Con votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, la Junta Departamental de Maldonado aprobó, sobre la medianoche del martes 27, excepciones a la normativa para desarrollar un nuevo fraccionamiento en Piriápolis. Se trata de Pueblo Arena, cuyo programa de actuación integrada (PAI) comenzó a tramitarse ante la Intendencia de Maldonado (IDM) en 2024, anclado en padrones linderos a otros proyectos en vías de aprobación como el PAI Zeballos y el PAI Piria.
Al fundamentar su voto afirmativo, ediles oficialistas recordaron que el proyecto experimentó ajustes en la dimensión de los lotes propuestos y en la infraestructura pluvial, basados en los requerimientos de la Comisión Asesora de Fraccionamientos de la IDM que, en mayo de este año, levantó sus observaciones. Por esa razón, defendieron la última versión del emprendimiento como “la mejor opción” y alegaron que no correspondía dilatar el trámite.
Ediles del Frente Amplio, sin embargo, pretendían que el expediente regresara a la comisión del legislativo que lo analizó, entendiendo que tuvo un “tratamiento exprés” y que no se agotaron todas las vías para garantizar que el proyecto no genere daños ambientales irreversibles ni problemas de movilidad urbana a futuro.
Una excepción aprobada en función de otras excepciones
El fraccionamiento promovido por Pueblo Arena SAS, representado por Diego Fernández y Jaime Schusman, se emplazará en el padrón 8218 –en la zona de Pueblo Obrero– con destino a la construcción de viviendas unifamiliares. Dispuesto en forma de L, estará unos 700 metros al norte de la avenida Misiones y a unos 300 de la avenida General Artigas.
La normativa para fraccionar padrones urbanos en el área propuesta establece que los lotes deben tener un mínimo de 1.000 metros cuadrados y 20 metros de frente; pero el desarrollista solicitó y consiguió una excepción para comercializar “41 lotes con áreas de entre 500 metros cuadrados y 635 metros cuadrados y frentes mayores a 15 metros”, según indica el expediente al que accedió la diaria.
Aunque en 2025 la Comisión Asesora opinaba que “sería inviable” conceder una excepción en tales términos, en mayo de este año este órgano justificó la aprobación de la propuesta considerando que “el proyecto se encuentra en una zona de terrenos con áreas menores” a los que establece la normativa vigente.
En julio, el director de Ordenamiento Territorial, Guillermo Ahlers, remarcó que “la mayoría de los padrones resultantes superan los 600 metros cuadrados, salvo tres que tienen una superficie de 500 metros, con frentes de entre 15 y 18,55 metros”.
Acotó que hubo “consenso técnico” en cuanto a que la última propuesta corrige los problemas detectados inicialmente sobre las conexiones, movilidad y soluciones hídricas. Por todo, recomendó al intendente Miguel Abella el pase del expediente a la Junta Departamental para la aprobación de la excepción solicitada, lo que se concretó el mes pasado.
De “bochorno” a “mamarracho”
Los ediles opositores Juan Urdangaray, Jorge Pieri y Leonardo Pereira cuestionaron al Partido Nacional por seguir autorizando excepciones a la normativa, máxime cuando está pendiente la aprobación de un plan de ordenamiento territorial para Piriápolis y sus adyacencias.
En esa línea, también advirtieron que los impactos del proyecto no debían analizarse de forma aislada, sino en el contexto de otros fraccionamientos previstos en la misma zona. Recordaron, asimismo, que los colectivos sociales y ambientales presentaron en la Junta Departamental, semanas atrás, un informe técnico para fundamentar una solicitud de suspender nuevos fraccionamientos como principio precautorio (ver recuadro).
Al fundamentar su voto negativo, Pereira cuestionó la excepción concedida y agregó que, “en 500 metros lineales de fraccionamiento, donde debería tener por lo menos cuatro calles, solo se proyectó una” que conecta con la ruta 37. Mientras desde la bancada opositora afirmaron que esto generará “serios problema de movilidad” a futuro, la oficialista alegó que, de esa forma, se evitarán siniestros viales.
“Es un verdadero mamarracho; votan apurados, como siempre, para favorecer la inversión inmobiliaria especulativa, sin pensar en un desarrollo integral de la ciudad y sin importar qué se daña o qué no se respeta”, fustigó Pereira.
A su vez, Urdangaray cuestionó al Partido Nacional por continuar “la vieja práctica” de excepciones promovidas en las administraciones del exintendente Enrique Antía. Tras exponer largamente sobre “los peligros” que se avecinan con el nuevo fraccionamiento, consideró “bochornoso” que Abella impulse más excepciones basado en que ya había otras en la zona.
Red APA cuestiona la falta de planificación e insiste en veda cautelar
Integrantes de la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores (APA) siguieron el debate desde la barra, con la esperanza de que el plenario tuviera en cuenta su pedido de suspender la aprobación de fraccionamientos hasta que se apruebe el Plan Local de Ordenamiento Territorial.
Ricardo Flores, uno de los que permanecieron hasta la medianoche, manifestó a la diaria su desazón por el resultado y cargó contra los ediles oficialistas. “Se presentan como salvadores del desarrollo, queriendo sacar una tajada política, sin mirar el impacto del proyecto a largo plazo”, señaló. En su opinión, esta “mirada unilateral” requiere “la insistencia” de la sociedad civil organizada.
Deborah Díaz, quien participó en la reunión de semanas atrás en la Junta Departamental, cuestionó que no se haya tenido en cuenta la veda cautelar solicitada y que “no se vean los impactos acumulados” de los diferentes fraccionamientos. En diálogo con la diaria, no solo observó los aspectos ambientales; también advirtió de la carencia de servicios para asumir las nuevas urbanizaciones, como la “falta de saneamiento, cortes de luz, emergencias y bomberos que faltan en la localidad”.
A su juicio, lo más grave es que “no hay un plan y se siguen aprobando proyectos”, mientras los técnicos que deberían enfocarse en el plan de ordenamiento territorial son asignados a estudiar los PAI. “Están apurando proyectos antes de que salga el plan. Así no hay desarrollo sostenible, sino réditos económicos para los desarrollistas y las inmobiliarias”, sentenció Díaz.
