Mientras que en otras partes el Defensor del Vecino es valorado por su papel en la defensa y promoción de los derechos de los usuarios ante los organismos estatales, y en la mediación para evitar la judicialización de conflictos, en Maldonado los dirigentes del Partido Nacional sostienen que la figura está perimida y que implicaría un aumento de gastos y burocracia en el legislativo departamental.
La creación de la Defensoría del Vecino fue aprobada por unanimidad, en mayo de 2003, como un órgano dependiente de la Junta Departamental de Maldonado. Aunque antes la habían impulsado ediles del FA, terminó cuajando por intermedio de los blancos Walter Tassano y Álvaro Villegas (hoy prosecretario de la Intendencia de Maldonado).
El decreto de creación, número 3778, establece que el defensor debe promover el respeto a los derechos humanos, trabajar para una mayor transparencia de la gestión local y departamental, y defender el derecho de los usuarios y consumidores de bienes y servicios municipales. Sin embargo, la Junta Departamental nunca instaló la Defensoría del Vecino de Maldonado ni eligió a su titular, porque los ediles no se pusieron de acuerdo.
“Miedos infundados”
El martes pasado, en el marco de los 20 años de la frustrada iniciativa, el edil Garlo llevó al plenario de la Junta Departamental la necesidad de reconocer la importancia de ese instituto para la defensa y la promoción de los derechos humanos, y destacó “lo positivo que será para una visión integradora, que triangule derechos, democracia y bienestar común”. No obstante, tras destacar “el éxito” de este tipo de iniciativas en otros países y particularmente en Montevideo, concluyó que en Maldonado no prosperó porque existen dos enemigos: el desconocimiento de la población sobre los alcances de esta figura, y la falta de voluntad política.
“En estos años he comprobado que el miedo que tiene el sistema político a ser desplazado, concretamente edilas y ediles que creen que esta figura podría sacarnos trabajo, está latente. Este miedo no tiene fundamento alguno y resulta absolutamente ridículo. La Defensoría del Vecino […] vendrá a contribuir con la labor de la Junta, como está expresado en el artículo 1° del decreto vigente”, opinó.
A modo de ejemplo, comentó que en Montevideo se resolvieron por esta vía apolítica “miles de conflictos” desde 2006 a la fecha, evitando movilizar al sistema judicial para su resolución. Recordó, además, que expertos en desburocratización del Estado reivindican la figura porque, “lejos de abultar la burocracia, ayuda a equilibrar la balanza”. Tanto que, “en el mundo, esta figura está constitucionalizada”.
“El sistema político de Maldonado debe perder los miedos infundados” y mostrar “la madurez suficiente para generar un gran acuerdo departamental” que defina una candidatura al cargo, y actualizar, si es necesario, el decreto vigente desde hace 20 años, postuló. “Tenemos un decreto, múltiples antecedentes y experiencias en el país, en la región y en el mundo. Tenemos recursos suficientes y vecinas y vecinos preparados para la tarea. Lo único que falta es voluntad política para concretarlo”, sentenció.
Un gasto
Al cruce de las declaraciones de Garlo salió el nacionalista Adolfo Varela, quien adelantó que pedirá por escrito que la Comisión de Reglamento derogue el decreto, aunque alguna vez lo entendió necesario y fue promovido por su propio partido. A su juicio, existen los suficientes organismos públicos y reparticiones para canalizar los reclamos ciudadanos, en lugar de hacerlo a través de un defensor del Vecino.
Incluso opinó que la experiencia en Montevideo es una muestra de la inutilidad del cargo y argumentó, por otra parte, que Maldonado no cuenta con recursos presupuestales para sustentarlo. “No necesitamos gastar más plata en alguien que no va a tener poder, menos con la configuración política que tenemos ahora. No hace falta agrandar más el Estado. El planteo era bueno en 2003, hoy no”, dijo.
En el debate terció el presidente de la Junta Departamental, Darwin Correa: “Es un tema fuera de tiempo, es una figura creada en países escandinavos, en otras circunstancias. Además de que la tiene que bancar la Junta, el sueldo y el funcionamiento. […] No podemos agregar un gasto más al bolsillo de los vecinos. Si tienen problemas que esta junta o los gobiernos departamentales no puedan resolver, que vayan a la Justicia”, opinó.