, y los centros de trabajadores se prepararon para confrontar el creciente clima de terror de las comunidades inmigrantes. Mientras, la AFL-CIO continuó enviando señales confusas sobre el nuevo presidente, y sobre la inmigración. Pocos días después de asumir, Trump se reunió con varios líderes de los sindicatos de la construcción para prometer nuevos desarrollos de infraestructura que darían empleo a sus miembros. “Tenemos un lazo común con el presidente”, explicó Sean McGarvey, presidente de los Sindicatos de Trabajadores de la Construcción de Norteamérica. “Venimos de la misma industria. Él entiende el valor de impulsar el desarrollo, para acercar a las personas a la clase media”. Otros sindicatos no estaban tan seguros.
El 15 de febrero el presidente de la Federación, Richard Trumka, tuvo palabras solidarias con los trabajadores inmigrantes perseguidos por las redadas recientes: “Los trabajadores merecen ir al trabajo cada día sin miedo por su seguridad o de ser acosados. Merecen salir de sus casas y ganarse la vida sin preocuparse de que sus vidas sean trastornadas. Los trabajadores entendemos que cuando el gobierno aterroriza a la gente que simplemente está viviendo su vida y yendo a trabajar cada día, todos perdemos. Cuando nos permitimos estar divididos, somos débiles, y cuando somos débiles, los estándares se deterioran para todos”.
Sin embargo, sólo dos semanas después, Trumka cambió de perspectiva y pareció hacerles eco a algunas de las bases nacionalistas de la Federación. En relación a la declaración del presidente del 28 de febrero en el Congreso, Trumka declaró en Fox News: “Me sorprendió para bien escucharlo decir que el sistema no funciona, tanto en cuanto a la inmigración legal, como a las personas indocumentadas. Ha hablado mucho de ellas, pero esta es la primera vez que escucho al presidente hablar de cómo la inmigración legal es usada para tirar para abajo los sueldos. Venimos diciendo eso hace mucho”.
En Santa Ana, California, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio se enfrentó con las organizaciones de derechos de inmigrantes por una propuesta para terminar con el contrato que la ciudad tenía con el organismo de control de fronteras, por el que hospeda a inmigrantes detenidos en la cárcel de la ciudad. Terminar con el contrato “eliminaría empleos bien pagos del sindicato y de policías”, explicó un miembro de la municipalidad. En Buffalo, Nueva York, el Concejo Regional de Carpinteros del Noreste alardeó sobre su rol de informar regularmente a las autoridades de inmigración sobre la presencia de trabajadores indocumentados en obras locales. El dirigente sindical Bill Bing explicó que otros gremios hacen lo mismo: “Pero no son tan proactivos como nosotros. El sindicato de carpinteros destina mucho dinero y recursos para esto”.
Para los trabajadores inmigrantes, los agresivos movimientos antiinmigración de la nueva administración han vuelto más difícil que nunca la movilización de los trabajadores. Según Heloisa Galvão, del Grupo de Mujeres Brasileñas de Boston, el contexto poselección ha hecho que los trabajadores tengan aun más miedo de protestar.
—Hasta las personas con papeles están asustadas, porque por lo general nos asustan las autoridades. Y si vos pensás que las autoridades no están aquí para protegerte... Ahora mismo los inmigrantes no creen en las autoridades, ni en la policía ni nada. Entonces están muy conectados, porque si sos inmigrante, si no tenés papeles, tus patrones lo saben y lo usan en tu contra. A pesar de que la oficina del Fiscal General, el Departamento de Trabajo, todos, incluso inmigración lo dice, que tu situación no importa, que te van a proteger. Desde inmigración nos han dicho muchas veces que si la empresa amenaza al trabajador, irán tras ella, no tras el trabajador. ¿Pero quién garantiza eso ahora? No sabemos qué hacer.
El lugar de trabajo es donde tantos inmigrantes sienten pánico tras la elección de Trump. Como explica Gladys Vega:
—Los empleadores están usando la carta de Donald Trump. Dicen: “Estás indocumentado, me diste documentos falsos, así que te podés ir en cualquier momento, y yo puedo contratar a diez trabajadores indocumentados más hasta que los atrapen”. Y el ciclo se sigue repitiendo. Son cosas que no hemos visto tanto como ahora, y se siente, y la forma en la que lo explican te transmite que los patrones se sienten bien. Tipo “con el presidente nuevo no hay que dar nada por sentado”.
“Es muy difícil sindicalizarlos”, dice Lidia Ferreira. “Y ahora peor que antes. Después del nuevo gobierno se volvió mucho peor. Y sabemos que probablemente será peor aun”. Como la periodista Beth Healey advirtió en Boston Globe, el miedo de los trabajadores a defender sus derechos podría “alentar a empleadores inescrupulosos”, y “los decretos de Trump amenazan hacer retroceder años de progreso en la lucha por los derechos de los trabajadores en Massachusetts”. Aun así, los centros están encontrando oportunidades en esta nueva realidad. Según Ferreira:
—Creo que vamos a tener más éxito al resolver casos por mediación, porque los patrones indocumentados también tienen miedo de ir a juicio. La semana pasada recibimos un cheque de una empresa; hice una llamada y le dije al patrón sobre el reclamo del trabajador. Al principio no admitía que tenía que pagar, pero cuando le mandé la información, me dijo: “Tenés razón, tengo que pagar” y mandó el cheque en menos de siete días. Creo que es porque quieren evitar ir a juicio. Así que es en ambas direcciones que tenemos que aprender a reorganizar nuestro servicio y nuestra tarea con los trabajadores.
El 16 de febrero de 2017 el paro “Un día sin inmigrantes” fue publicitado y difundido boca a boca mediante medios de comunicación de inmigrantes y redes sociales, con poca participación de los centros y los sindicatos. Según un líder de un centro de trabajadores, “este es definitivamente un momento en el que el movimiento está en la delantera en organización”. Tanto los sindicatos como los centros le dieron importancia y algunos se movilizaron para apoyar un paro de un día más grande que el anterior durante el 1º de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Estos paros van más allá de los conflictos laborales y de los trabajadores: apuntan a los derechos de los inmigrantes, y piden a los negocios que cierren, a los estudiantes que se queden en sus casas y a los consumidores que se abstengan de comprar, como modo de revivir el espíritu de la larga primavera y de las protestas del 1º de mayo de 2006, cuando el Congreso debatía una reforma de inmigración draconiana. Las amenazas contra los inmigrantes parecen aun más grandes hoy, pero también la solidaridad entre movimientos por los derechos de los inmigrantes, de los trabajadores, y de los “no blancos”, que por lo visto, comparten el asedio de la realidad política actual.