“El paradigma de las excepciones de [Enrique] Antía y el Partido Nacional sigue dando que hablar”, comentó el diputado frenteamplista Joaquín Garlo en su cuenta de X tras saber que la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) ordenó detener la construcción del edificio Delamar Lofts a raíz de una denuncia vecinal por irregularidades en las obras.
El legislador, quien en su anterior rol como edil en la Junta de Maldonado trabajó junto con organizaciones vecinales para anular la autorización de este proyecto ubicado en La Barra, declaró a la diaria que la situación “es grave” y que el accionar de la IDM “debe ser muy contundente” en cuanto a las sanciones que correspondan frente a las transgresiones detectadas.
Para Garlo, el caso de Delamar Lofts es “uno más en las decenas” de construcciones irregulares que se constatan en Maldonado, generalmente advertidas por denuncias de vecinos. “Por eso el control ciudadano es tan importante: porque la intendencia no tiene la capacidad de llevar adelante los controles necesarios”, afirmó, tras recordar que la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley Orgánica Municipal ponen en el Ejecutivo esa responsabilidad.
Sin embargo, la gravedad del caso en cuestión radica en el incumplimiento de “los beneficios exorbitantes” que se le dieron al desarrollista Enrique Etchebarne: como la venta del pasaje peatonal por parte de la IDM, la concesión de un factor de ocupación total (FOT) que supera en un 160% lo permitido por la normativa de la zona, y la construcción de cuatro pisos en lugar de los siete metros de altura (planta baja más una planta) que habilita la norma, mencionó a modo de ejemplo.
A esto sumó un “la política exacerbada del Partido Nacional de convertir la excepción en la regla”. “Cuando eso sucede, se va generando también la sensación de impunidad de algunos desarrollistas; creen que pueden hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, y que no va a haber consecuencias”, apuntó. Por esto entiende que la administración de Miguel Abella debe “poner fin a la idea de impunidad” y aplicar “las sanciones pertinentes” para lo que definió como “un absoluto atropello al ordenamiento territorial y la normativa vigente”.
