“Disgustados por el rechazo aconsejado por la evaluación ambiental, los proponentes del proyecto inmobiliario gigantesco en Punta Ballena han pasado a cuestionar la competencia de los técnicos del Ministerio de Ambiente (MA) y a presionar con amenazas de litigios a sus autoridades para que se reabra el procedimiento de evaluación y se modifiquen sus conclusiones”, señalaron la Red Unión de la Costa y el Movimiento No al Proyecto Punta Ballena en un comunicado emitido este jueves, junto a otras organizaciones vecinales.
Además, indican que “los abogados de Delfín Carballo” (el banquero argentino que es dueño mayoritario de los padrones involucrados en el proyecto) han solicitado la consideración de un cúmulo de informaciones y documentos que no habrían sido tenidos en cuenta en la evaluación ambiental. “No son nuevas pruebas en realidad, sino trámites formales ante distintos organismos para justificar la reapertura del proceso”, sostienen los colectivos.
Tras recordar las consideraciones de los impactos ambientales del proyecto por parte de técnicos, científicos y profesionales de las distintas disciplinas involucradas, las organizaciones subrayan que “el aspecto más concluyente es la ilegalidad de la propuesta por no cumplir las normas de ordenamiento territorial y defensa costera vigentes”.
Añaden que el proyecto inmobiliario implicaba una redistribución de espacios privados y públicos sobre unos padrones cuyo último registro data del año 1944. Esa redistribución “debió ser registrada en la Dirección Nacional de Catastro en el momento del acuerdo. Al no haberlo hecho entonces y con mayor razón hoy en día, ese registro debe cumplir con la normativa vigente”, señalan.
También indican que ese acuerdo que dio origen al proyecto en 2014, ratificado por unanimidad de la Junta Departamental en 2017, fue supeditado a la autorización del Ministerio de Ambiente. “Enfrentados al rechazo en esta última instancia, el acuerdo pierde todo valor y los propietarios no tienen más que acatarlo”, concluyen.
Entretanto, el próximo 24 de noviembre continuarán con la campaña de recolección de firmas para plantear a la Junta de Maldonado el establecimiento de “servidumbre non-aedificandi” sobre Punta Ballena, prohibiendo cualquier tipo de edificación en ese lugar. Si bien ya alcanzaron el 15% del padrón electoral de Maldonado requerido para esta iniciativa, continuarán por “un colchón” de firmas ante la eventualidad de que, entre las conseguidas hasta ahora, haya descartes por parte de la Corte Electoral.
El comunicado está avalado por la Asociación de Vecinos de Las Grutas de Punta Ballena, la Asociación Civil de Vecinos de La Rinconada y Portezuelo de Punta Ballena, la Unión Vecinal de Punta Ballena y Lagunas del Sauce y El Diario, el Movimiento No al Proyecto Punta Ballena, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, la Red Unión de la Costa y vecinos independientes.
La respuesta de los abogados al informe técnico
Mediante la ley de derecho a la información pública, en octubre pasado el activista y periodista ambiental Víctor Bacchetta accedió al expediente con los descargos de los abogados del grupo inversor y de la consultora que presentó el proyecto ante el MA, tras el informe técnico que aconsejó no aprobarlo.
Basado en esa información, el periodista publicó en el portal Sudestada que el abogado Eduardo Carrera Hughes, copropietario de los padrones del proyecto, acusó de “grave omisión” a tres funcionarios del ministerio (Rosario Lucas, Eduardo Andrés y Eugenio Lorenzo) por no haber informado sobre las áreas que cederían los propietarios por el acuerdo con la Intendencia de Maldonado y las consecuencias que tendría el rechazo del proyecto.
Por su parte, el abogado Leonardo Guzmán, contratado por Carrera Hughes, consideró que el Estado “está obligado a autorizar” e incurriría en “abuso de poder” si desobedece el reconocimiento de la propiedad privada sobre esos padrones. Para Guzmán, el Estado incurriría también en “responsabilidad patrimonial”, con adeudo de daños y perjuicios, cuyo resarcimiento podría ser reclamado a ´los funcionarios partícipes’”.
El abogado Carlos Delpiazzo, a cargo de la defensa del proyecto desde el ángulo del ordenamiento territorial, insistió que no se trata de un nuevo fraccionamiento por lo cual las leyes de ordenamiento y de defensa costera (18.308 y 19.355) “no son aplicables”.