El debate sobre la adjudicación irregular de 23 becas terciarias de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) volvió por cuarta vez a la Junta Departamental en poco más de un mes, y se extendió hasta avanzada la madrugada de este miércoles. En la discusión, la bancada del Frente Amplio (FA) acusó de corrupción al Partido Nacional (PN) gobernante, mientras que los oficialistas fustigaron a la izquierda por capitalizar el caso con vistas a las elecciones departamentales.
Tras fracasar en dos intentos de crear una comisión para investigar la adjudicación irregular de becas, en la noche del martes el FA propuso crear una comisión para analizar toda la gestión de la Dirección General de Desarrollo e Integración Social desde que asumió el intendente Enrique Antía, en 2020. Una vez más la iniciativa fracasó, aunque el Partido Colorado (PC) votó a favor junto con el FA.
En este contexto, en la misma sesión, la bancada de izquierda planteó un llamado a sala del intendente Antía para que explicara, puntualmente, el tema de las becas. Aunque el FA sabía de antemano que no contaría con los votos suficientes, sus ediles reconocieron que apelaron a este mecanismo para profundizar el debate.
Entonces señalaron que, mientras Antía anuncia investigaciones administrativas sobre la filtración de datos del operativo de la Noche de la Nostalgia o sobre un presunto sabotaje a la reciente instalación de tecnología para ahorro energético en el Complejo Deportivo de San Carlos (Cedemcar), “no existe ninguna investigación administrativa” sobre los jerarcas responsables de la adjudicación de becas.
“En un área donde hay dirigentes del PN y cargos de confianza involucrados no se investiga, rompe los ojos que el ocultamiento de la información ha sido asombroso”, lanzó el edil Leonardo Delgado de Espacio 738.
Acusaciones cruzadas
Su compañera de sector, la abogada Marie Claire Millán, enfatizó que no se trata de “errores administrativos”, como alegan los jerarcas de la Dirección de Desarrollo e Integración Social, sino de “un acto de corrupción donde el intendente es el responsable”. “Es un acto de corrupción que está siendo amparado sistemáticamente” por la bancada oficialista, al negarse a crear comisiones investigadoras y a convocar a Antía para que “se haga cargo”.
En el otro extremo, el edil nacionalista Christian Estela apuntó que el tema “ya cansa”, que “la administración dijo que hubo un acto irregular administrativo” y que “ya tomará las resoluciones que correspondan”. De todos modos, admitió que su partido tuvo “un grueso error” y que “hubo cosas oblicuas”, aunque, en su opinión, hay que “cambiar la mira” y buscar una adecuación del reglamento de adjudicación de becas para transparentar las acciones a futuro.
“Les hemos dicho en japonés, chino y arameo que en este caso tienen razón, aunque ya es mucho el manoseo. En el PN igual más de uno estamos convencidos de que deberíamos haber creado la investigadora”, reconoció. Sin embargo, dijo que si la pretensión del FA era investigar la gestión desde 2020 también debería investigarse “desde 2005 para acá”, porque el PN entiende que también hubo irregularidades con las becas adjudicadas durante las administraciones del frenteamplista Óscar de los Santos.
“Parece que desapareció la base de datos de becas entregadas de 2005 a 2010, que podría perjudicar bastante a quienes pretenden hacer un poco de política, en una especie de universo paralelo que les hace pensar que este tema es un antes y después de una elección. Estamos siendo rehenes de la ambición política de una o dos personas, se está abusando de un tema que está más que laudado”, sentenció el edil Adolfo Varela.
En la misma línea, se expidió el nacionalista Alexandro Infante, al considerar que “el asunto “no le interesa a nadie”, aunque el FA pretende capitalizarlo “creyendo que así ganará las elecciones departamentales”. A su turno, el blanco Javier Sena insistió en que, si hay pruebas de corrupción, las lleven a la Justicia.
El debate, que se extendió durante varias horas, tuvo un desenlace previsible: no habrá investigadora, no habrá llamado a sala, y no se sabe si el intendente Antía está dispuesto a iniciar una investigación administrativa con tanto énfasis como lo ha hecho en otros casos que involucran a funcionarios de la administración.