El intendente de Maldonado, Enrique Antía, representantes del Banco República (BROU) y del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento-CAF) recorrieron el barrio fernandino donde pasarán a vivir 530 familias del mal llamado “asentamiento” Kennedy.
Se trata de las instituciones vinculadas con el financiamiento del proyecto de realojo a través del fideicomiso de 35 millones de dólares que aprobó la Junta Departamental de Maldonado en abril de 2022, República Afisa administra los fondos, al tiempo que la CAF (hoy Banco de Desarrollo de América Latina) aporta 28 millones de dólares y el BROU un equivalente a 7 millones de dólares, en unidades indexadas.
Este miércoles, la gerente Ejecutiva y Corporativa del BROU, Gabriela Fernández, elogió el diseño de las viviendas y de los espacios públicos proyectados en el nuevo barrio, según divulgó el área de Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado (IDM). También el gerente de Análisis y Gestión Financiera del BROU, Valdo Rivoir, celebró el acuerdo entre la CAF, la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) y República AfisaA para concretar el realojo.
Antía, en tanto, dijo que prevé completar el traslado de 350 familias para enero y febrero próximos, con lo cual la erradicación de todo el “asentamiento” culminaría en 2024. Según el jefe comunal, el realojo permitirá que las personas tengan “una vida más digna” y se “liberará una zona próxima al barrio Golf, que estaba deprimida”.
Avatares políticos
La eliminación del barrio Kennedy constituyó uno de los planes estratégicos de Antía apenas volvió a ser jefe departamental en 2015. Venía de ganar la elección a su contrincante interno Rodrigo Blás, quien en su programa de gobierno sostenía que el Kennedy debía regularizarse en el lugar y prometía instalar allí todos los servicios para evitar el desplazamiento.
Sin embargo, unos meses después Blás cambió de postura y se convirtió en el principal articulador de Antía para conseguir que la Junta Departamental aprobara la iniciativa del desalojo. Finalmente, en el período pasado la IDM compró la tierra para ubicar al nuevo barrio y desarrolló casi el 50 por ciento de las obras de infraestructura. Con apenas 5 millones de dólares aportados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Antía apeló al fideicomiso financiero que -con el citado aval de la Junta- se saldará durante 15 años.
Aunque el fideicomiso para el Kennedy profundizará el endeudamiento de tres gobiernos departamentales, el Ejecutivo argumentó que parte de esta deuda se amortizará con la venta de las tierras a desalojar, que son públicas y están valuadas en 10 millones de dólares.
En la última campaña electoral, cuando ya las primeras familias del Kennedy estaban siendo realojadas, Antía acusó a militantes de Blás -nuevamente su opositor en la interna- de “transar realojos por votos”. Antía prometió que, si resultaba reelecto, investigaría las presuntas irregularidades. Pero nunca lo hizo. Por el contrario, mantuvo en el área de Vivienda de la IDM al mano derecha de Blás, Alejandro Lussich, principal implicado en las presuntas irregularidades de campaña.
Una lucha de décadas
Decenas de familias defendieron, durante años, su derecho a vivir en el Kennedy, nacido como barrio obrero a instancias del propio sistema político en los años 60. Los vecinos advirtieron que sucesivos gobiernos les redujeron los servicios básicos y los mantuvieron aislados, desamparados, para que aceptaran la promesa de una vida mejor en otro lado.
Algunos intentaron, sin éxito, luchar contra el desarraigo por vía judicial, convencidos de que fueron víctimas de una estrategia propia de los procesos de gentrificación: esos que buscan desplazar a las personas de bajos recursos que viven en tierras anheladas por los ricos.
La zona, cercana al Centro de Convenciones de Punta del Este y separada por una avenida de las suntuosas mansiones del barrio Golf, es altamente codiciada por desarrollistas inmobiliarios.