La Intendencia de Maldonado (IDM) logró desactivar un litigio judicial de casi una década con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), cuyo Consejo Directivo Central (Codicen) dejó sin efecto un juicio de prescripción adquisitiva que mantenía sobre una estratégica fracción de tierra en la zona de El Jagüel.
Con esta resolución, las tierras permanecerán definitivamente bajo la órbita de la comuna como un bien público departamental y municipal, informó este martes la IDM en un comunicado institucional. Esto garantiza la inmediata integración del padrón al proyecto del Eco-Parque Metropolitano del Humedal, añadió.
El conflicto se remonta al 1º de julio de 2014, cuando el Codicen encomendó iniciar acciones judiciales para reclamar la prescripción adquisitiva treintenal de una fracción del padrón 2572 de la localidad de Maldonado, predio donde funcionaba el anexo de la escuela agraria “Ingeniero agrónomo Dante Bianchi”.
La demanda formal se presentó en 2017 ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de sexto turno, con lo cual comenzó un litigio que se extendió por más de nueve años y que generaba incertidumbre sobre el destino de un área de alto valor ecológico y social.
Según la IDM, la situación se destrabó durante una reunión entre el secretario general, Álvaro Villegas, y el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, donde la comuna planteó la necesidad de preservar el área como espacio público protegido y solicitó el fin de la acción judicial. El pasado 26 de mayo, el Codicen dictó la Resolución 1326/026, aprobando por unanimidad el desistimiento del proceso judicial.
La fracción recuperada se encuentra incluida en un área de 11 hectáreas y 4.726 metros cuadrados. Al desactivarse el reclamo de propiedad por parte de la ANEP, el inmueble queda ratificado plenamente como dominio público departamental.
A partir de ahora, el predio formará parte de un abordaje integral del Eco-Parque Metropolitano del Humedal de los Arroyos Maldonado y San Carlos, en el marco de las políticas de conservación ambiental aprobadas por el decreto departamental 3931/2025.
El objetivo es transformar esta zona recuperada en un polo de protección ambiental, investigación y esparcimiento en convenio con el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República.
