Las canteras Volko y Deimer, que extraen arena de la playa de Chihuahua, ubicada en Maldonado, llevan décadas de actividad con autorizaciones que se renuevan desde la Dirección de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, a pesar del creciente impacto, que se aprecia a simple vista. A mediados del año pasado, la Comisión de Vecinos de Chihuahua, balneario conocido mundialmente por tener la única playa nudista del Uruguay, realizó una movida para poner el tema en agenda y buscar respuestas.
Sin embargo, los planteos cayeron en saco roto y ahora afirman que la situación se agravó. Varios problemas les preocupan cada vez más. Por un lado, afirman que las canteras dejaron de extraer arena superficial para sacarla del subsuelo. Esto no sólo destroza el cordón dunar que oficia como barrera de contención y mitigación de los embates del mar, sino que amenaza con modificar el cauce del arroyo El Potrero, que desemboca entre Chihuahua y Ocean Park.
Según documentos aportados por la comisión a la diaria, los dueños de las canteras poseen grandes extensiones de bosques en la zona y han realizado fraccionamiento y apertura de calles, con cortes de pinos y extracción de toneladas de arena que son comercializadas para barracas y emprendimientos de construcción particulares.
Foto: Natalia Ayala
Por otro lado, los vecinos observan con desesperación cómo el incremento del trasiego de camiones provoca vibraciones que agravan las fisuras en las viviendas, además de generar ruidos molestos y arriesgar a las 150 familias radicadas allí. Al principio, la actividad “se toleraba”, pero la generación de infraestructura en el barrio ocasionó un crecimiento poblacional y hay personas que se han enfermado, debido a la impotencia de ver cómo, lentamente, se van fisurando sus casas.
Algunos han enviado cartas a título personal al municipio y la intendencia para contar que la impotencia y la preocupación les han generado problemas de salud de toda índole. También se juntaron firmas junto con la Comisión Vecinal de Chihuahua y la Unión Vecinal de Punta Ballena, a instancias de la edila colorada Susana de Armas. La única política que, a juicio de los vecinos, entendió la gravedad de la situación al exponer el caso en la Junta Departamental y recomendarles acciones ante las autoridades nacionales.
“Esto se ha vuelto insostenible. Se ha reforzado el tránsito de camiones, de doble caja; me despiertan a las 6.30 con la casa temblando y se me volvió a resquebrajar el techo. Me estoy enfermando por los daños psicológicos que estoy sufriendo. Tampoco es justo que dañen mi patrimonio en función de sus intereses económicos”, planteó un vecino en una de las cartas que dirigió a las autoridades en abril.
Foto: Natalia Ayala
Además de la exposición de la edila De Armas en el legislativo y su asesoramiento, antes de la pandemia Marabote propició la apertura de un expediente en la Dinamige, del que no han tenido novedades. Por otra parte, la comisión logró comunicarse con la directora de Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), Betty Molina, pero no encontraron la respuesta que esperaban.
Afirman que la jerarca les dijo que es “un asunto complejo”, porque las autorizaciones para la extracción son renovadas cada dos años por la Dinamige y la comuna no puede intervenir en eso. También les comentó que la actividad extractiva se incrementó con el objetivo de contribuir a las obras del proyecto residencial Marinas Punta del Este -cuatro edificios y un pequeño puerto en el balneario-, que nunca se concretó pese a los múltiples lanzamientos y anuncios a través de la prensa.
Con el paso del tiempo, la comisión vecinal intentó comunicarse otra vez con la jerarca, pero esta nunca les atendió las llamadas, dijeron. En cambio, a instancias del Municipio de Maldonado, este año lograron que la dirección de Tránsito y Transporte de la IDM colocara carteles que limitan la velocidad a 45 kilómetros por hora en Las Amarras -avenida principal del balneario-, pero los conductores de los camiones exceden ese límite y la vibración que producen es insostenible para los pobladores.
Municipio “atado”
En la actualidad, las empresas venden arena a quien lo requiera. Y no hay control sobre el destino de ese material ni es posible multar a los camiones que exceden la velocidad permitida, reconoció a la diaria el alcalde del Municipio de Maldonado, Andrés Rapetti.
“Al principio, pensé que los vecinos exageraban, pero hace tres semanas fui al lugar y me entrevisté con ellos y con los dueños de las canteras, y constaté que la situación denunciada es real. Es cierto que los camiones circulan sin ningún criterio y generan vibraciones. Además, están sacando arena del subsuelo, hay una explotación comercial que está haciendo desaparecer el médano”, lamentó el alcalde.
Sin embargo, sostuvo que todo es resorte de la administración departamental. Aseguró que está haciendo lo posible para ayudar a los vecinos, pero también admitió que muchas de las acciones dependen de las direcciones de Obras, de Tránsito y de Medio Ambiente, por lo cual sus potestades son limitadas.
A modo de ejemplo, remarcó que el municipio no puede multar a los camiones que exceden la velocidad, que sus inspectores no lo tienen permitido, y sólo puede enviar una camioneta para constatar esas faltas. “Las multas las aplica la IDM”, dijo. Y, por el momento, eso no está ocurriendo.
Rapetti señaló que los dueños de las areneras reconocieron el problema que generan los camiones, pero deslindaron su responsabilidad, porque “no les pertenecen, son camiones particulares a los que no pueden controlar”. No obstante, aceptaron que se disponga una vía única de circulación, por la calle La Rastrera, que bordea el arroyo El Potrero.
Como paliativo, el alcalde piensa plantear a la dirección de Obras que se tire riego asfáltico sobre esa vía y poner lomos de burro, aunque también es consciente de que esto puede generar el rechazo de quienes viven sobre esa calle. “Por ahora sólo podemos mediar entre la Comisión de Vecinos y la IDM, esperar que las direcciones con competencia en el tema nos escuchen”, concluyó.
En vistas de la inacción de la IDM, varios vecinos plantearon a la diaria la necesidad de que el Ministerio de Ambiente estudie el impacto de la actividad extractiva en Chihuahua y que la Dinamige deje de renovar, año a año, los permisos para ambas empresas hasta que exista una evaluación ambiental y se apliquen instrumentos de ordenamiento territorial para la zona.