Tras una reciente investigación de la diaria , que evidenció el ingreso de medio centenar de militantes o familiares de autoridades del Partido Nacional (PN) en la Intendencia de Maldonado (IDM), la Mesa Política del Frente Amplio (FA) departamental declaró su “total reprobación a esas contrataciones que violan flagrantemente la Ley [20.451]”.
En un comunicado público divulgado este lunes 2, la oposición recordó que el artículo 4° de la citada ley habilita las contrataciones directas extraordinarias “por razones fundadas de idoneidad, cosa que la IDM no hizo”. Por consiguiente, el FA expresó su “más enfático rechazo a las prácticas clientelares que buscan favorecer y privilegiar a personas por ser militantes, familiares, amigos o correligionarios de jerarcas del Partido Nacional”.
En un tercer punto, aseguró “que seguirá denunciando estas prácticas en todos los ámbitos institucionales correspondientes a efectos de que se cumpla la ley”, para garantizar que todos los maldonadenses tengan igualdad de oportunidades para acceder a la función pública en la Intendencia de Maldonado.
Abella “mantiene la política clientelar”, dijo Millán
La abogada Marie Claire Millán, vicepresidenta de la Mesa Política departamental del FA, recordó, entrevistada por la diaria, que la Ley 20.451 fue votada en el parlamento por unanimidad “con el objetivo de acotar las designaciones directas por parte de los intendentes”.
Enfatizó que “el espíritu” de la ley es que los ingresos a la función pública sean por concurso o por sorteo y que, en su artículo cuarto, habilita a un intendente a recurrir excepcionalmente a designaciones directas solo por razones fundadas de idoneidad. “Por más que el intendente Miguel Abella diga que la cumplió, en los hechos eso no sucedió. Vemos que la inmensa mayoría de las personas que integran esa lista son militantes y amigos, y viola totalmente la ley”, dijo Millán.
La dirigente subrayó que esta “denuncia” se suma a otras que el FA realizó desde que el exintendente Enrique Antía asumió en 2015. “El PN lleva adelante una política clientelar, independientemente de quien sea el intendente”, sostuvo.
La Mesa Política departamental del FA evaluará próximas acciones sobre este tema en la sesión del jueves 5, con el ánimo de “garantizar el cumplimiento de la ley”. En carpeta está solicitar una reunión al sindicato de funcionarios municipales de Maldonado (ADEOM) para “profundizar en el análisis” del caso y “ver qué pasos seguir”.
Los argumentos de la comuna y la objeción opositora
Tras un pedido por ley de acceso a la información pública, planteado ante la IDM, la diaria obtuvo la nómina de personas designadas en forma directa por el intendente Abella y constató que se trata de militantes, familiares de alcaldes o de jerarcas del partido gobernante y también del sector ojedista del Partido Colorado, aliado de los blancos en las elecciones departamentales de 2025.
El medio solicitó a la comuna los informes que acrediten la idoneidad de cada una de las personas contratadas, además del detalle de las tareas asignadas y la fundamentación de que se trata de servicios “imprescindibles” para el desempeño de la gestión de la administración, como alegó el intendente en la resolución de los nombramientos que firmó en marzo de este año.
Por respuesta, la IDM remitió una actuación del expediente en la que el prosecretario, Martín Hualde, sostiene genéricamente que se requiere personal para los escalafones de servicios auxiliares, obreros, profesionales universitarios y administrativos, y considera que son funciones “imprescindibles” e “impostergables”.
También de forma genérica, el jerarca alegó que, como “no se cuenta con listas de prelación vigentes para estas tareas específicas [que no especificó], no es posible viabilizar los reemplazos a través de las mismas con el perfil requerido en el escalafón correspondiente”.
No obstante, el vicepresidente ADEOM, Federico Gauna, aseguró que los argumentos de Hualde no son de recibo.
“Por lo menos en el escalafón administrativo, al que entraron varias personas a dedo, había lista de prelación y, de hecho, se había usado para otros ingresos” en esta administración, dijo el dirigente. A su juicio, los argumentos del prosecretario –a cuya lista 20 pertenecen varios de los contratados– son “biru biru, entre otras cosas, porque no se hizo ninguna evaluación de idoneidad”.
Conrado Hughes: un caso “clarísimamente violatorio” de la ley
“Lo que ha ocurrido en Maldonado es clarísimamente violatorio del artículo 1°” de la Ley 20.451, sostuvo el contador Conrado Hughes, exmilitante blanco y funcionario de gobierno en los años 80 y 90, al analizar el caso como panelista del programa Esta boca es mía, que emite Teledoce, la semana pasada.
Tal artículo exige que el ingreso a las intendencias se realice “mediante concursos públicos y abiertos, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”, leyó. Luego, remarcó que la medida de Abella “tampoco está amparada por el artículo cuarto, que habla de idoneidad”.
Del programa participó el diputado Joaquín Garlo, representante del Frente Amplio por Maldonado y corredactor de la ley, quien reafirmó su convicción de que estos ingresos son ilegales y que “las prácticas clientelares del PN en Maldonado deben ser erradicadas”.
Tras acceder a la investigación de la diaria, el 21 de octubre, el legislador dijo al medio que “la fundamentación genérica” planteada por la IDM “no es verdadera” y “se está utilizando para un clientelismo político que le hace mucho daño a la institucionalidad”. En la misma línea se expidió la semana pasada, entrevistado por la diaria Radio.
