En mayo de este año algunos referentes de refugios particulares de animales advirtieron a la edila suplente Ana Antúnez (Baluarte Frenteamplista) sobre un aparente retroceso en la política de castraciones gratuitas desarrollada por la Intendencia de Maldonado (IDM). Por eso hizo un pedido por ley de acceso a la información pública que también incluyó consultas sobre la gestión del Refugio de Animales de Compañía de Maldonado.
Muchas de las respuestas recibidas le llamaron “poderosamente la atención”, expresó Antúnez al exponer este martes 19 en la sesión plenaria de la Junta Departamental. Por un lado, su preocupación radica en el manejo del dinero que la IDM destina al refugio y al tratamiento de los perros y gatos que allí se alojan. Por otro lado, le preocupa el “flagrante incumplimiento” de un convenio firmado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para desarrollar actividades del Plan Nacional de Castraciones por intermedio del Instituto de Bienestar Animal (INBA).
En principio, la IDM informó que, mensualmente, invierte en el refugio un monto equivalente a unos 25.000 dólares, una cifra que, en opinión de Antúnez, “no se condice” con la situación del lugar, donde trabajan seis funcionarios municipales y seis contratados a través de la fundación A Ganar.
De los 25.000 dólares, unos 8.000 se invierten en alimento para los 113 perros y 25 gatos que tenía el refugio al 28 de junio de 2023. El dato “sorprendió muchísimo” a la edila ya que, tras averiguar en comercios del rubro y con gestores de refugios particulares, concluyó que “con ese dinero, sin acceder a descuentos por cantidad, podrían alimentarse unos 250 animales”.
Con respecto al manejo de fondos y con base en las respuestas que obtuvo de la IDM, el punto que Antúnez consideró más grave es el que revela un desvío de los aportes que la comuna recibe del INBA, tras firmar un convenio con el MGAP en octubre de 2021. Sobre esa base, el INBA otorgó seis millones de pesos a la IDM para desarrollar actividades establecidas en el Plan Nacional de Control Reproductivo.
De ese modo, la comuna se obligó a usar el dinero para castrar “al menos 12.000 animales de forma gratuita” e identificarlos mediante microchips donados por el MGAP. Sin embargo, según la respuesta número 20, la IDM reconoció que destinó parte de esos fondos “al pago de alimentación de los canes” mientras que, por otro lado, sostuvo que “para el funcionamiento del refugio no se recibe ningún aporte del INBA”. A juicio de Antúnez, esto deja en evidencia un “flagrante incumplimiento” del acuerdo con el MGAP.
Por otra parte, destacó que la administración “recién ha ejecutado un 54% de ese primer convenio”, que en unas semanas cumplirá dos años y por el cual está obligada a rendir cuentas al MGAP sobre el uso de los fondos y la aplicación de los microchips. A juicio de la edila, la “lentitud” en la aplicación del convenio “no condice con la realidad” de un departamento donde “miles de animales” necesitan ser castrados.
En agosto pasado, al celebrarse un encuentro de todas las intendencias con el INBA, la comuna de Maldonado se puso a sí misma como “ejemplo a nivel país” en materia de castraciones. En un artículo publicado en la web de la IDM, el director interino de Gestión Ambiental, Carlos Medina, expresó que “con respecto a años anteriores el servicio se amplió alrededor del 20 al 25%” y que “se prevé llegar al 30%”.
En esa instancia la directora del INBA, Marcela Delgado, dijo que el convenio con la IDM para hacer “10.000 castraciones caninas en el año” implicaba un número “muy ambicioso”, aunque la comuna iba “por buen camino”.
Antúnez entiende que, en este marco, existen situaciones anómalas y cambios en el destino del dinero público, por lo cual adelantó que denunciará la situación ante “los organismos que corresponda”. “Teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento, ya que involucra dineros públicos y el cambio de destino para el que fueron entregados” solicitó, además, “la explicación de lo sucedido a cada organismo participante del citado convenio”.
La situación de los refugiados
Otras respuestas que le causaron “enorme preocupación” refieren a las condiciones de adopción de los animales del refugio, a su atención sanitaria y a las medidas que se toman con individuos considerados “peligrosos”.
En primer lugar, Antúnez señaló que cualquier persona mayor de 18 años puede llevarse un animal sin que se estudien sus antecedentes sobre tenencia responsable o se realice un seguimiento. “Esta respuesta es contradictoria, porque en la Comisión de Bienestar Animal de la Junta Departamental se nos dijo que hay una ONG encargada de gestionar las adopciones”, apuntó la edila.
Por otra parte, la IDM informó que sólo cuentan con un veterinario, que trabaja de lunes a viernes en horario matutino. “O sea que, ante cualquier accidente o emergencia fuera de esos días y horarios, los animales quedan sin atención”, dedujo la edila.
También cuestionó la falta de un sereno y que, cuando llega un animal considerado agresivo, “se lo aísla en un canil interno sin tratamiento, incluso en algunos casos esperando la muerte”. Al mismo tiempo, confirmó que no existe una ONG que colabore en trabajos de castración, aunque “le consta” que muchas estarían dispuestas a hacerlo.