El diagnóstico multidisciplinario y participativo en el que se basará el Plan de Salud Mental de Maldonado, a partir de 2027, detectó registros clínicos parciales de pacientes en centros de salud, lo que dificulta generar un seguimiento, y menor presencia de prestadores de salud y otros servicios en zonas del oeste y norte del departamento, indica el documento al que accedió la diaria. Estos hallazgos fueron presentados por la Dirección Departamental de Salud de Maldonado del Ministerio de Salud Pública (MSP), el pasado 30 de octubre, en el Centro Universitario Regional Este (CURE).
La elaboración del diagnóstico comenzó en febrero e implicó un proceso de trabajo colectivo que reunió a instituciones públicas, prestadores de salud, organizaciones sociales, equipos técnicos, referentes territoriales y actores de la comunidad, para conocer la realidad de salud mental en el departamento. Durante la presentación, participaron grupos de investigación del CURE que aportaron al intercambio y a la reflexión sobre los resultados.
En las zonas oeste y norte del departamento se identificó una “menor presencia de servicios y mayores dificultades de acceso [a la salud mental]”, debido a una “distribución territorial desigual de los recursos [prestadores, equipos y dispositivos]”, concentrados mayormente en Maldonado y San Carlos. Incluye la falta de disponibilidad de transporte, áreas con ofertas parciales o discontinuas y las distancias, según detalla el documento.
Registros parciales y menor presencia de servicios en oeste y norte
El diagnóstico evidenció fragmentación de la información, debido a que los registros clínicos, administrativos, educativos y sociales se producen en múltiples instituciones y niveles, “con lógicas, formatos y categorías que no siempre son compatibles”, por lo que “difulta la reconstrucción integral de las trayectorias, la continuidad de los cuidados y la comprensión de las necesidades territoriales”, indica el documento.
A su vez, cada institución registra una parte de la trayectoria, en base a sus objetivos, criterios y tiempos, “lo que genera vacíos de información y dificulta una visión integral”. De hecho, explica que situaciones como las crisis agudas “adquieren mayor reconocimiento institucional”, mientras que las problemáticas duales, las necesidades de apoyo, el aislamiento o las violencias “quedan insuficientemente registradas”. Esto, según señala, produce dificultades de seguimiento y la articulación entre niveles.
Entre las necesidades, se detectó la falta de un dispositivo público especializado e integral para patologías duales, por lo que “se requieren alternativas residenciales con apoyo y acompañamiento comunitario intensivo que actualmente están ausentes o son muy limitados”. Además, los egresos de internación, el seguimiento posterior, la integración sociolaboral y la continuidad en la vida comunitaria “presentan apoyos insuficientes, generando riesgos de recaídas, desvinculación y nuevas situaciones de vulnerabilidad”.
Desigualdades socioeconómicas e inestabilidad laboral
Otros puntos identificados están vinculados con las desigualdades socioeconómicas, la inestabilidad laboral y las dificultades de acceso a vivienda, tensiones que inciden en “las posibilidades de arraigo, bienestar, pertenencia y sostenimiento de las trayectorias vitales”, indica el diagnóstico. A su vez, se le suma la fragilidad de lazos sociales ante el constante crecimiento demográfico (entre 2011 y 2023, la población departamental creció un 23,7%).
Según indica, la presencia de viviendas turísticas, segundas residencias y usos temporales “configura una tensión entre disponibilidad habitacional y acceso efectivo a vivienda estable”, lo que deriva en la falta de continuidad residencial, la integración barrial, la previsibilidad familiar y los procesos de cuidado. En tanto, la estacionalidad y volatilidad laboral “introducen incertidumbres que atraviesan la organización económica de los hogares, las posibilidades de planificación y la estabilidad de las condiciones de vida”.
Entonces, concluye que las condiciones materiales, sociales y comunitarias “intervienen en la producción de bienestar y sufrimiento psíquico”, y que se debe comprender que las demandas de salud mental “exigen reconocer estas relaciones, sin reducirlas a características individuales ni establecer causalidades automáticas”. Asimismo, “requieren respuestas sanitarias, sociales, educativas y comunitarias articuladas”, y reconocer la complejidad de las situaciones de malestar “permite superar la concentración de las intervenciones en el ámbito clínico, sin desconocer su importancia”.
