Que la principal disputa política en Israel durante los últimos años se centró en el poder y en un conflicto cultural entre distintos sectores sin grandes diferencias ideológicas es algo que quedó muy claro durante las sucesivas contiendas electorales.
Ahora que se ha logrado desplazar a Benjamin Netanyahu del cargo de primer ministro, la muy heterogénea coalición gubernamental se dirige hacia su primera prueba de fuego: la batalla parlamentaria por el presupuesto para los próximos dos años. Esta coalición incluye sectores de derecha dura (Yamina, del actual primer ministro Naftali Bennett; Tikva Hadashá, del ministro de Justicia Gideon Sa’ar; y Israel Beitenu, del ministro de Finanzas Avigdor Lieberman), de centroderecha (Kahol Lavan, el sector del ministro de Defensa, Benny Gantz), de centro (Iesh Atid, del canciller Yair Lapid) y de centroizquierda (el Laborismo liderado por la feminista Meirav Michaeli, ministra de Transporte, y el partido Meretz, liderado por el ministro de Salud, Nitzan Horovitz).
El gobierno incluso cuenta con el apoyo del partido árabe-islámico moderado, todos unificados en la determinación de desterrar a Netanyahu de la vida política, lo que implicaría un compromiso entre sus integrantes a solidificar las instituciones del estado de derecho que fueron puestas en jaque por la conducta del ex primer ministro y sus secuaces.
El compromiso significaría el desarrollo de políticas tibias, moderadas, que mantengan una especie de balance delicado entre las posiciones de los integrantes de la coalición. Sin embargo, llama la atención que el proyecto de presupuesto aprobado por la coalición y que en noviembre comenzará a ser debatido en el parlamento puede ser calificado como un proyecto netamente neoliberal, que se encuentra bien a la derecha de los presupuestos aprobados por Netanyahu desde que este inició su giro tendiente al populismo en 2015.
Con la excepción del campo de la salud, que ha sido tensada al máximo por la pandemia, evidenciando carencias de muchos años y sensibilizando a la opinión pública al respecto, el proyecto de presupuesto no incluye nuevas inversiones en los servicios públicos. Las políticas de vivienda son regresivas. En el sistema educativo están planteadas reformas de “descentralización” que aumentarán más aún las ya grandes brechas en la calidad de la educación que reciben niños de acuerdo a los recursos de sus respectivas municipalidades.
En la política fiscal se plantea exceptuar de impuestos a directores de fondos de inversión. Este caso es muy interesante, ya que el gobierno de Netanyahu venía otorgando anualmente estas excepciones impositivas. La novedad ahora es que la excepción pasará a ser ley y está incluida en el paquete de leyes que acompaña al presupuesto. El puñado de financistas beneficiados no tendrá ahora que solicitar y ejercer presiones periódicas, porque el “gobierno del cambio” como les gusta decir a sus voceros, se los otorga por ley.
Ni que hablar que han sido desmantelados casi todos los mecanismos sociales de urgencia levantados por el gobierno Netanyahu durante la epidemia. A comienzos de octubre, por ejemplo, los desocupados de más de 45 años de edad, perdieron el derecho a seguir cobrando seguro de paro tras los primeros seis meses después del despido. Si bien es cierto que hay un repunte de la actividad económica en Israel, aún quedan cientos de miles de personas desocupadas o con ocupación parcial que al perder este beneficio son empujadas a resignarse a puestos de trabajo menos remunerados y en condiciones más precarias que antes de la pandemia.
Otra perla en el paquete de leyes es el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, que pasará de 62 a 65 años y se hará efectivo de forma gradual, aumentando cuatro meses por año durante la próxima década.
En lo económico, la política del actual gobierno goza del apoyo de todos los sectores de poder que veían con desconfianza y temor cómo los intereses electorales desesperados de Netanyahu lo habían arrastrado a diversas medidas “populistas” que los desfavorecían. En lo social y cultural es donde existe una verdadera brecha entre un gobierno de coalición asentado en las capas medias y mayormente cultas de la población, y Netanyahu y los partidos religiosos cuyos principales bastiones electorales están en los sectores populares de la población judía.
En el plano de las relaciones con los palestinos hay señales muy preocupantes. Mientras la relación con el gobierno de Hamas en Gaza parece mantenerse en la inestable hostilidad contenida de siempre, Bennett ni siquiera sintió la necesidad en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas de referirse a las aspiraciones de independencia del pueblo palestino ni realizar ningún gesto negociador con la Autoridad Palestina.
Si bien miembros del ala de centroizquierda de la coalición fueron a dialogar públicamente con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en Ramallah, este diálogo no tuvo ningún resultado práctico e incluso fue desautorizado por Bennett. A la vez, han recrudecido las agresiones violentas de colonos israelíes contra campesinos palestinos en los territorios militarmente ocupados por Israel, con la indiferencia y a veces con la complicidad del ejército, sin que el gobierno tome medidas al respecto.
En el gobierno se dialoga con los colonos para regularizar una serie de asentamientos ilegales establecidos en los últimos años, buscando los resquicios jurídicos que permitan esta operación. El paso decisivo que termina de ubicar al gobierno actual a la derecha de los gobiernos de Netanyahu en su política hacia los palestinos fue anunciado a fines de la semana pasada: el Ministerio de Defensa de Israel decretó que varias entidades palestinas de derechos humanos fueron declaradas “organizaciones terroristas”.
De mantenerse esa calificación, las consecuencias significarían procesamientos y probable prisión a decenas de activistas. Esto afectaría al personal de estas organizaciones que reside en zonas bajo control militar y policial directo de Israel, pero podría significar también la persecución y detención o atentados en incursiones militares israelíes a ciudades policialmente controladas por la Autoridad Palestina.
Se trata de una medida que los gobiernos de Netanyahu sin duda hubieran querido tomar, pero que nunca se atrevieron a hacerlo por las repercusiones internacionales negativas. Posiblemente quienes tomaron la drástica decisión –Gantz y Benett, por lo menos, y sería lógico pensar que con el visto bueno de Lapid– consideran que la imagen moderada de un gobierno tan amplio permitirá extremar la represión política a los palestinos sin grandes consecuencias internacionales en un mundo aún abrumado por la pandemia y sus secuelas. Entre las organizaciones mencionadas se encuentran Al-Haq, una reconocida organización de derechos humanos existente desde 1979; Addameer, un grupo que monitorea y denuncia la situación de los presos palestinos; la Unión de Comisiones Femeninas, y el Comité de Agricultores Palestinos. En la declaración de ilegalización estas instituciones fueron asociadas al Frente Popular de Liberación Palestina, un partido de izquierda nacionalista que tiene también actividad armada.
Gerardo Leibner, desde Tel Aviv.