Mientras arrecian las críticas del Partido Nacional a la reformulación del Plan de Universalización de Saneamiento resuelta por la administración de OSE, en Maldonado el presidente de la empresa pública, Pablo Ferreri, y el intendente blanco, Miguel Abella, avanzan en las negociaciones para concretar obras que quedaron fuera del fideicomiso de 55 millones de dólares aprobado en junio de 2024, necesarias para acompasar el crecimiento poblacional del departamento y proyectar los servicios a 30 años.
Ferreri, Abella y las autoridades de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE presentaron, el lunes 25, las obras de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de San Carlos que, afirmaron, será inaugurada a fines de 2028. El proyecto en marcha integra el paquete de diez obras de saneamiento y agua potable “prioritarias” que se financian mediante el fideicomiso firmado en diciembre entre la IDM y Fonplata, más un aporte de 5,5 millones por parte de OSE.
En la ciudad carolina, Ferreri adelantó que, a ese monto complementario del fideicomiso vigente (que se cubrirá con la denominada Tarifa 9 que la empresa cobra en la zona balnearia de Maldonado), OSE sumará cinco millones de dólares extra para el costo de operación y mantenimiento de la planta de San Carlos durante dos años, una vez que sea inaugurada. Con esto, la inversión para Maldonado en los próximos años rondará los 65 millones, dijo, para destacar que es una de las mayores inversiones del país en “infraestructura social”.
OSE y la UGD trabajan “en perfecta sintonía” para ejecutar las obras en curso y proyectar otras nuevas, acotó. Abella advirtió que “hay que ir por más”, y confirmó que ambos organismos trabajan con Fonplata para ampliar el fideicomiso, “por otros 55 millones de dólares, sin dudas”, dado que el actual solo cubre el 45% de la inversión necesaria.
El intendente apuntó a las obras que faltan en las zonas costeras y mencionó, a modo de ejemplo, los requerimientos del balneario Buenos Aires, que se encuentra en la jurisdicción municipal carolina y es uno de los de mayor crecimiento demográfico en el departamento.
La IDM reflota el proyecto de planta desalinizadora
En ese marco, el intendente informó que la IDM y OSE también evalúan la instalación de una planta capaz de potabilizar el agua de mar, un proyecto impulsado por el exintendente Enrique Antía durante sus dos últimos mandatos (2015-2025), que fracasó por falta de apoyo de distintos gobiernos (ver recuadro).
Esta planta “es muy necesaria para el departamento y nos urge para poder tener un crecimiento ordenado, prolijo y cuidando el medioambiente como corresponde”, sostuvo Abella momentos antes de finalizar su discurso y darse un abrazo con Ferreri.
No ofreció más detalles, pero en el verano de 2024 el entonces gerente de la UGD-OSE, Miguel Corbo, dijo a la diaria que una planta desalinizadora “es la única posibilidad de crecimiento para la zona de José Ignacio”. Vaticinó que, “sin esa solución”, habría “grandes problemas” de abastecimiento de agua potable “en dos o tres años” en la zona más esteña del departamento.
El proyecto de los técnicos de la UGD en la administración pasada apuntaba a instalar una planta que extraiga agua del océano Atlántico y la vuelque al sistema de Laguna Blanca a razón de 1.000 metros cúbicos por hora.
De acuerdo con ese plan, un primer módulo se ubicaría en el predio de la planta de Laguna Blanca, porque el de Laguna Escondida (la otra fuente para la zona) no cuenta con las dimensiones requeridas; otra opción para ubicar el equipo es “expropiar tierras más cerca del mar”.
La compra de la desalinizadora insumiría unos diez millones de dólares, a lo que se suman las obras civiles necesarias para la toma de agua y la conexión al sistema, estimó Corbo hace dos años y medio. La idea era instalar un módulo para luego ampliar el sistema, a medida que se generaran recursos.
Desalinizar: un proyecto de Antía y la comunidad israelita
La idea de instalar una planta desalinizadora fue promovida por el exintendente Enrique Antía junto con empresarios y expertos que le propuso el gobierno de Israel, proveedor del millonario sistema de videovigilancia a la IDM por intermedio de la agencia estatal Elbit Systems en 2016, a instancias de la comunidad israelita en Punta del Este.
En 2017 Antía viajó en misión a Israel y visitó una desalinizadora para conocer de primera mano esa tecnología; paralelamente, impulsaba en Maldonado conferencias de expertos de ese país en la temática. Aquel año, el exintendente apuró al gobierno de Tabaré Vázquez para que aprobara la viabilidad de instalar la planta a la altura de la parada 42 de la playa Mansa (Piedras del Chileno).
Sin embargo, una comisión de OSE –que integró la IDM por intermedio de la UGD– objetó numerosos aspectos del proyecto, sobre todo los vinculados a costos y ubicación. Dado ese revés, Antía recurrió directamente a Presidencia y entregó los detalles técnicos al titular de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que en aquel momento dirigía Carlos Colacce. Pero también fracasó.
“OSE no descartó la planta, pero marcó que se necesitan estudios profundos para evaluar su viabilidad entre otras alternativas. No hay que caer en el juego político del intendente –que tiene intencionalidades– ni en las presiones empresariales de quienes quieren colocar cuanto antes su planta”, dijo Colacce al semanario Brecha en noviembre de 2017.
El proyecto tampoco prosperó en la administración pasada, aunque Antía hizo ingentes esfuerzos para conseguir el aval de Luis Lacalle Pou, de su mismo partido político. Es que la propuesta cayó en medio del polémico proyecto Neptuno, una planta potabilizadora de agua que impulsaba el gobierno para instalar en Arazatí.
No por casualidad, el gerente de la UGD, Miguel Corbo, cuestionaba “la renuencia” del gobierno de coalición a avalar el proyecto de Antía. “El directorio de OSE no da corte, no se anima a meterse en más ruido que el generado con Arazatí”, evaluó el jerarca en declaraciones a la diaria.
Edgardo Ortuño, quien representaba al Frente Amplio en el directorio de OSE y hoy es ministro de Ambiente, coincidía con “la necesidad objetiva” planteada por la UGD para la zona más esteña del departamento.
Sin embargo, consideraba que no había que apurar la propuesta y que la definición de las obras debía sustentarse en “estudios y los respaldos técnicos que no se tuvieron en proyectos como Arazatí”, luego cancelado por el gobierno de Yamandú Orsi.
Ahora, el buen vínculo del intendente Abella con el mandatario, sumado al trabajo conjunto con OSE en la búsqueda de recursos para atender los requerimientos de José Ignacio mediante la duplicación del fideicomiso actual de obras, alienta la esperanza de la IDM en concretar el batallado proyecto de desalinizar.
