La Fiscalía paraguaya sumó este viernes el cargo de asociación criminal a las acusaciones penales que pesan contra el expresidente Santiago Peña, quien la semana pasada fue sometido a juicio político y destituido de manera unánime en el Senado, después de que quedara en evidencia su responsabilidad en la quiebra fraudulenta de Ueno Bank.
Sobre Peña ya pesaban las acusaciones de lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los que actualmente el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, una instalación militar ubicada en Asunción.
En principio, se maneja que sobre el exmandatario enfrenta una eventual condena de 15 años de prisión, el máximo estipulado para estos cargos, aunque todo dependerá de lo que suceda en el juicio que todavía no tiene una fecha definida para comenzar, mientras la Justicia intenta avanzar en una causa muy difícil, porque su entramado toca muchísimos intereses de gente muy poderosa en el país.
De hecho, Peña está siendo empleado por todo la Asociación Nacional Republicana (ANR), denominación oficial del Partido Colorado, como un gran chivo expiatorio, prácticamente individualizando una acción a todas luces colectiva, y que contó con una probada complicidad de parte de la mayoría del Congreso.
En el Legislativo paraguayo, luego de la rotunda victoria de la ANR en los comicios presidenciales de 2023 en los que Peña fue electo, los colorados dominan ampliamente ambas cámaras, por lo que todas las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo que tuvieron que ver con el Ueno Bank fueron aprobadas, incluyendo aquellas que permitieron que esta entidad bancaria fuera la receptora de centenares de millones de dólares del erario público. Según lo que informó el diario Última Hora, la imputación de asociación criminal que recae sobre Peña también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, y a los otros integrantes del directorio de la entidad: Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora, todos detenidos en el marco de las investigaciones. La imputación también se hizo extensiva al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán.
De acuerdo con las investigaciones que viene realizando la Fiscalía, la complicidad de la cúpula del BCP fue un hecho totalmente determinante para permitir que el Ueno Bank siguiera operando hasta cuando lo hizo, generando un enorme perjuicio a centenares de miles de particulares y también a varias reparticiones del Estado que tenían depositado buena parte de su dinero en la entidad bancaria quebrada.
Es particularmente decisivo el rol de Carvallo Spalding, un economista formado en Brasil, Chile y Argentina que después de ejercer cargos burocráticos en el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración retornó a Paraguay, donde en 2021 ocupó la titularidad de la financiera Ueno, entidad que luego pasaría a tener el estatus de banco otorgado por él mismo. Carvallo Spalding había sido designado para ser el director del BCP por Santiago Peña, lo que completa totalmente el círculo.
Si bien fue el BCP la entidad que intervino el Ueno Bank ante su notoria insolvencia, esto era sabido y las omisiones de Carvallo Spalding desde la entidad de contralor no fueron clave para que la entidad financiera tuviera una sobrevida mucho más extensa de lo que hubiera tenido si las autoridades hubieran actuado en tiempo forma.
Sobre este punto precisamente, este viernes la presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay, Liz Cramer, reveló que el gremio bancario había advertido sobre los problemas que tenía en Ueno Bank a Santiago Peña sobre la situación desde julio de 2025.
Aseguró que entregaron información sobre la entidad en reuniones y notas institucionales, pero que recibieron respuestas negativas de parte del Ejecutivo, según informó el diario asunceño ABC Color.
Cramer sostuvo que el planteamiento generó inconvenientes en el relacionamiento con las autoridades del gobierno, especialmente con el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
Este último, exministro de Economía y expresidente del Banco Central, no está imputado, pero su casa fue allanada durante esta semana en el marco de las investigaciones.
La difícil situación de Pedro Alliana y otro pedido de juicio político de la oposición
Inicialmente también acusado por la oposición de ser cómplice en el caso, el actual presidente Pedro Alliana pudo llegar a su cargo tras ser blindado por el Partido Colorado, que evitó que corriera la misma suerte que Peña y fuera sometido a juicio político.
La credibilidad del nuevo mandatario frente a la sociedad es muy poca, aunque cuenta con el apoyo de su partido, que en su afán de conservar el poder que tradicionalmente tuvo y tiene en el país, tanto en dictadura como en democracia, está intentando reducir los daños pensando en las no tan lejanas elecciones de marzo de 2028.
Por otra parte, los colorados también intentan proteger al actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a quien la oposición quiere someter a un juicio político en el Congreso por sus omisiones en el caso de Ueno Bank.
Medios paraguayos informaron que recién el lunes la ANR fijará una posición sobre el pedido de juicio político planteado por todos los partidos de la oposición.
Sobre el tema se expresó este viernes Esperanza Martínez, la única senadora de izquierda que hay actualmente en el Congreso de Paraguay.
La legisladora, quien actualmente integra el Partido Participación Ciudadana y que fue ministra de Salud durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), pidió a la ciudadanía salir este fin de semana a las calles e ir hasta las casas de los diputados para exigir que voten a favor del juicio político contra el fiscal Rolón. Advirtió que, sin presión ciudadana, los legisladores podrían negociar sus votos. “Si este fin de semana la gente no sale a las calles, si este fin de semana no se van a la casa de los diputados a pedirle ahí enfrente a su casa que voten por el juicio político, ellos van a arreglar como quisieron”.
Martínez sostuvo que el escenario exige una respuesta firme de las instituciones y de la ciudadanía, y cuestionó la actuación del Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con el escándalo financiero.
La senadora criticó la actuación del fiscal Rolón al considerar que las primeras medidas fueron insuficientes y dieron margen para que el expresidente Peña conservara su teléfono celular. “Le dio todas las posibilidades al presidente de la República para que se quedara con su celular”, cuestionó Martínez.
La legisladora además reclamó que la Fiscalía no haya desplegado un equipo especializado de mayor envergadura para investigar el caso. Según Martínez, debieron conformarse al menos 20 equipos fiscales con experiencia en delitos económicos, lavado de dinero y crimen transnacional. “Esta es una urgencia. Estamos hablando de la plata del Paraguay”, manifestó.
De acuerdo a lo que consignó el diario ABC Color, Martínez citó la existencia de una estructura integrada por distintas instancias del Estado y del sector privado, además de entre 50 y 60 empresas que, según ella, habrían operado de manera articulada para disimular responsabilidades.
La senadora calificó la quiebra de Ueno Bank como “la estafa más grande de la era democrática del Paraguay” y reclamó que se investigue a todos los involucrados y se recuperen los recursos estatales sustraídos.