Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio (FA) por Maldonado, cuestionó al Partido Nacional (PN) gobernante en el departamento por las contrataciones directas de militantes que el intendente, Miguel Abella, concretó invocando el artículo cuarto de la ley de ingresos a las intendencias (20.451), según determinó una investigación de la diaria a partir de un pedido de acceso a la información pública.
El legislador remarcó que el citado artículo “establece la vía de la contratación directa como una excepción extraordinaria que requiere, de manera indispensable, fundamentaciones claras y probadas de idoneidad”. En este caso, la Intendencia de Maldonado (IDM) “no fundamentó la idoneidad de las personas contratadas y tampoco se puede recurrir a fundamentaciones genéricas. Por lo tanto, las contrataciones son claramente ilegales”, dijo a la diaria.
A su juicio, “el ejemplo más burdo” es la contratación de los militantes Diego Machado y Fabián Suárez, quienes ingresaron al Departamento de Turismo y pasaron en comisión a prestar funciones en el despacho del diputado blanco Diego Echeverría.
Garlo enfatizó que las contrataciones excepcionales se habilitan únicamente para prestar funciones en el gobierno departamental, por lo cual entiende que esa situación “es la más elocuente respecto al uso indebido” del mecanismo establecido en el artículo cuarto.
Sobre esa base, el diputado afirmó que “la fundamentación genérica” planteada por la IDM “no es verdadera” y “se está utilizando para un clientelismo político que le hace mucho daño a la institucionalidad”.
Defensa de la Ley 20.451
Por otra parte, mientras que el vicepresidente de Adeom Maldonado, Federico Gauna, opinó que la ley aprobada el año pasado “vino a lavarle la cara al clientelismo político” de los intendentes, Garlo la defendió.
“No es cierto que sea una herramienta para la discrecionalidad absoluta de los gobernantes, sino que habilita un mecanismo extraordinario que se debe ajustar a lo establecido, cosa que en el caso de la Intendencia de Maldonado no sucedió”, sostuvo.
En esa línea, opinó que la “colocación a dedo de familiares, amigos y militantes del PN, por la sola razón de serlo, es inadmisible”. “Debemos desterrar esta práctica de Maldonado de una vez por todas”, advirtió, para señalar que vulnera el derecho de todos los ciudadanos a “acceder a la función pública en pie de igualdad a través del concurso o el sorteo, que es el principio general que establece la ley”.
Acciones desde la Junta Departamental
El diputado solicitó a ediles de su partido que insistan con los pedidos de informes que presentaron a la IDM por este tema y que evalúen las medidas de contralor político e institucional que correspondan dentro de la Junta Departamental.
En ese sentido, el edil Pablo Cicero recordó a la diaria que en dos oportunidades solicitó al Ejecutivo “todas las actuaciones del expediente” sobre estos ingresos y que nunca recibió respuesta, por lo cual planea presentar un pedido por ley de acceso a la información pública.
Basado en la investigación realizada por este medio, opinó que en este caso no existe una fundamentación válida en cuanto a la idoneidad de las personas contratadas ni un detalle de cuáles son las tareas “imprescindibles e impostergables” que, según el prosecretario Martín Hualde, motivaron los nombramientos.
Cicero también respondió al edil blanco Adolfo Varela, quien durante una rueda de prensa realizada el martes en oportunidad de la sesión ordinaria de la Junta, consideró que se debería investigar lo que ocurre en intendencias como las de Montevideo y Canelones, donde gobierna el Frente Amplio.
“Es un intento de desviar la discusión de fondo. Seguramente aplican la misma ley, porque es para todas las intendencias, pero no sé si sucede lo mismo que acá. No he visto ninguna denuncia de ediles de la oposición de esos departamentos, por lo cual entiendo que los nombramientos allí están debidamente fundamentados o los ediles no están haciendo bien su trabajo”, indicó.
En cualquier caso, consideró que si un intendente contrata personas que no sean aptas para cumplir tareas fundamentales, “está mal”, independientemente del partido al que represente.
Por otra parte, Cicero cuestionó que la administración de Abella se haya negado a ampliar los cupos de Uruguay Impulsa en el departamento, como solicitó el FA, alegando falta de créditos. “Para esta herramienta que da oportunidades laborales y capacitación a personas en situación de calle nos respondieron que no había presupuesto, pero sí lo hay para 50 cargos de personas directamente vinculadas al PN”, cuestionó.
Por último, señaló que cuando obtenga la información oficial, seguramente se reunirá con Adeom para analizar y determinar qué pasos seguirá. Además de la nómina de los ingresos por el artículo 4, solicitó “todas las actuaciones administrativas relacionadas con estos ingresos”. “Si no viene la fundamentación de las tareas y la idoneidad de los contratos, se confirmará que no los hay”, concluyó.