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Suprema Corte de Justicia (archivo, marzo de 2021).

Foto: Federico Gutiérrez

SCJ revisó su posición y decidió crear un juzgado letrado en San Carlos

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La sede de primera instancia tendrá competencia civil y laboral, según la acordada de la Corte divulgada este viernes 2 por el Colegio de Abogados de Maldonado.

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A partir del próximo 19 de febrero quedará constituido un juzgado letrado de primera instancia en San Carlos, que tendrá competencia de sede única. De acuerdo a la acordada Nº 8196, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el juzgado entienda en “materia civil, trabajo, contencioso administrativo y/o concursal”. Esto, para las secciones segunda, cuarta y sexta del departamento.

En tanto, a partir de la fecha de creación, los juzgados de 5° y 6° turno de Maldonado atenderán las secciones judiciales primera, tercera y quinta de Maldonado. No obstante, continuarán con la tramitación de expedientes que recibieron tras el cierre de los juzgados letrados en San Carlos, hasta que finalicen o sean archivados.

Como parte de la nueva decisión, serán redistribuidos los defensores públicos para cubrir las necesidades de la sede carolina y se rearmarán las correspondientes planillas de turnos de cada juzgado.

La novedad fue divulgada este viernes por el Colegio de Abogados de Maldonado, una de las instituciones que en los últimos meses trabajó activamente -junto a otros actores sociales y políticos del departamento- para evitar la clausura de todas las sedes letradas carolinas con el fin de reforzar los nuevos juzgados de género, violencia doméstica y delitos sexuales.

La decisión inicial de la SCJ desató una intensa polémica en el departamento, respecto a las causas que la motivaron. Mientras buena parte de los actores judiciales y sociales enfatizaron que se debía al magro presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, desde el oficialismo se insistía en que se trataba de una reesctructura administrativa.

A mediados de diciembre, tras recibir a las autoridades de la Corte, la Comisión de Legislación de Diputados consideró que el PJ podía utilizar recursos presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas para evitar lo que muchos consideraron un “retroceso” en las conquistas sociales de la ciudad para asegurar los derechos de los justiciables en la jurisdicción.

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