Tras resolver, la semana pasada, que sólo votará algunos artículos del ajuste presupuestal promovido por el intendente Enrique Antía, el Frente Amplio (FA) de Maldonado ofreció este martes una conferencia de prensa para profundizar en los motivos. El eje central de la postura, por la cual la bancada opositora no votará el proyecto “en general”, es el fideicomiso por 45 millones de dólares que el intendente quiere crear para financiar grandes obras. Aunque hay otras razones, vinculadas con la política aplicada por Antía desde que retornó, en 2015.
Para la Mesa Política del FA, el actual proyecto de adecuación “coincide y confirma” los lineamientos de los dos anteriores presupuestos quinquenales aprobados por el Partido Nacional (PN) en alianza con el Partido Colorado. Antes, como ahora, la fuerza política sostiene que los “grandes números” de Antía “no son creíbles” y que sigue ignorando la “crisis social, económica y cultural del departamento”, además de “despreciar” el papel de los municipios.
En declaraciones a la diaria, la presidenta del FA departamental, Silvana Amoroso, enfatizó que la administración Antía debe redistribuir la inversión y acotar los “gastos excesivos” de funcionamiento que se dispararon por la política “de clientelismo, amiguismo y nepotismo”, y por concepto de contrataciones directas y tercerización de servicios, publicidad y viáticos, entre otros ítems, aplicados de forma “arbitraria” e “injustificada”.
Amoroso subrayó que, por esta vía, se evitará “profundizar” el endeudamiento contraído desde la pasada administración con la aprobación de otros dos fideicomisos financieros bajo el argumento de que esto sanearía las arcas de la comuna y permitiría encarar las obras que faltaban. “Acompañaremos aquellos artículos que sean muy importantes para la población, al tiempo que propondremos modificar o suprimir otros”, sentenció. Veamos cómo la fuerza política llegó a esa conclusión.
Claves para rechazar el fideicomiso
El documento de base para la postura del FA, al que accedió la diaria, analiza diversos capítulos del presupuesto y fundamenta los motivos por los cuales la fuerza política rechaza algunos artículos. Señala, por ejemplo, que desde 2015 se evidencia una “voluntad del Ejecutivo” departamental por aumentar el gasto de los llamados “servicios personales”, a extremos “preocupantes” si se consideran algunos rubros “importantes”.
El análisis del FA sostiene que la Intendencia de Maldonado (IDM) pasó de contar con 2.929 funcionarios en junio de 2015, a 3.329 en febrero de 2023. Paralelamente, crecieron los servicios tercerizados y las contrataciones mediante la fundación A Ganar y otras empresas. También afirma que aumentaron las presupuestaciones “sin bases claras ni conocidas, sin evaluaciones ni concursos”; aumentaron las contrataciones amparadas en el artículo 30 (creado en el presupuesto 2015-2020) por exclusiva voluntad del intendente; y también las retribuciones zafrales, las subrogaciones “a dedo, sin justificación expresa y calificada”; además de las horas extras sin fundamento que dispararon los consecuentes aportes sociales. “El caso particular de las subrogaciones es claramente ilustrativo del desborde que ha convertido a la IDM en un club político del PN: completados los dos quinquenios se habrán gastado casi 1.900 millones de pesos de 2022 (de los cuales 832 millones se gastarán entre 2023 y 2025) por un gobierno que ahora nos dice ¡que le faltan 1.820 millones y solicita endeudarse para hacer obras que considera estratégicas!”, observa el FA.
La fuerza política entiende que “muchos de esos millones” se obtendrían si “simplemente” el Ejecutivo mantiene los gastos en “servicios personales” en las mismas condiciones de 2022. Y que se obtendrían “muchos más” si se redujera “el desorden administrativo de la carrera funcional” y si eliminara subrogaciones “utilizadas como compra de voluntades políticas”.
También considera “evidente” que, mediante el aumento de los servicios personales, Antía pretende convertir la IDM en “una fuerza organizada en base a favores políticos para volcarlos en la próxima campaña electoral”. A modo de ejemplo, el FA menciona que el artículo 6° del proyecto de readecuación presupuestal propone destinar 3.000.000 de pesos anuales al pago de compensaciones mensuales “transitorias y de carácter excepcional” al personal que “desempeñe funciones de mayor responsabilidad y dedicación en la formulación de políticas públicas”.
Gastos de funcionamiento
El documento también analiza los llamados “gastos de funcionamiento” que, al cierre de 2022, llegaron a 4.279 millones de pesos, “alcanzando cifras similares a las de 2018 y superando crecientemente a los años de la pandemia”. Según el FA, ahora se plantea que en los próximos años lleguen a 4.921, 5.153 y 5.163 millones de pesos constantes, “en un crecimiento a todas luces excesivo, no relacionados con la calidad y extensión de los servicios”.
Algunos rubros “llaman poderosamente la atención” de los analistas “tanto por exceso como por defecto”. Entre los gastos excesivos mencionan que los viáticos pasan de 50 millones de pesos en 2021 y 75 millones en 2022, a 88 millones por año, entre 2023 y 2025. También señalan que la contratación de profesionales y técnicos pasa de 30 millones de pesos en 2021 y 37 millones en 2022, a 40 millones por año entre 2023 y 2025.
Entre los gastos que el FA considera excesivos también figuran los servicios de vigilancia y custodia, que aumentarán de 178 millones en 2021 y 176 millones en 2022, a 223 millones en promedio para los años 2023 a 2025. Los otros servicios considerados como no personales pasarán de 308 millones en 2021, y 422 millones en 2022, a 554 millones por año entre 2023 a 2025.
Otro tanto ocurrirá con las comisiones bancarias, sostiene el FA: pasarán de 50 millones en 2021 y 49 millones en 2022, a 50 millones por año entre 2023 y 2025. Las diferencias de cambio perdidas por endeudamiento financiero “pueden pasar” de 239 millones en 2021 y 413 millones en 2022, a 469 millones en 2023, 545 millones en 2024 y 547 millones en 2025, “en tanto la IDM cumpla con sus metas de aumento del endeudamiento”.
Por último, el FA subraya que “por lógica consecuencia” del aumento del endeudamiento, los intereses pagados por los préstamos pasarán de 184 millones de 2021 y 156 millones en 2022, a 236 millones en 2023, 270 millones en 2024 y 286 millones en 2025.
La fuerza política asegura que, por otra parte, la IDM propone gastos o incrementos “mínimos” en políticas sociales. A modo de ejemplo, indica que las becas de estudiantes, que fueron de 39 millones de pesos en 2021 y 29 millones en 2022, se mantendrán en 32 millones por año entre 2023 y 2025. En tanto, las transferencias al sector agrícola, “que podrían ser bien importantes en la situación de sequía”, estarán en los mismos niveles de 2022.
En este capítulo indica, asimismo, que “no hay previstas transferencias a instituciones sin fines de lucro de protección a la salud”, que en 2019 y 2020 rondaron los 3.000.000 de pesos y que durante los años de gestión frenteamplista duplicaban ese monto. “Lo mismo podría decirse de los gastos en programación cultural y en otros aspectos relativos a políticas sociales”, señala el documento.
Rediseñar proyectos y cronogramas
El FA sostiene que buena parte de las inversiones proyectadas ahora ya forman parte del presupuesto quinquenal vigente. Tras analizar los diferentes programas, la oposición frenteamplista concluye que el Ejecutivo planifica invertir 10.198 millones de pesos en tres años, incluyendo un monto de 1.820 millones de pesos (45,5 millones de dólares) a través de un nuevo fideicomiso financiero. “Si la nueva deuda no se tomara, según los números de la intendencia, habría 8.378 millones de pesos. Es una cifra inmensa, de dudosa ejecución en los dos años restantes de mandato”, afirma.
Por eso considera que el monto global de la inversión “admite perfectamente” la reformulación de proyectos y cronogramas; y la priorización y el rediseño de programas disminuyendo los montos iniciales en 1.820 millones de pesos. “Eventualmente, esto podría hacerse sin la necesidad de eliminar alguno, aun cuando en algún caso representa una bolsa de dinero redundante y sin claro contenido, cronograma, ni distribución territorial explícita”, observa el FA.
A esta priorización y distribución se puede sumar un recorte en los gastos por concepto de servicios personales y de funcionamiento “que pueden potenciar la capacidad de inversión” y evitar la nueva deuda por 45,5 millones de dólares que se pretende autorizar.
Un proyecto “inconstitucional”
El equipo asesor afirma, en otro tramo del documento, que la IDM formuló “un proyecto con más gastos que recaudación, lo que de por sí lo convierte en inconstitucional”. No obstante, también constató que el Ejecutivo pretende agregar “varios artículos con modificaciones de normas con incrementos impositivos y fiscales”.
En síntesis, Antía “se propone aumentar recaudación y endeudamiento para poder seguir ejecutando aquellas políticas equivocadas, clientelísticas y que comprometen el futuro de la intendencia, invirtiendo el eslogan oficial, que debería ser 'destruyendo futuro'”.
Para el FA, la continuidad de estas políticas llevará la deuda neta acumulada, es decir, el déficit, de 4.705 millones en 2022 (aunque falta todavía la confirmación del TCR) a un cifra superior a los 9.000 millones de pesos. Aumentará también el costo de la deuda, comprometerá ingresos de los futuros gobiernos, y determinan proyectos de inversiones que no se ejecutarán en el presupuesto presente, sino en el próximo.
“Es todo lo contrario a lo prometido. Más deuda, más costos, más clientelismo, más amiguismo y destrozo de la carrera funcional. En suma, esta modificación presupuestal es la encarnación de una política global del PN y sus socios; no es seria, es irresponsable y por todos estos aspectos merece el rechazo del FA”, sentenciaron los asesores, en el documento base de la postura de la Mesa Política Departamental.