Al cabo de siete horas de debate, a las 9.00 de este miércoles la Junta Departamental de Maldonado aprobó el proyecto de adecuación presupuestal planteado por el intendente nacionalista Enrique Antía para lo que resta de su gobierno. La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada con la mayoría del Partido Nacional (PN) y rechazada por el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC).
El polémico fideicomiso por 45,5 millones de dólares para ejecutar “grandes obras” fue desglosado semanas atrás en otro expediente y puesto a consideración del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), por lo cual será discutido -y seguramente aprobado con votos oficialistas- en una próxima sesión, tan pronto el legislativo departamental reciba el informe de ese organismo.
Como innovación, a través de la adecuación presupuestal se creó una comisión especial para promover e implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el territorio departamental. Este órgano estará integrado por una secretaría ejecutiva y delegados de entidades con responsabilidad sobre una o más metas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este punto, el FA observó que, aun con la “buena” intención de bajar al territorio un compromiso mundial, en el articulado “no hay nada que tenga relación con los ODS”. La edila Marie Claire Millán subrayó que “la adecuación no establece ninguna política social, deportiva, cultural o ambiental al respecto. No hay una sola política, inversión o hecho que refiera a los ODS”.
A partir de esa intervención se desató una discusión que duró horas. El oficialismo argumentó lo contrario, aunque en ese proceso se centró en mencionar programas y planes ya ejecutados que, a su juicio, ingresan en los cometidos de la referida agenda.
Ajustes fiscales
En materia tributaria, se aprobó un adicional de 0,45% sobre la Contribución Inmobiliaria de 2024, destinado a la financiación de un carro de bomberos para rescatar personas y combatir incendios en altura, además de camiones cisterna. El oficialismo admitió que este equipamiento debería correr por cuenta del Ministerio del Interior, pero justificó la inversión en la necesidad de llevar seguridad a los turistas, a los promotores de grandes torres y a los propietarios de grandes superficies.
Mediante la adecuación, también se aprobó un “ajuste” para el impuesto a los terrenos baldíos y el de contribución por mejoras, en tanto fuentes de recursos departamentales reconocidas por la Constitución de la República.
La modificación al impuesto a los baldíos “en zonas urbanizadas” y en aquellas donde “la IDM establezca mediante reglamentación” es, según el oficialismo, “una reasignación fiscal”, por cuanto se amplían las posibilidades de exonerar el impuesto de forma anual.
La contribución por mejoras, en tanto, se aplica a los inmuebles beneficiados por obras públicas departamentales, y el producto de lo recaudado se destina exclusivamente a financiar esas obras. El gravamen se implementará según “criterios de aproximación” a las obras, para contribuyentes frentistas y no frentistas.
El Ejecutivo argumentó que, con esto, se pretende agiornar una norma que está vigente desde la época de la dictadura, y generar una herramienta a aplicar en el futuro por parte de cualquier administración. Por otra parte, se ajustó una norma del presupuesto quinquenal para incluir a las urbanizaciones en propiedad horizontal como beneficiarias de incentivos fiscales.
Descentralización
Otro de los puntos candentes de la discusión versó sobre las obras y programas propuestos para los municipios. La bancada frenteamplista insistió en que la “descentralización no existió” en la elaboración del proyecto, según infirió a partir de las reuniones que mantuvieron con jerarcas y alcaldes de los diferentes municipios en las sesiones de la Comisión de Presupuesto.
Los ediles del FA señalaron que, durante los tres meses de discusión de la propuesta de Antía, “la tónica común” fue el desconocimiento de los concejales sobre las iniciativas del intendente. Si bien el director de Descentralización de la IDM, Abayubá Galeano, señaló en la comisión que esto se debía a que “habían participado básicamente los alcaldes”, el FA insistió en que estos no tenían idea sobre las obras planificadas para sus jurisdicciones en el planillado del presupuesto.
La negativa del FA
Como había anunciado días atrás, el FA votó en contra del proyecto, “en general” por entender que la adecuación “no resuelve los problemas” del departamento y reafirma la política “clientelar y de amiguismo” que, a su juicio, ha caracterizado a los gobiernos de Antía.
Los ediles opositores advirtieron, nuevamente, que la adecuación prevé “más gastos que recaudación”, lo cual indica que es “deficitaria” y, por lo tanto, “inconstitucional”. También consideraron que, además de “incrementar el endeudamiento”, la adecuación presupuestal está predestinada a recibir “incontables observaciones” del TCR tan pronto sea enviado a ese órgano, el próximo viernes.
También sostuvieron que el Ejecutivo pretende “crear más impuestos”. “El objetivo es recaudar más para beneficiar a amigos de la administración, siguiendo la conducta del PN desde el 2015 a la fecha”, dijo el edil Leonardo Delgado en una de sus intervenciones.
La fuerza política aspiraba a lograr un cuarto intermedio hasta el día siguiente, a fin de debatir y aportar las alternativas “de manera democrática” para algunos artículos. Sin embargo, los ediles afirmaron que el PN les comunicó su intención de incluir el tratamiento del proyecto en el orden del día “una hora y media antes” del inicio de la sesión.
En este contexto, también sostuvieron que cuando pretendieron hacer sus aportes en la última reunión de la Comisión de Presupuesto que estudió el proyecto, la mayoría de los ediles oficialistas se retiraron y dejaron la sesión sin cuórum. Alegaron que, debido a estas situaciones, los miembros frenteamplistas de la comisión no pudieron elaborar su informe en minoría.
Al debate en general siguió la discusión del articulado, que se extendió hasta las 9.00 de este miércoles y que la diaria detallará en sucesivos artículos.