El último tramo de gobierno de Sebastián Piñera, que deja la presidencia de Chile en marzo, avanza entre sospechas acerca de conflictos de intereses y negocios en paraísos fiscales. A pocas semanas de las elecciones del 21 de noviembre, Piñera enfrenta además los cuestionamientos a dos de sus ministros, y el candidato del oficialismo sufre una caída en intención de voto según marcan las encuestas.
Diputados opositores en el Congreso de Chile anunciaron que presentarán la semana que viene una acusación constitucional contra Piñera, el primer paso hacia un juicio político. Lo mismo pedía la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que había convocado para ayer una manifestación a partir de revelaciones de los llamados Pandora Papers.
Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en Chile estuvo a cargo de los medios LaBot y Ciper, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del proyecto Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, un amigo de la infancia del presidente. Parte del negocio se firmó en Chile por 14 millones de dólares, y otra parte, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas por 138 millones de dólares.
Piñera argumenta que la Justicia ya lo investigó por este negocio sin que se lo acusara de ninguna ilegalidad, y que desde que asumió su primera presidencia, hace 12 años, no ha participado en la administración de ninguna empresa. Sin embargo, la investigación reveló que las condiciones en que se vendió el proyecto minero pudieron colocar al gobernante ante un conflicto de intereses.
El pago por Minera Dominga a la familia Piñera se haría en tres cuotas, de las cuales la última sólo se haría efectiva en caso de que no se declarara un área de protección ambiental en la zona donde funcionaría. Se trata de un área de gran diversidad biológica ubicada en Coquimbo, cerca de la localidad de La Higuera, y por ese motivo organizaciones ambientalistas reclaman desde hace años que se declare zona protegida.
Piñera y Pandora
En 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se hizo un estudio de viabilidad ambiental del proyecto Minera Dominga, que no pasó la prueba. Pero la empresa a cargo, Andes Iron, reclamó contra esa decisión y, finalmente, en agosto el proyecto fue aprobado. De acuerdo con la agencia Efe, la decisión estuvo a cargo de una comisión formada por 12 funcionarios de los cuales 11 fueron designados por el Ejecutivo de Piñera.
El proyecto se propone extraer, durante unos 22 años, hierro y cobre de una de las mayores reservas de Chile, con una inversión de unos 2.500 millones de dólares. “Se trata de un proyecto nefasto también en términos ambientales, que se va a emplazar en una zona que debiese estar protegida a nivel planetario, que ha sido identificada por el mundo científico como uno de los lugares más importantes de biodiversidad del planeta, que alberga a buena parte de la población de pingüinos de Humboldt”, dijo al medio digital El Mostrador Matías Asún, director de Greenpeace Chile.
Las sospechas por este caso, apuntan a que el mismo Ejecutivo que tenía la posibilidad de declarar esa zona como protegida, es liderado por alguien cuya familia perdería un enorme ingreso si lo hacía.
Después de esa primera publicación de los Pandora Papers hubo una segunda, sobre una trama de sociedades en paraísos fiscales que pertenece a los hijos de Piñera, y que fue construida con la fortuna que el presidente chileno dejó en sus manos cuando llegó a la presidencia por primera vez, en 2010.
Piñera, que como empresario se dedicó a distintos rubros -aerolíneas, negocios inmobiliarios, tarjetas de crédito, televisión-, traspasó a sus hijos su fortuna de 3.000 millones de dólares para evitar que sus empresas interfirieran con su cargo. De acuerdo con Ciper y LaBot, la decisión de hacer ese traspaso en un paraíso fiscal alimentó dudas sobre si se pagaron o no los impuestos de 25% que Chile establece para las “donaciones en vida”.
Investigaciones judiciales y políticas
“El fiscal Nacional [Jorge Abott] ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers”, anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional chilena, Marta Herrera. Se investigará si se configuran delitos de “cohecho, soborno y tributarios”, dijo. Al conocerse estos negocios, Abott le encargó a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público que investigue si en los negocios de Piñera existió tráfico de influencia o negociación incompatible con el cargo que ocupa.
Además, un juzgado admitió una querella contra el presidente, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón. El querellante consideró que los hechos que se conocieron esta semana requieren “una investigación a fondo” y que la Fiscalía “no ofrece las garantías necesarias”.
También organizaciones sociales y políticas han cuestionado los negocios del presidente. “Lo que hemos visto es la gota que rebasó el vaso”, dijo la vocera de la Confech, Ignacia Henríquez. “Realizar operaciones en paraísos fiscales es de por sí una acción inaceptable [...] pero lo que bate todos los récords es que haga negocios personales con el patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos y chilenas, utilizando para ello a las instituciones del Estado. Eso es intolerable”, dijo a El Mostrador. Para Henríquez, al igual que para muchos políticos opositores, Piñera está “inhabilitado moralmente para encabezar los destinos de Chile en calidad de presidente”.
A eso apunta el pedido de juicio político, que lo acusa de incumplir el principio de probidad establecido en el artículo 8 de la Constitución y de “comprometer el honor de la Nación”, según manifestó en sus redes sociales la diputada del Frente Amplio Camila Rojas.
También dirigentes de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría expresaron que apoyarán la acusación, que para avanzar requiere la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. La candidata a presidenta por esa alianza, la demócrata-cristiana Yasna Provoste, dijo que “es inconcebible que un presidente de la República actúe en beneficio propio, frenando la protección ambiental en La Higuera [la zona en la que operaría la empresa], por asegurar un ingreso personal con la Minera Dominga”.
A su vez, Gabriel Boric, dirigente frenteamplista y candidato a la presidencia por la alianza Apruebo Dignidad, se refirió a las elecciones de noviembre y dijo en sus redes sociales: “No podemos dejar que haya una continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, menos sabiendo la peligrosidad de sus decisiones en beneficio propio”. En declaraciones a CHV Noticias manifestó: “La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”. Consideró que “en esto no se diferencia nada del resto de sus candidatos, Sebastián Sichel y José Antonio Kast”. Sichel es el candidato de la alianza oficialista Chile Vamos a las elecciones del 21 de noviembre, y Kast, de ultraderecha, es un postulante proveniente de esa coalición que decidió no participar en sus primarias sino postularse directamente a la presidencia.
Ministros en cuestión
Además de los negocios de Piñera, también han recibido críticas fuertes sus ministros. La reciente publicación de un documental de Netflix titulado “Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile”, puso el foco en su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. El documental relata los abusos cometidos por el líder de la Colonia Dignidad, Paul Schäfer, que incluyen abusos sexuales contra menores de edad y albergar un centro de desaparición y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Entre los documentos que reúne, se encuentran las declaraciones que hizo en la década de 1990 Larraín, en las que se lamentaba acerca de cómo se procesaban las denuncias de abuso contra Schäfer. “Se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tiene derecho a vivir en paz y al respeto a su dignidad como tales. Todo por una denuncia de un menor que se ha formulado contra un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre una pérdida parcial de la visión”, cuestionaba.
Sobre aquellos dichos, Larraín afirma ahora que él también fue “engañado”, que no sabía de los crímenes cometidos allí y que como parlamentario de la región estaba preocupado por el cierre del hospital de la colonia. “Dejé de tener contacto con la gente de Dignidad el año 1997, nunca más tuve contacto y, por supuesto, [me aparté] pidiendo las sanciones más duras para quienes correspondían”, dijo el ministro.
Uno de los sobrevivientes de Colonia Dignidad que aparece en el documental, Salo Luna, manifestó: “Siempre hemos escuchado hablar de Larraín [en relación con Colonia Dignidad], pero este documental lo pone en la palestra con imágenes, con narraciones, con comunicados de prensa que él realiza en relación a las víctimas chilenas”. Agregó que el documental intentó contar con el testimonio del ministro, pero éste se negó.
Larraín dijo que no quiso dar una entrevista para el documental y agregó: “Es mejor estar fuera, porque uno se presta para juegos que uno no sabe. Si bien se da información real, no cuentan el contexto ni reacción posterior ni parte de los hechos, los cuales, si fueran narrados enteros, los chilenos estarían tranquilos”.
A comienzos de 2020, a partir de otro documental sobre la Colonia Dignidad, de la Deutsche Welle, la Coordinadora de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule dijo en un comunicado que Larraín “fue durante mucho tiempo partidario de la secta” y que “su fanatizada defensa, en los años 90, de los alemanes criminales no tiene excusa hasta hoy”.
Otro de los ministros de Piñera, Rodrigo Delgado, titular de Interior, será interpelado el lunes 25 por la crisis migratoria que se registra en el norte del país. “No queremos explicaciones sobre lo que pasa, queremos soluciones concretas y medidas del gobierno en favor de las regiones que viven una crisis migratoria y humanitaria que nos sobrepasa”, dijo el diputado Vlado Mirosevic.
En Iquique, a fines de setiembre, pobladores locales atacaron a un grupo de venezolanos que vivía en la calle y les quemaron las pocas cosas que tenían en un campamento improvisado.
Los planes del gobierno para atender esta crisis incluyen la expulsión de 1.500 extranjeros a partir de una Ley de Migraciones más restrictiva que impulsó el oficialismo, y que ha sido criticada por Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
Llegando a la primera vuelta
En marzo la presidencia de Chile quedará en manos del candidato que resulte electo el 21 de noviembre o, lo que es mucho más probable, en la segunda vuelta del 19 de diciembre. El candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, se refirió al escándalo que afecta a Piñera y dijo que la ciudadanía “pide transparencia total”, y “en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”. Sichel ha intentado despegar su imagen del actual gobierno desde que comenzó la campaña electoral, y cambió el nombre la coalición Chile Vamos por Chile Podemos+.
Pero el candidato no logra por ahora asegurarse un lugar en la segunda vuelta. Según informaron los medios digitales El Desconcierto y El Mostrador, el ex ministro de Desarrollo Social de Piñera aparece en tercer lugar en las encuestas de intención de voto, y lo supera el otro candidato de derecha, Kast, en los estudios de las consultoras Pulso Ciudadano, Activa Research, Cadem y Data Influye.
Quien encabeza las encuestas para la primera vuelta es el candidato de Apruebo Dignidad, el frenteamplista Gabriel Boric, que en el estudio de Data Influye, que es el más reciente, reúne 25,7% de los votos. Lo siguen Kast con 16,2%, Sichel con 12,1 y la demócrata cristiana Provoste, con 11,5%. Los demás candidatos, que obtienen menos de 5% de apoyo, son Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, y los indecisos suman 15%.
La misma encuestadora midió también el respaldo al presidente. De acuerdo con su estudio, apenas 13% de los chilenos aprueba la gestión de Piñera, y 69% la desaprueba.