El subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Christian Di Candia, solicitó una reunión a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) ante el aumento de precios promedio de la vivienda promovida, para “discutir cómo se explica este crecimiento en solo un año”, y buscar “soluciones en conjunto”, según consignó en redes sociales.
Según divulgó El Observador, durante 2025, el precio promedio de las viviendas de un dormitorio fue de 123.551 dólares, el de las unidades de dos dormitorios se ubicó en 161.885 dólares, y el de tres dormitorios alcanzó los 279.432 dólares. En tanto, el promedio para los monoambientes se situó en 94.473 dólares. En promedio, representaron un aumento de 27%.
El presidente de la institución, Alfredo Kaplan, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que no recibieron los motivos de la convocatoria. Subrayó que mantuvieron un encuentro con la titular de la cartera, Tamara Paseyro, “hace poco más de un mes”, y le plantearon preocupación por la demora de los trámites, ya que la aprobación de los proyectos puede extenderse hasta un año. Dado que genera “desinterés de inversores y tiempos de espera innecesarios”, la propuesta fue que “si pasan una serie de meses –por decir algo, cuatro– y no hay ninguna observación, se apruebe de forma tácita”. También hablaron sobre nuevas zonas en las que el MVOT tendría el interés de desarrollar vivienda promovida, pero siguen esperando la respuesta.
En lo que respecta a la citación de Di Candia, Kaplan dijo sobre los precios que el problema radica en los costos, ya que “cuando uno vive en un país con costos caros, los precios también son caros”. Sobre las exoneraciones impositivas que reciben estos proyectos, admitió que “son importantes”, pero sostuvo que “sigue siendo caro”, y precisó que “más de la mitad del costo es mano de obra”, por tratarse de “salarios más que bien pagos”, mientras que el resto “depende de precios internacionales” en insumos como el hierro, la cerámica y la sanitaria, entre otros.
Por otro lado, subrayó que “la vivienda promovida cambió el mapa de la construcción” en el país. Aseguró que, antes de la ley, prácticamente no se construía fuera de Montevideo –más concretamente en los barrios de Pocitos, Punta Carretas, Malvín y Carrasco–, mientras que hoy se construye “en toda la zona costera”. Finalmente, opinó que quienes abordan el tema olvidan que “hay más de 60.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos mucho mejor pagos que en el resto de la actividad privada”, mientras se está en un momento en el que “cierran fuentes laborales”.
“Le diríamos al subsecretario lo mismo que le dijimos a la ministra: los monoambientes son apenas el 9% de las unidades construidas de vivienda promovida, y no es el objetivo de los desarrolladores”, acotó.
El debate por los monoambientes
Kaplan también abordó el proyecto de ley impulsado por la bancada de senadores frenteamplistas, fundamentalmente por el legislador Gustavo González, que entre otros puntos prevé aumentar la superficie habitable mínima permitida de 25 a 35 metros cuadrados. Dijo que “cualquier número es arbitrario” y, aunque se trata de “metrajes ajustados”, permiten “vivir en mucho mejores condiciones que en otro tipo de viviendas que se alquilan con problemas constructivos, de humedad y de todo tipo”.
Para Kaplan, en general la “vivienda promovida es vivienda para alquiler” y, más allá de la preocupación que expresó Di Candia respecto al precio, “se debería preocupar por el tema del alquiler”: “En general no hay compradores de vivienda promovida consumidores finales; lo que hay son inquilinos. Los que compran vivienda promovida en general son pequeños y medianos inversores que compran unidades para alquilar”, señaló.
En esa línea, aseguró que en los últimos diez años los alquileres en términos constantes “no han aumentado gracias al stock que representó la vivienda promovida”. Vinculado a las utilidades que generan los desarrolladores, agregó que, tal como le dijeron a Paseyro y le dirán a Di Candia, “la ANV tiene los balances de todos los desarrolladores inmobiliarios”, y corroborarlos permite “darse cuenta de que las ganancias son bastante razonables”.
Consideró que los precios de los alquileres actuales no son exagerados, sino que “condicen con la realidad del mercado”, aunque reconoció que “no es para cualquiera poder pagar ese alquiler”: “Normalmente, terminás un edificio de vivienda promovida y ves luces en todas las ventanas. ¿Qué significa eso? Que hay propietarios viviendo o hay inquilinos en el apartamento”, indicó.
Ante el argumento de que algunas de estas construcciones terminan siendo consultorios u oficinas, dijo que la ley lo impide y “en todos los reglamentos se permite solamente para casa habitación”. Por otro lado, sobre la posibilidad de limitar el precio de los alquileres, puntualizó que “toda regulación de precios provoca escasez”: “¿Quién subsidia al propietario que alquila una unidad y el Estado le dice que no puede alquilarla en más de determinado porcentaje de ingresos de los sueldos de quien la habita? No creo que el Estado en este momento pueda”, afirmó.