El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, socios en el gobierno de España, acordaron este martes un proyecto de Ley de Vivienda que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez enviará al Parlamento y que tiene como objetivo frenar el aumento del precio de los alquileres. Las dos partes cedieron en sus posturas para destrabar esta norma, que se negoció durante nueve meses, y de la que dependía, también, la aprobación de la Ley de Presupuesto para 2022.
Además del resultado de estas negociaciones se anunció otra medida para facilitar el acceso a la vivienda: un bono de 250 euros mensuales de ayuda, durante dos años, para los jóvenes que necesiten alquilar. Podrán solicitar ese beneficio quienes tengan entre 18 y 35 años y ganen menos de 23.750 euros anuales.
En cuanto a la ley, uno de sus componentes es un gravamen a la vivienda vacía. Una vez que esté aprobada y en vigencia, los ayuntamientos podrán aplicar recargos de hasta 150% al impuesto sobre bienes inmuebles a los apartamentos y casas que estén en desuso.
Al igual que esta medida, varias de las que están contempladas en la ley deben ser dispuestas por los gobiernos de las ciudades o las regiones, porque son estos los que tienen competencia en materia de vivienda. Algunas administraciones reclamaban una norma que las habilitara a adoptar esas decisiones, entre ellas la alcaldía de Barcelona y el Ejecutivo de Cataluña, que enfrentan una mayor suba de los alquileres que otras zonas de España.
Una comunidad autónoma que decida aplicarla podrá bajar por ley los precios de los alquileres de los “grandes propietarios” de viviendas. Esta fue una de las definiciones que discutieron el PSOE y Unidas Podemos, y acordaron que se considerará “gran propietario” a aquel que sea dueño de diez o más viviendas.
El PSOE se resistía a regular el precio de los alquileres por ley si esos grandes propietarios eran personas. Por eso en la negociación se acordó que en ese caso se congelará el precio del alquiler y se aplicarán beneficios fiscales a quienes accedan a bajarlo. Si los dueños son empresas o fondos de inversión, efectivamente sí se bajará el precio, como reclamaba Unidas Podemos, para ajustarlo a un índice que se elaborará para cada zona, informaron los diarios Público y El País. Todo esto rige para aquellos lugares en los que exista un “mercado tensionado”, en el que los precios de los alquileres se hayan disparado en poco tiempo.
También las comunidades autónomas cuentan con una cartera de vivienda propia en España. La ley acordada establece que la mitad de las nuevas viviendas que se sumen a esa cartera se destinará a alquiler social.
Ahora el PSOE y Unidas Podemos deberán discutir con los partidos minoritarios de izquierda con los que cuenta el oficialismo en el Congreso, entre ellos Esquerra Republicana de Catalunya, Más País, Compromís y los vascos de Bildu, para asegurarse que la iniciativa sea aprobada.
Sobre este proyecto, Sánchez destacó que “es la primera ley de vivienda de la democracia” y agregó que en España “el acceso a la vivienda es un problema muy grave”. Para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que encabezó las negociaciones en nombre de Unidas Podemos, el resultado de ese diálogo “marca un hito histórico” en su país.
Como la ley debe ser aplicada por alcaldías y gobiernos autonómicos, y les corresponde a estas autoridades determinar cuáles son las zonas “tensionadas” por la suba de los precios, es probable que no se aplique en aquellos lugares gobernados por el conservador Partido Popular (PP), que se opone a estas medidas. Su vocera en el Parlamento, Cuca Gamarra, dijo que esta iniciativa “es un ataque sin precedentes a la propiedad privada”, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también del PP, ya anunció que no la va a aplicar.
Otros partidos de derecha, Ciudadanos y Vox, también cuestionaron esta ley, al igual que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que también aludió a la protección de la propiedad privada.
Según informaba hace un mes la agencia Efe, en el segundo trimestre de este año se dispararon las ejecuciones hipotecarias y los embargos de viviendas, que fueron 253,2% más que en el mismo período que el año anterior y se concentraron mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.