Amparado en el artículo 167 de la Ley de Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones para el ejercicio 2020-2024, el Ministerio del Interior (MI) anunció que contratará a 1.000 policías retirados, de hasta 65 años, para que desempeñen tareas ejecutivas, de patrullaje, prevención, disuasión y represión del delito.
El martes pasado, el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, firmaron el decreto que reglamenta dicha contratación por cuatro años y que incluye la posibilidad de extender el contrato por dos años más. Además, los policías que retomen sus actividades ingresarán con el mismo cargo que tenían antes del retiro.
La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) rechazó está iniciativa. Según explicaron sus integrantes en un comunicado, el reintegro de policías retirados es “un error inexcusable” porque, de esta manera, el MI se “aprovecha” de las bajas jubilaciones que cobran.
En el comunicado emitido este lunes señalaron que los efectivos que se reincorporen trabajarán sin aportar a la caja policial, “lo que vulgarmente” se denomina “trabajar en negro”. Si bien los sindicalistas comparten la necesidad de hacer una reestructura interna de la Policía, objetaron que “la forma de la actual administración no es el camino”.
“Nuestra asociación promoverá una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto, la cual está reformando la seguridad social policial en el entendido [de] que las leyes de presupuesto y rendición de cuentas no pueden modificar la seguridad social, habiendo sentencia al respecto que declara la inconstitucionalidad de toda modificación de la seguridad social, seguros sociales o previsión social contenidas en leyes de presupuesto o rendición de cuentas”, comunicaron.
Sipolma declaró que Heber está cometiendo los “mismos errores” que el exministro Eduardo Bonomi, al dejar “en claro que los equipos técnico-asesores del MI tienen un total desconocimiento en seguridad pública y en el manejo del capital humano que constituye la Policía Nacional”.
En otra línea, destacaron que en Maldonado existe una gran cantidad de policías que ejercen en calidad de cabos y sargentos, a pesar de que cuentan con “sus respectivos cursos de pasaje de grado aprobados y percibiendo el respectivo salario”, pero que no pueden practicar las tareas acordes a los cargos debido a la falta de vacantes que propone el MI.
Cuestionaron que se quiera sustituir la contratación de estudiantes terciarios como becarios, que se desempeñan en distintas áreas, como comunicación, psicología, administración, trabajo social, entre otras, ya que mostraron un “excelente desempeño” y su integración en la Policía tuvo “una excelente aceptación de la ciudadanía”.
También cuestionaron que los oficiales retirados que se reintegren no cuentan con formación en informática para poder utilizar el Sistema de Gestión en Seguridad Pública, “una excelente herramienta que incorporó tecnología” para registrar los delitos y hechos policiales, señalaron. “Para un normal desarrollo del servicio en las unidades policiales es necesario que cada funcionario se encuentre capacitado para realizar la tarea informática”, expresaron.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, sostuvo que la contratación de policías retirados es una forma de cumplir con una promesa de campaña y que los funcionarios reintegrados portarán armas, según declaró en una entrevista con En perspectiva.
Maciel aseguró que esta medida se llevó a cabo en 1997 y subrayó que el salario que percibirán los efectivos equivale a 60% del que cobra un agente, ingreso que se sumará a la jubilación que ya cobran a modo de “incentivo o complemento”.