El Ministerio de Ambiente (MA) resolvió prorrogar el plazo de la puesta de manifiesto del “Complejo residencial Punta Ballena”, luego de que la Red Unión de la Costa presentó, esta semana, más de 3.000 firmas a tal fin. Las organizaciones insistían en la necesidad de contar con más tiempo para que la ciudadanía ejerza su derecho a informarse y comentar el proyecto, como etapa previa a la realización de una audiencia pública. Con la nueva decisión, confirmada a la diaria por el activista Nicolás Chacón en la noche de este viernes, la oportunidad de manifestarse estará abierta hasta el próximo 11 de diciembre.
Al momento de entregar las firmas, en la tarde del jueves, unas 6.400 personas se habían manifestado a través del formulario disponible en el sitio web ministerial. Pero la Red Unión de la Costa, integrada por unas setenta agrupaciones y organizaciones de diversa índole, no baja los brazos en su campaña de resistencia. Necesita lograr la mayor presión social sobre el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, en quien recae la decisión final, porque en el otro extremo están los intereses de un poderoso grupo de inversores liderado nada menos que por Ezequiel Carballo, el accionista mayoritario de Macro, el banco más grande de la Argentina. Por lo pronto, entre el miércoles y el jueves, la campaña ganó una aliada de fuste: la academia.
Por un lado, 81 investigadoras e investigadores de la Universidad de la República (Udelar) y del Instituto de Investigaciones Clemente Estable expresaron su preocupación ante el proyecto Complejo Residencial Punta Ballena, en una carta que subieron al formulario de la puesta de manifiesto en la web. Además de solicitar una audiencia pública y que se detenga el avance del proyecto, se pusieron “a disposición” para acercarle al MA el “material científico que respalda” los conceptos vertidos en la carta.
Asimismo, el Consejo del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Udelar –integrado por docentes, estudiantes y egresados– se expidió sobre el conflicto al aprobar el llamado “Manifiesto Punta Ballena”, un extenso documento de análisis con comentarios y referencias a decenas de estudios que “evidencian las carencias temáticas y metodológicas” de los informes ambientales presentados por los inversores al MA en aras de concretar su negocio. “Teniendo en cuenta el marco legal nacional, los aspectos identificados como inconsistentes o faltantes de este Informe Ambiental Resumen (IAR) del Complejo Residencial Punta Ballena y los potenciales impactos que generaría la urbanización”, el CURE considera el proyecto como “inadmisible”, al tiempo que resalta la necesidad de desarrollar medidas para la protección de “los valores naturales y culturales que constituyen un patrimonio departamental y nacional”.
“Frente a un escenario de pérdida irreparable” de estos valores, advierte que existen “múltiples alternativas a distintas escalas y niveles” de medidas de protección pública “que deben explorarse”. A modo de ejemplo, cita en su documento la declaratoria de bien de interés departamental, la implementación de zonas de prioridad patrimonial y/o ambiental contempladas en las directrices departamentales de Maldonado, o las declaratorias de monumento histórico nacional y/o de área protegida, entre otras.
Punto a punto
En el “Manifiesto Punta Ballena”, la academia considera la evaluación de impacto ambiental (EIA) del futuro barrio privado y aborda desde diferentes disciplinas ocho ejes del IAR del proyecto que, vale recordar, abarca los padrones 12.934, 12.935, 12.936, 12.937, 12.938, 12.939 y parte del padrón 15.503. Todos los predios se encuentran en las laderas este y oeste de la península rocosa de la Sierra de la Ballena, una falla que se originó hace 530 millones de años. Allí no sólo se prevé construir edificios bajos con un total de 320 apartamentos, sino también ocho piscinas, cuatro áreas multiuso y caminería.
Al comentar los aspectos paisajísticos, advierte que la afectación será “irreversible” porque modifica los atributos que definen al sitio. “Las medidas de mitigación presentadas no pueden compensar, equilibrar ni balancear los impactos paisajísticos del proyecto. Mientras el ámbito de evaluación de sus impactos se limita a la localidad, las afectaciones trascienden por completo esa escala”, sostiene el reporte. Las medidas de mitigación basadas en trasplantes de plantas “tampoco garantizan la persistencia de la biodiversidad del sistema a mediano y largo plazo”, añade, para recordar que la construcción motivará la pérdida de comunidades vegetales únicas. Además, producirá “cambios drásticos sobre la fauna terrestre y marina, que no son abordados en el IAR”.
Agrega que el IAR tampoco contempla referencias respecto del medio histórico-cultural y patrimonial en el área que se pretende intervenir, ni coloca este aspecto como uno de los principales efectos ambientales que tendrá el proyecto. Eso “conducirá a la desaparición total y permanente del patrimonio histórico-arqueológico del lugar”, señala el texto. El proyecto “no planteó, ni plantea, una evaluación del impacto arqueológico que permita realizar un diagnóstico y conocer los bienes patrimoniales” para prevenir “los daños irreversibles”, concluye en este punto.
Con respecto a las etapas que ha tenido el proyecto bajo evaluación del MA, destacan que cuando se aprobó la transacción sometida a EIA ya regían leyes que obligan a la cesión de la faja costera de 150 metros, contados desde el límite superior de la ribera. Sobre esa base, la academia advierte que “las normas de ordenamiento territorial son de orden público, por lo que no admiten su contradicción por transacciones”, por lo cual los inversores deben cumplir con las obligaciones o deberes que impone la legislación. “Esto significa la cesión de 150 metros al dominio público. No contemplar esta cesión invalida la propuesta”, sentencia el documento.
A su vez, los investigadores ratifican que “la calidad turística del lugar se verá negativamente afectada” y, tras analizar el artículo 35 de la Ley de Expropiaciones, remarcan que “el fenómeno geológico identificado como Gruta de Punta Ballena debió ser considerado un bien del Estado en sentido amplio”. Finalmente, advierten que la aprobación del proyecto determina la “fragmentación y eliminación” de áreas naturales, y seguirá aumentando “la dependencia del país de la actividad inmobiliaria destinada al turismo, nociva para sí misma pues hace desaparecer el recurso natural en el que se basa”. En este punto, el CURE no soslaya que, a cambio, se propone “un mayor desarrollo de la urbanización costera inaccesible a la población trabajadora, agravado en este caso por su implantación en un sitio único, icónico e irreemplazable”.
Este documento ya es parte de los más de 6.000 comentarios recibidos por el MA en esta etapa. Pero la Red Unión de la Costa va por más y organizó para este domingo una nueva concentración en la ruta panorámica de la península rocosa (al lado de Casapueblo), contraria a la iniciativa privada. También siguen convocando a la comunidad artística a sumarse a la campaña. La cantante y actriz Natalia Oreiro fue, esta semana, la primera en revolucionar las redes sociales al enviar un mensaje en defensa de la biodiversidad de Punta Ballena, desde el mismísimo lugar donde se proyectan las construcciones. Con esto generó el impacto que la Red buscaba al otro lado del Río de la Plata, de donde proviene alrededor del 70% de los turistas que llegan a Uruguay y que tienen al departamento de Maldonado como principal destino.
Por otra parte, más de 62.000 personas firmaron a través del sitio change.org para que “el Estado uruguayo expropie Punta Ballena y asegure su salvaguarda, así como el acceso democrático para su conocimiento y disfrute”. “Exigimos que sea declarada Patrimonio Cultural y Natural y pase a integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”, indica la exposición de motivos de la petición abierta por el usuario No al Proyecto Punta Ballena Uruguay. “Como uruguayos, no podemos permitir que este patrimonio nacional se pierda debido a la especulación inmobiliaria, intereses privados y la falta de voluntad política”, sentencia la carta.