La directora general de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado (IDM), Soledad Laguarda, compareció por segunda vez ante la Comisión de Obras de la Junta Departamental (JDM) para profundizar en el debate sobre la viabilidad de otorgar excepciones a la construcción de un hotel de campo en la playa de La Juanita.
De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión del pasado martes 9, a la que accedió la diaria, las explicaciones de la jerarca dejaron más dudas que certezas entre los ediles que evalúan la propuesta del empresario argentino Diego Filkenstein, y que tiene el visto bueno del intendente nacionalista Enrique Antía.
A instancias del presidente Luis Artola (Partido Nacional) se resolvió continuar el análisis la semana próxima para despejar las interrogantes sobre las diversas normas que atraviesan el caso.
Si bien el Ejecutivo pretendía dar un trámite rápido al asunto, ediles oficialistas y de la oposición señalaron a la diaria que la complejidad amerita más tiempo antes de pasarlo a consideración del plenario.
Los argumentos de la IDM
En un contrapunto con el edil frenteamplista Joaquín Garlo, quien días antes detectó “desprolijidades” en el expediente, Laguarda admitió que la IDM omitió hacer un análisis jurídico integral de los decretos que están en juego, tanto respecto de la naturaleza de los predios como de la construcción del emprendimiento en un suelo rural frentista al océano Atlántico.
Además, en un tramo del interrogatorio la directora confesó que no conocía algunas normas aplicables al caso, como la Ordenanza de Protección de Zonas de Riberas, vigente desde 1993. Tal ordenanza prohíbe construir en la faja costera de 150 metros y, además, establece que ese territorio debe pasar al dominio público en el caso de edificaciones en padrones frentistas al océano, por lo cual se requieren informes técnicos de Jurídica y Hacienda.
En contrapartida, la jerarca opinó que la Junta Departamental puede autorizar por su cuenta el ingreso de las construcciones dentro de la faja costera en función de las disposiciones de otro decreto, el 3718, también conocido como Texto Ordenado de Normas Edilicias.
A su juicio, esto “va en contra de muchos actos legislativos” pero “el intendente y todo el equipo de Urbanismo” entienden que es posible.
Por otro lado, reconoció que no contempló la disposición del Plan Local de Ordenamiento Territorial Entre Lagunas (Garzón y José Ignacio), que exige una evaluación de impacto territorial y ambiental para las intervenciones a realizarse en padrones frentistas al mar.
De todos modos, argumentó que la IDM declinó su competencia en la materia para que se expida el Ministerio de Ambiente cuando el gestionante le presente un “estudio detallado” de sus técnicos. “La intendencia optó, en esta etapa, por no duplicar las gestiones”, dijo.
Consultada por la diaria sobre el caso, Laguarda se limitó a reiterar lo informado en el expediente: “si la junta otorga anuencia para aprobar un proyecto con apartamientos de las ordenanzas departamentales y el Ministerio de Ambiente otorga la autorización ambiental previa, el proyecto es viable”, sentenció.
“Un desparpajo preocupante”
Tras la reunión, el edil Garlo declaró a la diaria que el expediente revela el “desparpajo” del Ejecutivo, al remitir a la junta un proyecto de viabilidad que “ignora” los decretos del propio gobierno departamental.
En su opinión, es “preocupante” que el único informe que aparece en el expediente fuera elaborado por una jerarca de Urbanismo que “desconoce la legislación”.
En el mismo sentido se expidió su compañero de bancada Fermín de los Santos, quien remarcó que “la información omitida por la IDM es relevante” para que los ediles ejerzan su actividad legislativa a cabalidad.