Con votos de las bancadas del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) quedó sancionado, en forma definitiva, el presupuesto departamental de Maldonado para el período 2026-2030 que regirá a partir del próximo 1° de enero. Antes hubo un breve debate entre oficialismo y oposición en torno al dictamen emitido el 20 de noviembre por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) con las observaciones al proyecto que la Junta aprobó en octubre.
El TCR indicó que el presupuesto fue “preparado en forma razonable” y “de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”, destacaron los ediles oficialistas de la Comisión de Prepuesto en su informe en mayoría. No obstante, el organismo marcó excepciones y el intendente Miguel Abella deberá realizar las “correcciones, reasignaciones, ampliaciones de informaciones y agregación de documentos”, indica el texto aprobado en la madrugada de este miércoles.
Los ajustes que hará el Ejecutivo están vinculados con algunas de las irregularidades que marcó el TCR en su dictamen, al que accedió la diaria:como el incumplimiento de artículos constitucionales en la presentación de la proyección de recursos, errores en la estimación de multas y recargos por tributos en la sección de recursos de origen departamental, la falta de algunas unidades físicas de metas y objetivos correspondientes a las inversiones proyectadas en el período, y errores en la base de cálculo y desfasajes de montos respecto a los servicios personales.
A juicio del oficialismo, las correcciones “pertinentes” que hará la administración de Abella “no alterarán el equilibrio presupuestal”. Además, el texto sancionado modificó la redacción del artículo 18, referido al pago de una compensación especial para funcionarios que se desempeñen en los municipios. La redacción original fue observada por el TCR por dejar algunos puntos “librados a la voluntad del intendente” por razones de servicio “sin anuencia de la Junta Departamental y fuera de la instancia presupuestal”.
La deuda con proveedores, una advertencia del TCR y su coincidencia con el último préstamo aprobado
Los ediles del FA en la Comisión de Presupuesto hablaron sobre la “gravedad” de algunas observaciones y, en su extenso informe en minoría, prestaron particular atención al análisis de la financiación del déficit acumulado al 31 de diciembre de 2024 que realizó el TCR en el cuarto punto de su dictamen.
En principio, el organismo recordó que el presupuesto se aprobó sin que haya validado la Rendición de Cuentas 2024 y que, según determinó la IDM en esa rendición, el déficit acumulado a financiar al 31 de diciembre de 2024 “es de $7.916.454.807 (equivalente 201 millones de dólares) e incluye acreedores financieros por $5.628.783.063 (143 millones de dólares) y obligaciones presupuestales impagas (OPI) [en general, facturas de proveedores] por $2.287.671.744 (58 millones de dólares)”.
Sin embargo, el presupuesto proyectado para el período 2026-2030, establece “una línea de armotización a pasivos” que asciende a $7.466.035.976 (casi 189,8 millones de dólares), que incluye amortizaciones de deudas por $6.671.655.976 (169 millones de dólares) correspondientes al calendario de pagos de compromisos financieros de la IDM con bancos y fideicomisos, y $704.380.000 (17,9 millones de dólares) por otras deudas a pagar, planteó el TCR.
Con esa información, el organismo concluyó que “este último monto es menor al endeudamiento mantenido por OPI en diciembre 2024, por lo que la IDM deberá disminuir su financiación con proveedores en un 70% para el cierre 2025 para mantener el equilibrio presupuestal”.
La postura de la bancada opositora
Los frentistas Jorge Pieri, Leonardo Pereira y Juan Urdangaray fundamentaron su voto contrario a la sanción del presupuesto. El primero dijo que esa reducción del 70% que el TCR aconseja para mantener el equilibrio presupuestal “ronda los 40 millones de dólares” y que eso coincide con “el famoso fideicomiso que se tuvo que votar apresuradamente no hace mucho tiempo”.
Sobre esto, el informe en minoría de la FA señaló: “Podrá parecer que este abultado porcentaje de disminución de un año a otro del monto de las deudas con proveedores es una evidencia de la magnitud de la dificultad para cumplirlo, o se podrá pensar ciertamente que en el ejercicio 2025 no se logrará el equilibrio presupuestal y que los gastos del ejercicio serán mayores a los ingresos, nuevamente. Pero está claro que no sólo el FA está preocupado por las cifras del déficit acumulado creciente de la IDM: el TCR repite sistemáticamente su advertencia”.
Urdangaray subrayó que el FA está “en contra de cómo la IDM distribuye los recursos” en el presupuesto general. Enfatizó que el presupuesto “está condicionado” por el déficit que se acumuló durante las gestiones de Enrique Antía y que “al término de 2025 podría llegar a los 250 millones de dólares”.
A su turno, Pereira consideró que las observaciones del TCR confirman lo que fundamentó el FA en octubre cuando no votó el presupuesto en general. “Quedó demostrado que ese apuro por aprobarlo dejó numerosos errores”, como las compensaciones de los funcionarios consignadas originalmente en el artículo 18. Además, cuestionó que el presupuesto regirá a partir de 2026 sin que se conozcan los números finales de los ejercicios 2024 y 2025.
“Cheque en blanco” y “saludo a la bandera”
La oposición reiteró que se trata de un presupuesto “cáscara” que posterga “las mayores definiciones” para la modificación presupuestal que se presentará en junio 2026. “Esto implica la aprobación de un cheque en blanco sin planificación estratégica real para el turismo, la movilidad o el medio ambiente”, indicó el informe en minoría.
También enfatizó que es un presupuesto “falsamente austero y deficitario” porque recorta la inversión en obras en los barrios mientras “incrementa el gasto en subrogaciones y compensaciones”. “El déficit acumulado, señalado por el TCR, demuestra que la tan mencionada Regla Fiscal ha sido, en la práctica, un saludo a la bandera sin consecuencias reales ante los desvíos para impedir el crecimiento desaforado del déficit”, argumentó el FA.
Además, consideró que el presupuesto es “centralista y autoritario”, porque “ignoró” la autonomía de los municipios y no contempló la participación ciudadana; y lo definió como “oscuro” en las previsiones sobre recursos humanos, amén de “evidenciar sordera política” porque “ha descartado sistemáticamente propuestas constructivas de la oposición”.