Al cabo de unas cinco horas de debate, este martes naufragó la iniciativa del Frente Amplio (FA) para que la Junta Departamental de Maldonado (JDM) investigara la adjudicación irregular de 23 becas terciarias por parte de la Intendencia de Maldonado (IDM). La situación, que la intendencia atribuyó a un “error administrativo”, había sido denunciada semanas atrás por la edila frenteamplista Ana Antúnez, integrante de la Comisión Externa de Becas Terciarias del legislativo departamental.
Las conclusiones de la preinvestigadora fueron discutidas durante horas con resultado predecible. Entre otros puntos, porque estuvo presidida por la edila nacionalista Florencia Acosta, quien en las elecciones pasadas integró la Lista 50 junto a Miguel Plada, actual director general de Desarrollo Social y máximo responsable de la adjudicación de becas estudiantiles.
El Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) presentaron un informe en mayoría, en el que sostuvieron que, tras analizar el material, “se entiende que no se aportan elementos sustanciales” para instalar una investigadora. El informe del FA, en tanto, señaló que hubo “graves irregularidades” en el proceso de adjudicación, por lo cual recomendó investigar. Eso abrió un extenso debate en el que participaron casi todos los ediles opositores, mientras que buena parte de los oficialistas se llamaron a silencio.
La edila denunciante cree que los “errores administrativos” reconocidos por la IDM son, en realidad, actos para favorecer a personas vinculadas con el oficialismo. Pero no pudo confirmarlo porque, según dijo, en la dirección de desarrollo le negaron los nombres de los beneficiarios en cuestión y, mucho menos, le entregaron los formularios correspondientes.
En este punto relató que, durante una sesión de la comisión de becas, una funcionaria de la IDM le mencionó “por lo bajo” que, si la dirección de desarrollo le entregaba la información requerida, sería “una prueba” contundente para abrir una investigación. “Lamento que no haya una versión taquigráfica para poder demostrarlo”, dijo Antúnez.
El frenteamplista Leonardo Delgado (Espacio 738) aprovechó para repasar hechos “irregulares” ocurridos desde que comenzó la administración del nacionalista Enrique Antía, en 2015, sobre los que tampoco se aprobaron comisiones investigadoras o se “dejaron caer” por vencimiento de plazos. Sobre esa base, consideró que el informe del PN era previsible.
“No pueden defender lo indefendible con complicidad del PC, es totalmente irregular. Hay 163 descargos de estudiantes que reclaman las becas para que revean sus casos. Es bochornoso lo que hace el PN y muchos de la bancada oficialista lo saben”, cuestionó después.
La presidenta de la preinvestigadora recogió el guante. Acosta descartó la “complicidad entre los partidos” y sostuvo que el calificativo de “irregular” corría por cuenta del FA. “Aquellos estudiantes que obtuvieron 65 puntos más o menos harán sus descargos pertinentes. Además, hay personas con derechos adquiridos que no se les pueden quitar”, dijo sobre los 23 casos en cuestión.
Por último, argumentó que la Dirección General de Desarrollo no aportó los datos solicitados por Antúnez debido a la “confidencialidad” de la información socioeconómica de las familias.
El origen
Para acceder a las becas terciarias que entrega la IDM hay que cumplir con requisitos que luego son evaluados por asistentes sociales de la comuna; es necesario alcanzar 68 puntos para obtener el beneficio. Sin embargo, cuando la IDM publicó en su web el listado de 243 becas adjudicadas por primera vez, las mismas técnicas advirtieron 25 casos que no calificaban.
Dos fueron descartados por un error en los números de cédula, pero en el resto había nueve adjudicatarios con puntaje cero, otros con menor puntaje del establecido, otros sin formularios de ingreso a la solicitud de la beca (es decir, que ni siquiera fueron evaluados) o que no residen en departamento.
Esta situación fue informada por las asistentes sociales a la Comisión Externa de Becas Terciarias de la JDM el 20 de junio, con la presunción de que había irregularidades. Luego la Dirección General de Desarrollo de la IDM, el área en la que se definen las adjudicaciones, estableció que ocurrió “un error administrativo”.
El martes Antúnez advirtió que el listado de adjudicatarios por primera vez está firmado por los ediles de la comisión de becas. “O se crea una investigadora para transparentar el proceso o somos cómplices”, sentenció.
“Me da pena por aquellos estudiantes que hacen un tremendo esfuerzo y por medio punto quedan afuera; en mi calidad de docente son las cosas que duelen. ¿Qué cultura estamos generando? El ‘bueno, si pasa, pasa, porque tengo un padrino’. Porque esos 23 estudiantes saben que no les correspondía”, lamentó Antúnez tras el fracaso de su iniciativa.