Las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado que indagó y llegó a la conclusión de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cometió delitos en el marco de la gestión de la pandemia de coronavirus, comenzaron a distribuirse en distintas instituciones.
Este miércoles los recibió el fiscal general de la República, Augusto Aras, quien ocupa el cargo desde 2019 y fue designado para permanecer dos años más en el puesto en julio, a pedido de Bolsonaro, con quien tiene una buena relación. De acuerdo con el medio brasileño Carta Capital, los integrantes de la CPI, cuyo relator fue el senador Renan Calheiros, integrante del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño, quedaron conformes con la reacción de Aras, que fue receptivo al informe y se mostró dispuesto a darle tratamiento cuanto antes.
La CPI se propone que el informe se desagregue según las competencias de cada ámbito institucional que debería atenderlo. Aquellos funcionarios con fueros a quienes se encontró culpables de cometer delitos –Bolsonaro, cuatro ministros y dos hijos del presidente que son senador y diputado– sólo pueden ser investigados por el Supremo Tribunal Federal (STF), al que le llegaría este miércoles el documento. Otros involucrados –exministros, médicos, empresarios– quedan en la órbita de la Justicia ordinaria. Por otra parte, las conclusiones, que incluyen delitos contra la humanidad, serán remitidas a la Corte Penal Internacional de La Haya. De este modo, Bolsonaro se convirtió en el primer presidente de Brasil en enfrentar una acusación de este tipo.
El informe fue aprobado el martes por los integrantes de la CPI, que responsabilizó al presidente de nueve delitos graves y también presentó acusaciones contra 78 personas y dos empresas por el papel que jugaron durante la pandemia. Los delitos que se les atribuyen según el caso, además de crímenes contra la humanidad, son los de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, incitación al delito, charlatanería médica, uso irregular de fondos públicos, falsificación de documentos, prevaricación y atentados contra la dignidad del cargo.
Varias de esas acusaciones configuran un delito de responsabilidad, el tipo de conducta que habilita la apertura de un proceso de impeachment contra el presidente, y por eso el documento fue remitido al Congreso. Sin embargo, en Diputados, que está a cargo de habilitar un proceso de ese tipo, decenas de iniciativas de juicio político no pudieron ser discutidas porque el presidente de la cámara, Arthur Lira, perteneciente al partido derechista Progresistas, encajonó sistemáticamente cada uno de esos proyectos.
En el STF, el documento final aprobado por la CPI fue entregado al ministro Alexandre de Moraes. Pero buena parte de lo que suceda con esta denuncia en el ámbito judicial está en manos del fiscal Aras, aliado del gobernante. A él le corresponde determinar si presenta una acusación penal contra el presidente ante el máximo tribunal de Brasil, que es el STF.
La comisión investigadora, además, le solicitó a Aras que prohíba al presidente el acceso a redes sociales, y que se investiguen sus cuentas para analizar hasta dónde llegó su papel en la difusión de información falsa sobre la covid-19. También reclamó que Google, Twitter y Facebook den a conocer a los investigadores información sobre las publicaciones del mandatario.
Según informaron Folha de São Paulo y Carta Capital, Aras tiene planes de dividir el documento y repartirlo en distintas investigaciones que ya están en marcha contra distintas personas y en distintos lugares de Brasil, en lugar de abrir un equipo de investigación que se dedique a analizar específicamente el documento presentado por la CPI.
Algunas de las acusaciones que enfrenta el presidente son compartidas con otros funcionarios: el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y el exresponsable de esa cartera Eduardo Pazuello, el actual ministro de Defensa (y exministro de Presidencia) Walter Braga Netto, el titular de Trabajo, Onyx Lorenzoni, el exjefe de prensa de presidencia Fábio Wajngarten, el ministro al frente de la Contraloría General, Wagner Rosario, el excanciller Ernesto Araújo, y varios legisladores. Entre ellos, se encuentran los hijos del presidente: el senador Flávio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el edil de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro. A ellos se los acusa de difundir información falsa que pudo suponer riesgos en pandemia.
La lista sigue y suma médicos que negaron la pandemia y asesoraron a Bolsonaro en una especie de “gabinete de Salud paralelo”, empresarios que intentaron hacer negocios fraudulentos con la vacuna, y otros que falsificaron estudios sobre los efectos de ciertos medicamentos para tratar la covid-19. En grandes líneas, el documento señala que varios de los acusados son responsables de que la pandemia haya acumulado hasta hoy más de 606.000 muertos en Brasil.
De acuerdo con Carta Capital, la mayor preocupación de los senadores que elaboraron y votaron el informe es la situación de aquellos acusados que tienen fueros por los cargos que ocupan, entre ellos, el presidente, sus hijos Flávio y Eduardo y los ministros. El periódico señala que, si el procurador general no forma un equipo de investigación específico para este informe, los casos serán analizados sólo por Aras y por un reducido grupo de funcionarios cercanos a él. En el caso de Bolsonaro, únicamente la Fiscalía General de la República puede acusarlo por delitos penales.
El presidente se refirió al informe de la CPI y dijo a la radio Jovem Pan que “cualquiera con un poco de criterio sabe que eso fue una payasada” que daña a Brasil, según citó AFP. “La CPI causó daño, pero no a mí [...] Para fuera de Brasil, la imagen es pésima. Creen que estamos viviendo una dictadura, que estoy deteniendo a periodistas, que maté a gente en [la pandemia] del coronavirus”, agregó el mandatario.