Vecinos del Camino Sainz Martínez, que une José Ignacio con la ruta 9, llevan semanas denunciando la existencia de un enorme vertedero a cielo abierto que crece sin control, al menos desde enero pasado, en el punto conocido como Cantera de Tejera. A través de una cuenta en Instagram presentan fotografías y videos que evidencian cómo el espacio, presuntamente habilitado como “punto verde”, es depósito de todo tipo de basura arrojada por camiones y vehículos particulares.
Paralelamente, han enviado dos notas dirigida al alcalde Nazareno Lazo y a los concejales del Municipio de Garzón y José Ignacio para reclamar soluciones. La última fue enviada el 23 de marzo pasado, por respuestas ante la “situación nefasta” que genera el volcado de basura “de cualquier tipo” en la antigua cantera. Según sus datos, la basura, que en su mayoría se compone de residuos orgánicos y plásticos, proviene de varios municipios.
En la nota, los vecinos cuentan que días antes habían comenzado a recolectar firmas para reforzar su reclamo, pero como “el problema se agrava día a día”, resolvieron enviar solamente la nota con algunos registros fílmicos y videos.
Impactos negativos en la zona
En el texto dirigido al alcalde Lazo, los denunciantes exponen un listado de impactos ambientales que han detectado a simple vista. Afirman que la dispersión de bolsas plásticas está contaminando el entorno, en particular el arroyo José Ignacio, que se ubica a 800 metros del lugar, en proximidades a un área protegida. Advierten, asimismo, que “los bovinos van a empezar a morir por la ingestión de bolsas”.
También señalan que están siendo “invadidos” por roedores, moscas y “olores nauseabundos”, que no solo genera preocupación en quienes viven en las inmediaciones, sino también en la comunidad de la escuela 55 de Costas de José Ignacio, ubicada a unos 450 metros del vertedero, por la insalubridad que todo esto representa. Suman al listado su inquietud por la llegada de hurgadores, “gente que no es de la zona”.
“Estamos ensuciando uno de los corredores turísticos más importantes del país, elegido por la ecología y la naturaleza”, mencionan en otro punto. De hecho, plantean que “se otorgue un fin turístico” a la Cantera de Tejera, donde se puedan realizar “actividades deportivas y ecuestres, y los vecinos comercialicen artesanías y productos locales”. Proponen que el lugar se integre al Arco del Sol como un punto previo al acceso a sitios turísticos, como las bodegas o el Pueblo Garzón.
Por último, manifiestan su “confianza” en la “cercanía” con las autoridades municipales para encontrar una “pronta” solución al problema y en la protección del espacio “entre todos”. Una nota similar había sido enviada a las autoridades locales a principios de marzo. Esa misiva añadía que en su paso al vertedero los camiones van perdiendo bolsas que se acumulan al costado del camino. Pero no hubo respuesta oficial.
Pedido de informes desde la Junta
Algunos vecinos se contactaron con el edil frenteamplista Leonardo Moreira (El Abrazo), quien días atrás cursó un pedido de informes a la Intendencia de Maldonado, junto a sus colegas de bancada Rosmari González y Jorge Pieri. Las consultas van dirigidas, en particular, a la Dirección General de Higiene Ambiental.
Tras resumir las inquietudes de la comunidad, preguntan cuál es el destino oficialmente autorizado para el padrón rural Nº 28.274, qué tipo de residuos está habilitado a recibir ese predio y bajo qué normativa. También piden información en cuanto a qué controles realiza la Dirección de Gestión Ambiental sobre el tipo de residuos depositados y, si se han realizado inspecciones, que le remitan los informes técnicos.
Además, preguntaron si “ha intervenido o se ha dado participación” al Ministerio de Ambiente con relación al uso actual del predio y si existen estudios de impacto ambiental o evaluaciones previas a ese uso. “¿Se ha considerado el riesgo de contaminación del arroyo José Ignacio y de las napas subterráneas? ¿Se ha evaluado la afectación del humedal y la cañada existente en la zona?”, consultan más adelante.
Por último, los ediles requieren información sobre las medidas adoptadas para evitar la dispersión de residuos durante su transporte, si se han evaluado los posibles impactos en la salud de la población y, en particular, de la comunidad de la escuela 55, y qué acciones “correctivas o preventivas” se prevén ante la situación denunciada.