Las asociaciones de vecinos Comisión de Fomento de Punta Colorada, Nativos Punta Colorada y Red Unión de la Costa emitieron un comunicado en el que manifestaron su rechazo a la denuncia penal que realizó la Intendencia de Maldonado por “falso testimonio” contra los docentes de la Universidad de la República (Udelar) que oficiaron como testigos en la audiencia que se realizó tras el pedido de medidas cautelares por las obras en la rambla de Punta Colorada, que fueron concedidas el 8 de julio.
Tras la orden de suspender la obra, así como el retiro de arena en la cadena dunar y la plantación de flora exótica en la zona, la intendencia apeló al fallo del juez Alejandro Recarey, presentó un recurso de reposición ante estas medidas y realizó una denuncia penal por “falso testimonio”, contra el docente y biólogo Omar Defeo y el investigador del Área de Geociencias del Pedeciba, docente grado 5 de la Facultad de Ciencias y director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Daniel Panario.
“Denuncian obras que no existen, denuncian que las máquinas estaban trabajando y las obras culminaron hace un año y medio”, dijo el intendente de Maldonado, y agregó: “El juez tendría que salir a leer un poco”. Sobre los docentes, manifestó que se ha “utilizado” a catedráticos con grados “importantes” para decir “falsedades”. “No se puede estar declarando cosas que no son. Afectan la imagen de la intendencia y a la gestión de la administración”, siguió.
Ante estos dichos del jefe comunal, los colectivos que realizaron la demanda contra la intendencia, junto a la Red Unión de la Costa, expresaron su rechazo y aclararon que son los vecinos y no los docentes los “promotores” de la medida cautelar. Cuestionaron al intendente por sus expresiones, ya que consideran que es una forma de “perseguirlos” y “amedrentarlos” por compartir sus conocimientos.
“Sus declaraciones constituyen un ataque a toda la comunidad académica uruguaya y al saber científico en general”, indicaron en el comunicado, y agregaron que la demanda se basó en “acciones comprobadas” de la comuna, así como en el resultado de décadas de estudio por parte de los docentes, que son expertos en la materia.
Los vecinos afirmaron que “no es cierto”, que la medida cautelar “llega tarde” o que no tiene objetivo, sino que la Justicia se expidió sobre el proyecto de ampliación y remodelación en la rambla Punta Colorada. Las obras ya terminadas, a la que hace referencia la intendencia, son las que se ejecutaron en el balneario San Francisco y en la zona rocosa de Punta Colorada, pero lo que pretenden proteger ahora los vecinos es la Playa Brava del balneario. Aseguraron que desde que iniciaron las obras de remodelación sobre la rambla, el diálogo con la comuna se “suspendió” por “decisión unilateral de la intendencia”.
En otra línea, advirtieron que existen dos expedientes en el Ministerio de Ambiente, cuyos técnicos indicaron “con toda claridad” que la obra debía contar con una evaluación de impacto ambiental y un protocolo para el manejo costero, cordón dunar y ecosistemas, y que debía consultarse a las organizaciones civiles de la zona. “La Intendencia de Maldonado, sin embargo, siguió adelante con las obras sin cumplir con dichos requerimientos, a lo que se suma que el propio Ministerio de Ambiente no hizo efectivas las recomendaciones de sus técnicos, desde 2019 hasta hoy”.
“El retiro de arena con excavadora de la playa de Punta Colorada fue fotografiado y constatado a través de un acta notarial pocos días antes de las acciones judiciales”, expresa el comunicado. Por último, reiteraron que no se oponen a obras que “mejoren” las condiciones para el acceso y tránsito del balneario, sino que reclaman que se lleven adelante en “armonía” con el medioambiente.