Y oigo una voz que dice con razón / «vos siempre cambiando, ya no cambies más». / Y yo estoy cada vez más igual / ya no sé qué hacer conmigo.
El Cuarteto de Nos
Parece mentira que hace apenas dos meses vivimos un momento histórico: Venezuela no había sido atacada por una potencia extranjera desde 1902, cuando buques de Alemania y Gran Bretaña bloquearon las costas del país y atacaron varios puertos como medida de presión por la deuda externa que el Estado venezolano no había podido pagar. Después de 124 años, se produjo un nuevo ataque, que en apenas dos horas destruyó instalaciones militares y de comunicaciones y concluyó con la «extracción» del presidente y la primera dama.
Pese a este suceso, a primera vista Caracas sigue siendo la misma: ahora llueve poco, es la época, así que florecen los bucares y los araguaneyes, salpicando de amarillo y naranja nuestro diario ir y venir por la ciudad. Los vendedores ambulantes siguen en las calles del centro o de Sabana Grande. En todos los grupos de WhatsApp de las distintas zonas de la ciudad (desde El Hatillo a Propatria) se discute sobre si vendrá el agua esta semana o sobre qué se hará porque no llegó. Cada mañana en los locales de cualquier comercio se actualiza el cartel en el que se publica la tasa de cambio oficial, mientras todos sabemos a qué tasa se está cambiando un dólar en el mercado paralelo.
Sin embargo, una mirada más atenta mostrará detalles que son novedosos. Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen apareciendo en la propaganda oficial, sea en los afiches que pueblan las vallas publicitarias o en las pantallas interactivas que desde hace unos meses alegran la autopista y las avenidas principales, pero ahora sus fotos están acompañadas de #FreeMaduro y #FreeCilia. Así como un día empezaron a desaparecer sin mucho alboroto los ojos y la firma de Hugo Chávez del paisaje urbano para no empañar al nuevo presidente, ahora progresivamente surgen nuevas consignas. Esta semana vi el primer grafiti que decía «Delcy avanza, tú tienes mi confianza» en las cercanías del Tribunal Supremo de Justicia. Resulta que ese es el centro de la campaña que busca aglutinar el apoyo de la base del chavismo a la nueva lideresa de la Revolución bolivariana.
Luisa, que trabaja limpiando oficinas y vive en un edificio de Gran Misión Vivienda cercano a El Helicoide, me dice: «A Maduro ya lo olvidaron. Ya nadie habla de él».
Cómo llegamos al 3 de enero
Lo cierto es que a fines de 2025 pocas personas podían imaginar un cambio político en nuestro país. Para una proporción no desdeñable de la ciudadanía el germen del autoritarismo ya existía durante los gobiernos de Chávez por su irrespeto a la independencia de las instituciones públicas y a los procesos de control parlamentario y de rendición de cuentas. Por ejemplo, las misiones sociales, por las que su gobierno fue ampliamente alabado desde los partidos progresistas de América Latina, funcionaban al margen de los ministerios de Salud y de Educación, tanto en lo presupuestario como en lo operativo, lo que dificultaba la coordinación de las políticas sociales, el seguimiento de esas inversiones y la medición de su impacto.
Estas políticas orientadas hacia la inclusión de las mayorías solo fueron posibles mientras Venezuela experimentaba los ingresos petroleros más altos de su historia, pero terminaron siendo inviables cuando estos disminuyeron. Sin embargo, este riesgo no fue visible para la población hasta cuando ya había iniciado el gobierno de Maduro.
Luego de la aprobación de la reelección indefinida a través de una enmienda constitucional en el año 2009, con todos los poderes públicos en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y con la posibilidad de usar los recursos públicos en las campañas electorales, la mesa estaba servida para impedir casi por completo la posibilidad de un cambio de gobierno. Ese era el panorama cuando, después del anuncio de la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Maduro se enfrentó a Henrique Capriles. En una campaña relámpago, y pese a las ventajas del candidato oficial, la elección fue casi un empate. Maduro perdió más de diez puntos con respecto a las elecciones que había ganado Chávez pocos meses antes. El antiguo canciller, poco conocido y sin carisma, empezaba un nuevo gobierno con mucho menos apoyo que su predecesor.
En un nuevo contexto económico que incluyó al inicio de su gobierno la caída de los precios del petróleo y, a partir de 2017, las sanciones por parte de Estados Unidos, Maduro debió enfrentar una drástica caída en los ingresos petroleros, frente a la cual no hubo medidas significativas de reforma económica. En consecuencia, entre 2014 y 2020 el producto interno bruto de Venezuela disminuyó 80%. Esta caída de los ingresos y del gasto público afectó los servicios básicos (electricidad, agua potable, saneamiento), la salud, la educación y la importación de alimentos y de medicinas, a la vez que disminuyó el poder de compra de los salarios, lo que creó una emergencia humanitaria compleja que impulsó a millones de venezolanos a huir caminando por América del Sur. El nuevo líder nacional, sin carisma y sin recursos, enfrentó el descontento creciente y las protestas con una represión desproporcionada. Por eso no es de extrañar que no haya habido movilizaciones espontáneas para repudiar el secuestro de la pareja presidencial el 3 de enero y los días posteriores.
Ese día, los bombardeos y la «extracción» de Maduro y Flores ocurrieron tras una nueva escalada del conflicto con Estados Unidos, que desde mediados de 2025 movilizó su flota hacia el Caribe y comenzó a atacar embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Aunque los discursos eran cada vez más hostiles, pocos creían posible un bombardeo sobre Caracas. Esa madrugada, quienes viven en El Valle, urbanización muy cercana a la principal base militar dentro de la ciudad, pensaban que estaba sucediendo un terremoto por los temblores de los edificios tras los primeros impactos. Me cuentan que solo unos segundos después entendieron que era un bombardeo.
Esa madrugada los que vivimos lejos nos enteramos de lo que estaba ocurriendo por llamadas y mensajes de Whatsapp; desde hace muchos años no hay prensa libre ni noticieros que informen a la ciudadanía en tiempo real por señal abierta. Con los teléfonos y las redes sociales buscábamos información: en dónde eran los bombardeos, si había heridos o muertos, cuál era el mensaje de las autoridades. Los primeros pronunciamientos, que repudiaron el ataque, llegaron tras el anuncio desde Estados Unidos de la captura de Maduro. Dos días después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada.
Cuando terminó el ruido de las bombas, en Caracas se hizo un silencio profundo. La principal sensación era la incertidumbre, no podíamos saber qué pasaría después. Por la fecha, muchas personas estaban fuera de la ciudad, recibiendo el año en alguna playa. Iker, un estudiante universitario, me contó que su familia decidió volver a Caracas muy temprano desde Puerto la Cruz y que en ese trayecto de 324 kilómetros no vieron ni a un policía y los peajes estaban libres. No hubo protestas a favor o en contra de los bombardeos, la única movilización en la ciudad fue a comprar comida, volvimos a ver filas de personas esperando frente a los supermercados: asegurar el acceso a bienes básicos fue la prioridad en esas primeras horas tras el ataque de Estados Unidos.
Las filas en los supermercados fueron una constante en los tiempos de la escasez, sobre todo de 2016 a 2019. Cuando empezaron, por fin, medidas de apertura económica como la eliminación del control de precios y permitir la circulación del dólar y que pudiera ser utilizado como medio de pago, poco a poco vimos llenarse los anaqueles. A mediados de 2021 el lema del gobierno era «Venezuela se arregló». Era una realidad que se logró frenar la hiperinflación y la recesión y que la economía volvía a moverse. Sin embargo, esta recuperación incipiente no beneficiaba a todos los venezolanos por igual: la reactivación se concentró solo en sectores como el comercio y los servicios. Además, se acrecentó la desigualdad por las diferencias entre quienes tienen ingresos en moneda extranjera y quienes no. Esto condicionó la sostenibilidad de la recuperación: desde fines de 2024 volvieron la devaluación y la inflación; a fines de 2025 el Fondo Monetario Internacional pronosticaba una inflación cercana a 700% para 2026. Después de la Revolución bolivariana tenemos una Venezuela mucho más empobrecida y desigual que la de comienzos del siglo XXI.
Una revolución se transforma en un protectorado
El mismo 3 de enero el presidente Donald Trump anunció que tomaría el control de Venezuela mientras se lograba una transición. Para sorpresa de tirios y troyanos, el acuerdo para garantizar ese control se había hecho con los mismos sectores del gobierno del depuesto Maduro, encabezados por Rodríguez. Pocos días más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presentaría un plan más detallado que incluiría tres fases: estabilización, recuperación económica y transición política. De cara a las expectativas de la población, la necesidad de garantizar las libertades y mejorar las condiciones de vida no son centrales en esta agenda.
El control desde Estados Unidos no es solo retórica. Diversos funcionarios de ese gobierno han visitado el país en los últimos dos meses y medio: el director general de la CIA, el secretario de Energía, el jefe del Comando Sur y el secretario del Interior. Adicionalmente, volvió a abrir la sede diplomática en Venezuela, con Laura Dogu como encargada de negocios. El nivel de implicación de Estados Unidos en diversas materias de la política interior venezolana no es del todo explícito. Por ejemplo, está el caso de Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro, quien fue detenido por Estados Unidos en 2020 y luego liberado en un intercambio de prisioneros entre ambos países en 2023. Luego de su regreso a Venezuela fue nombrado ministro de Industrias y fue destituido por Rodríguez el pasado 16 de enero. Diversos medios de comunicación internacionales reportaron, según fuentes no oficiales del gobierno estadounidense, que Saab habría sido detenido en Venezuela a comienzos de febrero y se estaría tramitando su extradición.
El anuncio de que nuestro petróleo sería comercializado directamente por Estados Unidos cayó como otra bomba. El nacionalismo petrolero fue una de las principales consignas de todos los partidos del siglo XX y también de la Revolución bolivariana. Que esta revolución antiimperialista nos haya convertido en un protectorado estadounidense no hace feliz a ningún sector político y es una de las paradojas de este tiempo que estamos viviendo. La aprobación exprés de una ley de hidrocarburos que fue publicada en la Gaceta Oficial apenas 26 días después de la salida de Maduro y su esposa supone una pérdida de soberanía y un retroceso a la década del 30: ya el Estado venezolano no puede poner los impuestos que considere a las empresas petroleras y cualquier litigio se hará en tribunales internacionales.
Pero no solo se trata del petróleo. El 9 de marzo se inició la discusión de la ley de minas en la Asamblea Nacional en términos que ni siquiera los diputados opositores conocían. Es un tema de especial preocupación porque podría acentuar la devastación ambiental y la violencia hacia las comunidades indígenas, que se han magnificado desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.
Un cambio político con protagonistas inesperados
La segunda paradoja tiene que ver con los cambios políticos. En pocas semanas fueron destituidas importantes figuras del madurismo y se han creado varios mecanismos para promover la paz y la convivencia, todo ello mientras el principal liderazgo que impulsó en las presidenciales de 2024 la candidatura de Edmundo González Urrutia sigue en el exilio. La salida de Maduro no significó que el grupo cercano a María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática llegara al poder. Por el contrario, el presidente Trump ha reiterado que está trabajando muy bien con Rodríguez y cuando en el discurso anual «State of the Union» habló sobre la democracia en Venezuela, la figura invitada al Congreso de Estados Unidos fue Enrique Márquez, también candidato presidencial en 2024. Luego de una postura institucional y de haber presentado recursos ante diversas instancias por el fraude electoral del 28 de julio, Márquez fue detenido y estuvo un año preso en El Helicoide. Fue excarcelado después del anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de que habría «un número significativo de liberaciones». Este anuncio ocurrió apenas cinco días después de los bombardeos.
La represión a las protestas ante el fraude electoral rompió todos los récords de un gobierno ya autoritario. El fiscal general anunció que hubo 2.400 detenciones en la primera quincena de agosto de 2024. De acuerdo con Provea, una organización de derechos humanos con 37 años de trayectoria, en esas semanas hubo 25 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones y un promedio de 150 detenciones diarias, mientras que en las protestas de 2014 en promedio hubo 28,8 detenciones diarias y 17 en 2017. Esta represión se concentró en los sectores más vulnerables: se estima que 95% de las personas detenidas provenían de barrios populares. La ola represiva continuó, aunque con menor intensidad, durante todo 2025. El único grupo que se mantuvo movilizado protestando fueron los distintos comités de familiares de presos políticos, que exigían lo mínimo: poder visitar a sus familiares, que no les impusieran un defensor público, que tuvieran acceso a agua, comida y atención médica.
Tras el anuncio de liberaciones masivas, los familiares empezaron a concentrase diariamente frente a los centros de detención en los que están sus seres queridos. Pero las liberaciones no fueron tan masivas ni tan rápidas como dio a entender Rodríguez; posteriormente, el 31 de enero, la presidenta encargada anunció que se aprobaría una ley de amnistía. El trámite legislativo fue rápido, aunque no tanto como el de la ley de hidrocarburos. La ley se aprobó en segunda discusión el 19 de febrero y hasta la primera semana de marzo 7.365 personas, entre detenidos y gente que seguía con procesos abiertos, han solicitado amnistía, según declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional.
Para el ciudadano común es difícil entender este nuevo panorama político: en el gobierno sigue la misma gente, pero también están las liberaciones y la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz. Por primera vez en más de una década, hay líderes opositores en las noticias, lo que parece indicar un nuevo escenario de apertura. ¿Es real?
Hay más ingresos pero la población no ve los beneficios
La más importante de las paradojas del momento actual es que pese a todos los cambios en lo político y en la relación con Estados Unidos, la situación económica y social sigue siendo agobiante. El bolívar ha seguido devaluándose en los primeros meses de 2026 y se mantiene una fuerte disparidad entre el tipo de cambio oficial y el que se negocia en el mercado paralelo, pese a que efectivamente desde Estados Unidos han llegado fondos para que haya oferta de divisas a través de la banca privada nacional. La desconfianza y las múltiples trabas institucionales siguen generando inestabilidad en la economía local.
La cotidianidad sigue siendo complicada: la luz y el agua llegan a las casas de forma intermitente, incluso en Caracas. En el centro, donde está mi oficina, no se ha vuelto a ver el operativo de las bolsas CLAP, el principal programa alimentario, desde enero. Luisa me comenta que por su casa tampoco ha llegado el CLAP este año. Esta ausencia se suma a la disminución que se registró durante 2025 de otras ayudas, como los bonos del Sistema Patria. Aunque estos bonos son insuficientes, son el único programa de protección social existente en la actualidad. La agenda legislativa no incluye de forma explícita el salario de los trabajadores, fijado en 130 bolívares al mes desde marzo de 2022, que actualmente corresponden a 0,3 dólares, ni medidas concretas para solucionar el déficit de los servicios públicos. Aunque desde Estados Unidos se anunció que habría fondos para ayuda humanitaria y programas de desarrollo, y si bien expertos estadounidenses en energía han visitado el país en las últimas semanas, sobre estos puntos de la agenda aún no hay información pública. Para la gente común no hay cambios significativos; es como diría el refrán popular, «El mismo musiú con distinto cachimbo».
Los cambios en la cotidianidad y las expectativas de futuro
Lo que sí parece estar cambiando es la capacidad de control de la población que solía tener la estructura de base del chavismo. Aunque ya esa capacidad se vio fracturada en 2024, cuando incluso en las zonas populares, tradicionalmente chavistas, ganó de forma abrumadora González Urrutia; además, fue precisamente en esas zonas donde se inició la protesta por los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, tras la intensa represión, la movilización popular disminuyó significativamente y se mantuvieron solo las movilizaciones convocadas por el gobierno. Ese patrón lo vimos nuevamente tras los bombardeos: las autoridades nacionales llamando a protestar por la libertad de Maduro y Flores y una asistencia compuesta casi exclusivamente por trabajadores públicos y militantes del PSUV.
Cuando le pregunto a Luisa si ha visto algún cambio en el consejo comunal de su comunidad, me dice que los ve «más tranquilos». Le pregunto qué significa eso y me dice que están más concentrados en los proyectos para la comunidad y no tanto en controlar si la gente vota y si va a las marchas o a otras actividades organizadas por el PSUV. Como ella vive en una Misión Vivienda, se suele esperar que demuestre de forma activa su apoyo al gobierno que le adjudicó una solución habitacional. Lo que no toman en cuenta es que ella hace 18 años que vive en ese edificio y todavía no tiene un documento de propiedad.
Otros testimonios no hablan solo de tranquilidad. Sergio, un compañero de trabajo, me cuenta que en Propatria, tras dos semanas sin servicio de agua, los miembros del consejo comunal llamaban a protestar para que se restituyera el servicio. Eso sí es algo nunca visto; sin importar cuál fuera la situación de la comunidad, buena o mala, esa estructura de base tenía la misión de apoyar sin dudas las políticas del gobierno. De momento no es posible saber si en esas redes se tejen nuevas lealtades o si desde el poder central vendrá algún llamado para volver a cerrar filas.
En los sectores de clase media y más abiertamente opositores prevalece la sensación de desconcierto. Nuevamente se pensaba que la salida del líder del chavismo significaría que la oposición llegaría al poder de forma automática. Mi hijo lo resume diciendo: «Al principio había una esperanza, ya no». Y es que, aunque han cambiado muchas cosas en pocos meses, tememos que solo sean reacomodos para que el mismo grupo pueda seguir perpetuándose en el poder y que no nos hayamos acercado ni un poco a la posibilidad de que el pueblo venezolano pueda elegir libremente su destino.
Podemos tener unas pocas certezas, como que pronto escucharemos el canto de las chicharras y que en mayo empezarán las lluvias y la temporada de mangos. La vida sigue y nos toca movernos para lograr, ahora sí, romper este ciclo de conflicto político que nos ha tenido paralizados por más de 25 años. Me gusta creer que podemos lograrlo.
Lissette González es doctora en Sociología, defensora de derechos humanos y autora del libro de no ficción Mi padre, el aviador.