El 22 de marzo la jueza Ana María Guzmán Emmerich, titular hasta ese día del juzgado penal de 11° turno de Maldonado, dispuso el desarchivo de una de las cuatro causas contra la administración del exintendente de Maldonado Óscar de los Santos iniciadas por el actual intendente, Enrique Antía.
Según supo la diaria, la defensa de los demandados, a cargo de Marcelo Amoroso y Gonzalo Peloche, presentó un recurso en el que cuestiona la imparcialidad de la jueza a la hora de reabrir la causa, lo que va en contra de la postura de la Fiscalía, que en octubre del año pasado, tras un “estudio pormenorizado” de las actuaciones, determinó solicitar el archivo de la última causa de un total de cuatro, que el intendente nacionalista efectuó contra el frenteamplista, los exdirectores generales de Hacienda Mauro Mendiburu y Pedro González, y el subdirector de esa cartera, Antonio Asuaga.
Para los abogados, la medida tiene “la finalidad de utilizar el Poder Judicial para dirimir contiendas políticas y de este modo mantener al exintendente De los Santos en la palestra pública” por parte de la administración actual de la intendencia. Además, destacan la extensa investigación presumarial que hizo la Justicia durante más de seis años.
Actualmente, Guzmán Emmerich es jueza letrada suplente de Montevideo por resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó su traslado en febrero, según se desprende de la resolución 17/2023. La jueza es la misma que archivó la última causa en octubre del año pasado.
La causa
De las cuatro demandas que realizó Antía, se desarchivó la que refiere a presuntas irregularidades en la compra de un terreno en la denominada “zona norte” del barrio Cerro Pelado, específicamente, del padrón 23.325, con una superficie de 36 hectáreas, que fue comprado por la comuna por 2,5 millones de dólares a Baltazar Méndez Melogno. Las tierras fueron urbanizadas y la Intendencia de Maldonado vendió los terrenos.
En su momento, los defensores de De Los Santos sostuvieron que la compra se había hecho de acuerdo a lo que establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado, pero la auditoría de la empresa Phoenix, contratada por el gobierno de Antía, indicó que faltaba un expediente en el que se fundamentara la planificación urbanística, así como el aumento en el valor del terreno. La jueza Guzmán había determinado que no se había incurrido en los delitos de abuso de funciones o fraude, como señalaron los demandantes.