En el marco de los 14 años de la inauguración de la Unidad 13 (Las Rosas) de Maldonado, el edil del Partido Nacional (PN) Javier Sosa expuso sobre la situación actual de la cárcel, durante la sesión de la Junta Departamental, el pasado 24 de marzo. Sosa calificó la realidad del establecimiento como “compleja” y resaltó que tiene “impacto en la seguridad pública, la operativa, las condiciones sociales, la salud, la convivencia y el desarrollo del departamento”.
A su vez, sostuvo que la unidad “dejó de ser departamental para convertirse en una cárcel regional”, lo que implica un “colapso del sistema carcelario y riesgo de concentrar población penitenciaria de otros departamentos”, algo que ya se había advertido en 2010 durante un plenario de la Junta Departamental, según Sosa.
En referencia al contexto nacional, el edil señaló que el sistema carcelario uruguayo alberga a unas 16.000 personas privadas de libertad y, según el informe anual 2024 presentado por el excomisionado penitenciario Juan Miguel Petit, la Unidad 13 (Las Rosas) alojaba entonces a 1.133 personas privadas de libertad, pese a “haber sido diseñada para 600 plazas”, afirmó.
En este contexto, opinó que “mientras se proyectan dos cárceles de máxima seguridad, hay unidades como Las Rosas con sobrepoblación”, por lo que cuestionó: “¿Quién está asesorando en esta materia?” y “¿cuál es la mirada integral del sistema?”. Cabe informar que la creación de estas cárceles fue anunciada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante su discurso ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo.
Denuncia falta de funcionarios de la Dinali
El edil dijo que en la cárcel de Las Rosas “persisten las dificultades” señaladas en el último informe del comisionado parlamentario, como la “sobrepoblación estructural” y las condiciones edilicias “inadecuadas” de alojamiento, en particular, en el sector femenino. A su vez, explicó que otro problema es que en el departamento de Maldonado “hay solo dos funcionarios de la Dinali [Dirección Nacional de Apoyo al Liberado]” para atender una realidad “compleja y creciente” respecto de las personas egresadas oriundas de otros departamentos.
Considera que este organismo cumple un rol “fundamental” en acompañar a las personas liberadas, brindar herramientas y facilitar la transición entre la privación de libertad y la reinserción social. Sin embargo, advirtió que tareas como contactar familiares, coordinar traslados y facilitar el retorno al lugar de origen “muchas veces no ocurren, ya sea porque la liberación sucede en horarios en los que no hay personal, no se logra la coordinación o la estructura no alcanza para cubrir esa situación”.
Como consecuencia, explicó que los egresados “permanecen en Maldonado, sin recursos, sin vínculos, sin alojamiento y sin ningún tipo de apoyo”, y agregó que “la mayoría queda en situación de calle, lo cual deja de ser un problema individual para convertirse en uno social”, al tener que “depender de refugios, comedores y servicios sociales”. Esto, a su vez, “aumenta la presión sobre las estructuras que ya están exigidas, la intervención policial y el riesgo de reincidencia”, afirmó Sosa.
De acuerdo con datos a los que accedió, “de cada diez liberados provenientes de otros departamentos, tres permanecen en Maldonado y la mayoría en situación de calle”, una realidad que, según remarcó, “no debe naturalizarse”. Por otra parte, informó que, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental, en octubre pasado se le solicitó al Instituto Nacional Rehabilitación la posibilidad de visitar la Unidad 13, con el objetivo de “conocer la realidad del establecimiento”, que “fue autorizada hace pocas horas”.