la diaria Maldonado › Política

Junta Departamental de Maldonado (archivo, setiembre de 2026).

Foto: Natalia Ayala

Junta aprobó excepciones para barrio privado en Piedras del Chileno y revalidó permiso para construir una torre en Punta del Este

El debate entre el oficialismo y la oposición evidenció las visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo urbano y la política de concesiones al capital privado en Maldonado.

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Con votos del Partido Nacional, la Junta Departamental de Maldonado aprobó, este lunes 16, excepciones a la normativa para desarrollar el barrio privado Verdes de la Ballena, proyectado en un padrón de 7,5 hectáreas que se extiende desde la ruta 10 –entre las calles Carlos Páez Vilaró y Puntas del Chileno– hasta la playa Cantamar, en Piedras del Chileno.

De este modo, habilitó a fraccionar una manzana de 52.000 metros cuadrados en una zona donde el tamaño máximo permitido a tal fin es de 40.000 metros cuadrados. El terreno será dividido en 31 lotes “con dimensiones variables superiores a los 1.000 metros cuadrados” para la construcción de viviendas en régimen de propiedad horizontal con áreas de amenidades, indica el expediente al que accedió la diaria.

La propuesta es una versión modificada del masterplan presentado en julio de 2024 por Gonzalo Puceiro, en representación de Estudio Gómez Platero, y es complementaria del proyecto Cantamar, que implica la construcción de cinco edificios en un predio lindero y que espera habilitación del Ministerio de Ambiente (MA).

En cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial, el desarrollista “cederá los 150 metros de la faja costera, el 10% de área contra la ruta y una faja de 8,50 metros de ancho para permitir accesibilidad a la costa”, señala el expediente.

Según la resolución de la IDM que determinó el pase del asunto a la junta, el proyecto deberá contar con autorización ambiental previa del MA y el desarrollador tendrá un plazo para “cumplir con las exigencias impuestas, bajo apercibimiento de caducidad y sin derecho a indemnización”.

Los barrios privados y la “norma De los Santos”

Al tiempo que el Partido Colorado no estuvo en sala, desde la bancada del Frente Amplio solo habló el edil Juan Urdangaray. Manifestó su postura contraria a los barrios privados, sobre todo si están sobre la costa, aunque reconoció que estos temas dividen a su fuerza política.

Para el caso, cuestionó que el futuro barrio “impedirá el paso público costanero” y obligará a los no residentes a desviarse por un camino lateral a la ruta para llegar a la playa. Si bien el desarrollista cederá 8,5 metros para “facilitar la accesibilidad”, Urdangaray recordó que se trata de “media calle” y que, para completar los 17 metros habrá que esperar a que el vecino fraccionamiento Cantamar destine otros 8,5 metros.

Por eso, consideró que ambos proyectos debieron tratarse en conjunto, sobre todo el contexto de elaboración del Plan Local de Ordenamiento Territorial para Punta Ballena y su microrregión.

Desde la bancada oficialista habló el edil Pablo Chalar, quien cuestionó “el relato” del FA y recordó que la normativa vigente en Piedras del Chileno fue aprobada durante la administración del exintendente frenteamplista Óscar de los Santos. Chalar dijo que, si el inversor no hubiera pedido esta excepción, estaría habilitado por “la norma De los Santos” a desarrollar “dos barrios privados” en lugar de uno y a construir “edificios de hasta ocho pisos” sin pedir excepción alguna.

“El Partido Nacional, que en aquel período votó en contra, hoy trata de ordenar para evitar un bochorno, un impacto ambiental mayor y tratar de emprolijar la ‘normativa De los Santos’. Los problemas no los generan los privados sino una normativa sancionada de manera increíble, vaya a saber por qué”, furtigó.

Revalidación de excepciones para Esteño Península

Por otra parte, la Junta Departamental de Maldonado revalidó un permiso de construcción para el edificio Esteño Península, que se implantará en la esquina de las calles 21 y 24, a una cuadra de la de la feria artesanal de Punta del Este. Se trata de una torre gestionada por el arquitecto Leonardo Noguez en representación de Dafewor SA (Campiglia Construcciones), que ya se vende en pozo con fecha de entrega para setiembre de 2029.

Por el FA, que votó en contra, habló una vez más el edil Urdangaray para remarcar que se trata de la segunda reválida del permiso de construcción y “la tercera vez que el legislativo le da anuencia al expediente desde 2021”. Luego cuestionó “la generosidad” del gobierno blanco con los desarrollistas, que podrán construir 36 metros de altura (planta baja más 12 pisos), en una zona donde la ordenanza permite 14 metros, y casi duplicar el factor de ocupación total (FOT) establecido por la norma.

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Desde el Partido Nacional, el edil Adolfo Varela retrucó: “¿Cuál es el problema de que se solicite una nueva reválida a la junta? ¿Tenemos que exigirles a los privados cómo tienen que hacer los proyectos, con todo lo que implica desarrollar una inversión de este tipo?”. El nacionalista naturalizó la solicitud, teniendo en cuenta “los millones de dólares” que insumirá el proyecto y las fuentes laborales que generará.

Luego defendió la postura oficialista de “modificar determinados factores porque es para donde va el rumbo”, y acompañar “la voluntad del privado y del mercado” teniendo en cuenta, además, que “en otros países hay zonas liberadas” para los inversores y que “en Montevideo y Canelones se habilita cualquier cosa”.

A su turno, el nacionalista Iduar Techera dijo que le “llama poderosamente la atención” que el FA “se diga del lado de los trabajadores, pero vote en contra de los proyectos” y “ponga un palo en la rueda al inversor que es el que genera el trabajo”.

Urdangaray intervino nuevamente para señalar que la bancada opositora “está del lado de las normas, hechas para que se respeten. Maldonado y Punta del Este no son zonas liberadas para que cualquier privado haga lo que quiera”, dijo, aunque manifestó su postura favorable a revisar la normativa.

“El territorio cambia excepción tras excepción desde hace diez años y parte del cambio del territorio es porque los privados avanzaron sobre zonas con alto valor desde el punto de vista paisajístico y ambiental. Es hora de empezar a poner las reglas claras, que es lo que caracteriza a este país como lugar seguro para las inversiones”, concluyó.

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