El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado mantuvo una audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tras la denuncia de trabajadores peruanos por “acoso y hostigamiento laboral” por parte del dueño de la empresa Wasi, y otras irregularidades laborales. Participaron los delegados del centro de trabajo, el secretario nacional de Relaciones Laborales del Sunca, Marcelo Cardozo, una funcionaria del MTSS y abogados de las empresas Criba SA y Wasi.
El delegado del centro de trabajo y vicepresidente del Sunca en Maldonado, Yhonattan Rodríguez, informó a la diaria que durante la instancia, cumplida la semana pasada, se ratificó la situación de tres trabajadores peruanos que fueron “cesados”; uno durante su licencia el pasado 9 de enero y otros dos el 16, tras la denuncia realizada. Además, señaló que los trabajadores “fueron expulsados de la vivienda alquilada [por el propietario de la empresa Wasi, Manuel Otero]”.
Si bien quedaron reintegrados a la obra con un nuevo contrato firmado antes de la audiencia, los delegados debieron dejar constancia de la situación y, a su vez, reclamar una “solución habitacional”. Hasta el momento no han podido regresar a la vivienda, por lo que “se encuentran viviendo de forma provisoria en la casa de un compañero de la empresa Criba”.
Rodríguez indicó que el sindicato “exigió al MTSS que, en caso de no restituirse el alojamiento original, Wasi ‘debe alquilar otra casa bajo las mismas condiciones que las otorgadas al resto de los trabajadores peruanos'”.
Por este motivo, el MTSS solicitó que haya una reunión bipartita durante esta semana entre las empresas Criba -contratista principal del complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino en el exhotel San Rafael-, la subcontratada Wasi y los delegados del Sunca de Maldonado. El objetivo es que los trabajadores “sean reubicados de forma urgente”, ya que “la empresa debe ofrecer la solución habitacional”.
Ante la revisión ocular solicitada al MTSS, el organismo indicó que “no se detectaron irregularidades en cuanto a condiciones precarias de vivienda” y, en relación con la denuncia presentada por el empresario contra delegados sindicales de la obra, Rodríguez afirmó que “se espera concurrir a declarar y pedir las definiciones necesarias”. El sindicalista sostuvo que estos empresarios “no deberían dirigirse más a ningún trabajador ni estar al frente de tareas, porque no están a la altura de las circunstancias”.
Faltantes salariales y próxima audiencia en Dinatra
Durante la audiencia ante la Dinatra, también se reclamó por los “faltantes de haberes correspondientes a 2025, previstos en el convenio colectivo” que, según mencionó Rodríguez, fueron constatados en los recibos de sueldo de los trabajadores extranjeros. Estos incluyen el Fondo de Cesantía y Retiro (Focer), tickets de alimentación, tiempo de espera por lluvia, feriados y compensaciones por transporte.
“Se hizo responsable a la empresa madre Criba, quien debe responder por las irregularidades que incumple el subcontrato, [en este caso, Wasi]”, explicó, y agregó que “en reiteradas ocasiones se ha denunciado que las empresas subcontratadas intentan violar el convenio colectivo al brindar presupuestos que no cubren las pautas salariales que se tienen como empresa de la construcción”.
El MTSS “ratificó que los haberes impagos y no hubo objeciones, porque los faltantes están reflejados en la documentación presentada por los trabajadores”, afirmó Rodríguez.
Para resolver esta situación, se fijó una nueva audiencia en la Dinatra para el 11 de febrero, aunque el sindicato espera que haya avances en la reunión bipartita. En caso contrario, “no se descarta convocar a una asamblea para decidir [medidas] entre todos los trabajadores”, aseguró el dirigente.
Asimismo, se solicitó cumplir con lo establecido en el artículo 14 del convenio colectivo del sector de 2013, tanto para trabajadores extranjeros como uruguayos. Según indica el convenio, en los casos de fallecimientos de trabajadores por accidentes laborales, la empresa que los contrató “actuará como agente de retención y, en función de esto, descontará al trabajador una hora trabajada de su salario”, con cargo al mes en que se produjo el fallecimiento. El monto recaudado será destinado con el fin de “auxiliar” a la familia del trabajador fallecido por dicha causa.
Rodríguez advirtió que, “en caso de no regularizarse [la situación], se procederá a realizar la denuncia a nivel judicial”, ya que este descuento de carácter “obligatorio” es autorizado por los trabajadores cuando completan la planilla de afiliación al sindicato. En caso de que “la empresa no efectúe el aporte, hay una apropiación ilícita, ya que los fondos recaudados deben ser volcados a los familiares”, aseguró.