Hace más de un año que la Asociación Civil Pro-Conservación del Cerro Pan de Azúcar presentó al Ministerio de Ambiente (MA) una propuesta para que la zona sea declarada Área Protegida e ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Manuel Asuaga, presidente de esa agrupación integrada por propietarios de padrones en el cerro, guardaparques y ambientalistas, aseguró a la diaria que la resolución ministerial “está a punto de salir” y que eso echaría por tierra cualquier proyecto privado que se pretenda desarrollar en el lugar.
En ese contexto, no le extraña que el trámite para que la Intendencia de Maldonado (IDM) llame a una licitación pública a partir de la iniciativa privada de Circotec SA -para construir y gestionar durante 30 años un teleférico y servicios anexos en el cerro- vaya a aprobarse en estos días “a las apuradas”. A mediados de este año, enterados de que el proyecto estaba en ciernes, los integrantes de la asociación solicitaron información a la IDM, pero les dijeron que “allí no había nada”. En estos meses, ni la IDM ni los inversores los buscaron para informarles o considerar su opinión, aseguró Asuagua.
Por medio de la diaria, este jueves, conocieron más detalles sobre la iniciativa y comenzaron a moverse a varias bandas. Por un lado, para que el MA apure la declaración del cerro Pan de Azúcar como área protegida -aunque hay pocas esperanzas de que eso ocurra antes de que la Junta Departamental autorice al intendente Enrique Antía a llamar a licitación-. Por otro lado, esperan llegar a los ediles para que “tomen conciencia sobre el daño irreversible” que provocaría la construcción de un teleférico de esas características y el ingreso masivo de visitantes en “un área de valor biológico, patrimonial, histórico y cultural”.
Hasta este viernes, la Comisión de Obras que estudia el caso no los ha convocado para conocer su opinión ni escuchar sus inquietudes. “Nuestra propuesta de que el cerro ingrese al SNAP fue muy bien recibida por el MA e incluso sus jerarcas nos dijeron que la resolución estaba muy próxima. Estamos muy preocupados con este empuje del proyecto privado”, enfatizó Asuaga. Les falta información sobre cómo será el sistema constructivo, tampoco existe un estudio de impacto ambiental sobre la geología, las especies de flora y los animales (al pie está la Estación de Cría y Fauna Autóctona (ECFA), o qué carga humana podría soportar la cima, donde también hay valiosas especies vegetales a preservar.
Con un proyecto de esta magnitud “harán pelota todo”
Asuaga observó que los inversores construirán pasarelas y un deck alrededor de la cruz, donde hay poblaciones de cactus y helechos, y también palmeras que deben preservarse. “Van a alterar toda la vegetación de la cumbre”, aseguró. Avizora los impactos de la implantación de las columnas para sostener los cables por donde correrán las cabinas del teleférico: las detonaciones, los movimientos de rocas y suelos, la destrucción de especies, sobre todo en la franja media del cerro.
En la franja media “están los nichos biológicos más importantes, hay sitios arqueológicos -cuevas donde viven poblaciones de murciélagos y la mayor población de vampiros de Maldonado-, nacen arroyos que alimentan la cuenca alta de la Laguna del Sauce, está la mayor parte de los endemismos vegetales del cerro, la punta más al sur de Butiá Odorata del país”, mencionó en catarata.
“Harán pelota todo, todo se lo llevarán puesto”, lamentó. Luego señaló que la cima no soportaría la cantidad de gente que se estima para el teleférico. “Es un disparate imaginar 2.000 personas a diario, usando baños, tirando basura, robándose ejemplares de vegetación”, expresó.
“¿Qué planes tienen para controlar eso? Ni siquiera lo han considerado en el proyecto”, agregó el activista. Tampoco soslayó el plan de los inversores de hacer fiestas en el parador de la cima y, además, iluminar la cruz: “¿Hicieron un estudio biológico sobre las aves del cerro que precisan nocturnidad? Ahí anidan aves y la iluminación va contra sus procesos biológicos”, expuso.
Pero, además, Asuaga recordó que los predios de la cumbre son propiedad privada. Son unos 10.000 metros cuadrados que pertenecen a la Iglesia Católica del Uruguay, por eso está allí la cruz. “¿Acaso la IDM piensa enajenar? ¿O los inversores no lo sabían?”, se preguntó.
Tras el ejemplo de Punta Ballena
A contrarreloj, la asociación civil planea algunas medidas. La primera es solicitar a la IDM que les entregue “formalmente el proyecto”, luego pedirán al MA que dictamine una medida cautelar hasta que se apruebe la declaración de área protegida. Si el trámite para la licitación avanza, reclamarán que la empresa presente un estudio de impacto ambiental.
Al mismo tiempo, los vecinos observan la experiencia de Punta Ballena, en la que la intervención de la sociedad civil organizada ha logrado frenar la construcción de un complejo con cientos de apartamentos en el lomo de la sierra. Asuaga no descartó que inicien movidas para informar a la opinión pública sobre el impacto de este proyecto en la naturaleza y los valores patrimoniales y culturales de otro lugar icónico del departamento y del país.
“Los inversores y la IDM saben muy bien de nuestra propuesta para ingresar el cerro al SNAP, por eso lo apuran y probablemente la anuencia salga el lunes”, lamentó. Pero, otra vez mirando el ejemplo de Punta Ballena, están dispuestos a dar batalla por la causa que los unió hace cuatro años, cuando comenzó a funcionar la asociación.
“El mundo ya viró hacia la conservación de los valores patrimoniales y naturales. En el mundo entero la tendencia es invertir en áreas naturales protegidas, preservar lo verde, lo natural. Esto es todo lo contrario, van a romper todo. Es un proyecto que no tiene andamiento por donde lo mires”, concluyó Asuaga.