El oficialismo impidió, la semana pasada, la creación de una comisión para investigar irregularidades en la adjudicación de 23 becas terciarias “por primera vez”, otorgadas por la Intendencia de Maldonado (IDM). Aunque la bancada frenteamplista insistió en la existencia de “hechos graves”, la investigación propuesta naufragó porque blancos y colorados argumentaron que no había méritos para realizarla.

Pese al revés sufrido en el plenario, la edila suplente Ana Antúnez (Baluarte Progresista) continuó investigando el asunto y consiguió nuevas evidencias para sostener su hipótesis de que la IDM [se apartó del reglamento de becas para beneficiar intencionalmente a algunos “hijos e hijas de”, como venía sugiriendo desde hace varias semanas.

No por casualidad, Florencia Acosta, la edila que el PN designó para presidir la comisión preinvestigadora, integró la misma lista que Miguel Plada, el jerarca de la Intendencia de Maldonado que tiene la máxima responsabilidad en el proceso de adjudicaciones. Tampoco fue casualidad que, cuando el plenario se dispuso a tratar los informes en minoría y en mayoría, el edil José Luis Sánchez abandonara sigilosamente su banca.

A esa altura, en las bancadas era un secreto a voces que este edil nacionalista, presidente de la Junta Departamental, entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, además integrante de la lista 88 que acompañó la candidatura de Diego Echeverría a la diputación, había logrado que su hija consiguiera una beca terciaria que no le correspondía.

Otro caso irregular detectado por la diaria refiere a la hija de la comunicadora radial Rosanna Freda, quien percibe un salario de 95.000 pesos mensuales (grado 10 Profesores) como funcionaria de Comunicación del Municipio de Maldonado en pase en comisión desde ANEP. Además, en tanto promotora de eventos turísticos ambientales, ha percibido voluminosas sumas tanto de la IDM como de los diferentes municipios.

Al colocar el nombre de Freda en el motor de búsqueda de las resoluciones publicadas en el portal web de la IDM, la diaria determinó que, excluyendo su salario como municipal, la comunicadora ha percibido al menos 830.000 pesos en fondos públicos del departamento desde 2017.

El monto se explica por concepto de pautas publicitarias radiales, aportes para proyectos ambientales con escuelas, contribuciones al proyecto Wild Punta del Este -por el que realiza planes de capacitación en avistamiento de aves y circuitos turísticos sobre esta materia en diferentes municipios- y por la venta a la IDM de 100 ejemplares de una guía sobre aves que ella misma editó.

Otro caso detectado entre los beneficiarios que obtuvieron su beca sin calificar corresponde a Fabrina Bittencourt Santana, quien desde 2019 se desempeña en el Municipio de Maldonado por pase en comisión desde la Intendencia de Treinta y Tres. La funcionaria, que trabaja en el área de Necrópolis, percibe un salario equivalente al grado 7-A del escalafón, al que se descuenta el monto que percibía en la oficina de origen. La última prórroga de su pase en comisión fue aprobada en abril de 2021 y se extiende hasta el final del actual gobierno departamental.

La edila Ana Antúnez confirmó este martes a la diaria que existe al menos otro caso irregular que implica al hijo de un funcionario municipal. Sin embargo, la situación difiere de las anteriores ya que, según la información que está procesando, el padre del joven adjudicatario había denunciado, tiempo atrás, a un jerarca de confianza de la IDM por acoso laboral.

Aunque su investigación no concluyó, Antúnez planteará nuevas evidencias -vinculadas con informes que hasta ahora le habían negado desde la IDM- en la reunión de bancada de este martes, previa a la sesión ordinaria de la Junta Departamental. Su esperanza es que, con esto, finalmente se abran las puertas para transparentar estos procedimientos y ubicar a los responsables de las irregularidades.

Antúnez, que tomó conocimiento de estas irregularidades en junio pasado, como integrante de la Comisión Externa de Becas Terciarias que funciona en la órbita de la Junta Departamental, volvió a señalar que los “errores administrativos”, reconocidos por la IDM, pretenden beneficiar a “hijos de…” y que los ediles no deben “ser cómplices” de estas irregularidades.

Del error a la irregularidad

Las irregularidades, en estos 23 casos, fueron detectadas por el equipo técnico que tuvo a cargo la evaluación de los aspirantes a becas por primera vez y su familia. En el paquete que la IDM atribuye a “errores administrativos” hay casos de estudiantes que tuvieron puntaje 0 -es decir, que nunca fueron evaluados por las asistentes sociales-, hay becas con puntaje menor al requerido para calificar; hay becas de estudiantes que ni siquiera completaron el formulario de postulación y hay otras que se adjudicaron “por descargos”, cuando todavía no se había ingresado en esa etapa de reclamos.

Los ediles de la Comisión Externa de Becas solicitaron explicaciones a la dirección de Desarrollo Social, que toma la decisión final sobre la adjudicación, pero esta respondió parcialmente bajo el argumento de que hay datos que son confidenciales. No obstante, la bancada de oposición logró acceder a las cédulas de los estudiantes beneficiados -publicadas en la web de la intendencia- y de allí fue posible obtener los nombres de las 23 personas que se quedaron con las becas sabiendo que no les corresponden.

La bancada frenteamplista ha insistido en que no es posible que la magnitud de las fallas sea atribuible a un “error administrativo”. Antúnez, en particular, señaló que una de las funcionarias municipales con acceso a la información le dijo que la información que oculta la IDM es “determinante” para activar una investigación, y que, sin lugar a dudas, “alguien alteró” los resultados a los que habían arribado los evaluadores.