La sesión del directorio del Partido Nacional (PN) tuvo este martes como asunto principal la reformulación resuelta por la actual administración de OSE del Proyecto de Universalización del Saneamiento, diseñado por el gobierno anterior, que pretendía alcanzar a 61 localidades del país con una inversión aproximada de 422 millones de dólares. En una conferencia de prensa, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, cuestionó que, “una vez más, con los ojos en el espejo retrovisor”, el actual gobierno haya dado marcha atrás a un proyecto iniciado por el expresidente Luis Lacalle Pou.
Días atrás, las actuales autoridades de OSE informaron en la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados sobre los cambios previstos en el plan de saneamiento y mencionaron la existencia de un “descalce financiero de 260 millones de dólares”, debido a “errores” que fueron “encareciendo enormemente el proyecto”. El presidente de la empresa pública, Pablo Ferreri, apuntó además que las localidades incluidas en el proyecto “no se eligieron con ningún criterio técnico”.
Delgado señaló que el gobierno canceló el proyecto en 33 de las 61 localidades comprendidas originalmente, y apuntó que no hay una “fecha precisa” para el comienzo de las obras. Además, cuestionó que, “por un tema de costos”, el gobierno se haya concentrado en las capitales departamentales. “Tienen una visión muy centralista, a mi juicio muy injusta, con la población que vive en el interior; van a tener que dar la cara y explicar, porque no es un tema de recursos, es un tema de ese capricho refundacional que tienen”, afirmó.
Según Delgado, las razones económicas esgrimidas por OSE suponen una “excusa”, ya que “el proyecto estaba licitado, financiado, adjudicado y había empezado en muchas de las 61 localidades”. Para el excandidato presidencial, en el gobierno “están juntando recursos para priorizar otras cosas”, como la compra de la estancia María Dolores “o el tema, eventualmente, de la represa de Casupá, que todavía no tiene el estudio de impacto ambiental, o algunas otras erogaciones a las que se ha comprometido este gobierno y que le están demandando plata”.
Por su parte, el diputado nacionalista Juan Pablo Delgado, quien había denunciado demoras en la ejecución del plan e impulsó la convocatoria a la comisión, aseveró que OSE “está priorizando lo económico sobre lo social” y da “una imagen de darle la espalda nuevamente al interior profundo”.
“Hay un capricho de Ortuño en el tema Casupá”, afirmó diputado blanco
Durante la conferencia de prensa, asimismo, el diputado del PN Federico Casaretto se refirió a la decisión del gobierno de descartar la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en el departamento de San José, en el marco del denominado proyecto Neptuno. La semana pasada, OSE y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron un contrato de financiamiento para la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá.
En ese sentido, Casaretto expresó sorpresa por el acompañamiento del banco, “que ha sido a través de su historia exigente en las condiciones para firmar estos préstamos”. “Aquí no se le ha exigido el estudio de impacto ambiental; se está poniendo la carreta por delante de los bueyes”, alertó.
“La máquina aplanadora del gobierno se ha llevado por delante un proyecto que era el único que tenía estudio de impacto ambiental en Uruguay, que era el proyecto Arazatí”, afirmó; y cuestionó que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, no haya explicado “hasta el día de hoy” por qué se desestimó la toma de agua del Río de la Plata. “Hay un capricho del ministro Ortuño en el tema Casupá, en una cuenca de Santa Lucía que está por demás contaminada y que lo único que hace [la represa de] Casupá es embalsar esa misma agua”, señaló.