El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) ratificó 1.208 observaciones formuladas sobre gastos que la Intendencia de Maldonado (IDM) reiteró de julio a setiembre de 2025, pese a haber sido advertida de que vulneraban disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) y de la Constitución. Según el acuerdo fechado el 24 de junio, al que accedió la diaria, los gastos que la administración de Miguel Abella ejecutó sin una fundamentación válida para el organismo suman 504,6 millones de pesos.
La amplia mayoría de las observaciones del TCR corresponde a órdenes ejecutadas sin contar con disponibilidad presupuestal: son 886, equivalentes a 310,3 millones de pesos. También figuran 215 observaciones por compras directas que superan el límite máximo establecido por el artículo 33 del Tocaf y que suman 96,1 millones de pesos.
Además, el TCR ratificó 54 observaciones por gastos “que no fueron ordenados previamente o sin orden de compra”, que totalizan 41,8 millones de pesos, incumpliendo el artículo 14 de la misma normativa. Otras 38 observaciones corresponden a gastos que se ejecutaron sin ser sometidos previamente a consideración del TCR, como exige el artículo 211 de la Constitución de la República; estos suman 51,8 millones de pesos.
“La IDM está fallando”, dijo Urdangaray
Para el edil frenteamplista Juan Urdangaray, quien analizó la documentación remitida recientemente por el TCR a la Junta Departamental, la cantidad de gastos observados en apenas tres meses revela “una debilidad de la IDM en la que es necesario profundizar”.
“La IDM está fallando, no es que el TCR observó gastos porque la administración no se dio cuenta. Son gastos ya observados por los contadores delegados, que la administración reiteró con fundamentos que no fueron de recibo para el TCR”, dijo a la diaria. “Tampoco es menor que haya gastos que ni siquiera fueron enviados al TCR para su evaluación previa”, agregó.
Con la intención de “ir a la raíz” de esas debilidades, Urdangaray cursó un pedido de informes a la IDM, en el que solicitó copia de todas las resoluciones del citado período, por las que Abella reiteró gastos antes observados por los contadores delegados; también requirió el número de cada expediente administrativo.
En cuanto a las compras directas, pidió número y expediente de cada resolución observada, objeto y monto individual de cada contratación, detalle de los proveedores contratados, y fundamentos jurídicos y administrativos por los cuales “no se implementó el procedimiento competitivo que correspondiera”.
Con respecto a las 54 observaciones por gastos sin orden previa, reclamó que informen sobre el concepto de cada gasto, proveedor y monto; preguntó por el jerarca que dictaminó el gasto y quién lo autorizó. Sobre el grupo de 38 actos que no tuvieron un control institucional previo, pidió saber “las razones de la omisión, monto de cada cado gasto y fecha en que se ejecutaron y pagaron”.
El llamativo caso del Municipio de San Carlos
Otro aspecto “muy preocupante”, a juicio del edil, son las 231 observaciones que el TCR ratificó por gastos reiterados en los diferentes municipios. En este caso, los gastos cuestionados superan los 28 millones de pesos durante el período julio/setiembre de 2025.
De acuerdo con la Resolución 1600/2026 del TCR, 128 observaciones corresponden al Municipio de San Carlos. Para la jurisdicción carolina hubo 45 reiteraciones de gastos por compras directas que superan el límite máximo establecido por el Tocaf y 13 por gastos que se ejecutaron sin orden previa.
Por esta razón, el edil también cursó un pedido de informes a las autoridades carolinas encabezadas por el alcalde nacionalista Luis Cima; la solicitud fue coordinada con la concejal y exalcaldesa Alba Rijo, aclaró.
