La publicación de los Pandora Papers, un informe elaborado por centenares de periodistas de medios de más de 100 países, en el que se filtraron alrededor de 12 millones de documentos sobre personas que tienen empresas en paraísos fiscales, está generando muchísimas repercusiones a nivel mundial.
Las revelaciones tienen una relevancia particular en América Latina, región del mundo en la que las desigualdades sociales son enormes y en la que, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cada año las entidades fiscales dejan de recibir más de 300.000 millones de dólares por evasión de impuestos.
Los Pandora Papers han removido particularmente el ambiente político en Brasil y Chile. En el primer país las revelaciones involucraron directamente al ministro de Economía, Paulo Guedes, y también al presidente del Banco Central, en tanto que en Chile apareció el nombre del actual presidente, Sebastián Piñera.
En Brasil ‒donde los medios que colaboraron con la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) fueron Poder360, Metrópoles, Piauí y Agência Pública‒ quedó al descubierto que, en 2014, el ministro Guedes abrió una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, en la que también eran accionistas la esposa y la hija del jerarca. Si bien tener una empresa offshore no es ilegal, siempre que esto sea declarado a las entidades públicas pertinentes, en el caso de los funcionarios públicos hay un código de conducta especial que regula estas acciones, de acuerdo a lo que informó el portal Carta Capital. Guedes mantuvo abierta la sociedad offshore incluso después de incorporarse al gobierno de Jair Bolsonaro, en enero de 2019, en un cargo que le otorga autonomía para proponer e incidir en cambios capaces de impactar sus inversiones en el exterior, por lo que pudo haber violado la ley de conflicto de intereses.
Al respecto, el fiscal general de la República, Augusto Aras, dijo este luens al sitio Poder360 que pedirá información sobre el caso. “Esta es una noticia que fue publicada por la prensa. Con el debido respeto a los medios de comunicación, no podemos realizar investigaciones basadas en noticias. La fiscalía llevará adelante, como es habitual, una averiguación previa. Escucharemos a algunas personas y solicitaremos documentos. Luego haremos un juicio de valor sobre si es necesario solicitar la apertura de una investigación en el Supremo Tribunal Federal”, expresó Aras.
La situación obviamente generó muchas reacciones por parte de la oposición. En este sentido, el diputado federal Iván Valente, perteneciente al partido izquierdista Socialismo y Libertad, pidió la inmediata destitución de Guedes y Campos, “ante la clara situación de conflicto de intereses entre el ejercicio de estos cargos y el mantenimiento de empresas en paraísos fiscales”.
El diputado exigió que se investigue el caso y que la información sea remitida al Ministerio Público Federal “con el fin de iniciar una acción de improbidad administrativa, ante la situación configurada en el presente caso”.
Los Piñera Papers
En Chile, la revelación de los Pandora Papers impactó fuertemente en el sistema político, más aún cuando quedan poco más de 40 días para las elecciones presidenciales, pegándole de costado al candidato oficialista, Sebastián Sichel.
Pero el que está directamente en el ojo de la tormenta es el presidente Sebastián Piñera, quien de acuerdo a las revelaciones participó en la compraventa de la minera Dominga a un empresario amigo suyo, Carlos Alberto Délano, mediante una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
En la tarde de este lunes el mandatario brindó una conferencia de prensa en la Casa de la Moneda en la que afirmó que “desde el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.
En ese sentido, afirmó que la decisión de vender Dominga por parte de las empresas que le administraban la minera “no me fue consultado ni informado” para evitar conflictos de interés. “Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero”, afirmó. “El hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal, y no beneficios”, expresó el mandatario, de acuerdo a lo que informó el diario La Tercera.
Pero mientras el mandatario decía esto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a los abogados de la Unidad Anticorrupción el análisis de los antecedentes en torno a la compraventa de la minera Dominga. Fuentes de la Fiscalía informaron a medios locales que se busca determinar si hay posibles delitos que ameriten una eventual investigación penal de oficio.
También hubo, obviamente, referencias al tema por parte de opositores a Piñera.
La candidata presidencial Yasna Provoste, integrante del sector Unidad Constituyente, nueva denominación de la antigua Concertación, dijo: “Simplemente no es creíble que el presidente Piñera no supiera de un negocio millonario entre su familia y su mejor amigo. Esta no es la primera vez que un representante de la derecha es sorprendido haciendo negocios en paraísos fiscales”.
Paralelamente, Provoste se refirió a la posibilidad de una acusación constitucional contra Piñera. “No me pronuncio respecto de este tema. Es una atribución que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados, y creo que esto será una pregunta fundamental para nosotros. Mientras antes despeje las dudas el presidente, creo que es mejor para el país”, expresó.
Más lejos aún fue otro candidato a presidente, Marco Enríquez-Ominami, postulante por el Partido Progresista. “Por el bien de Chile, renuncie Piñera. Les pido a los candidatos de oposición a unirnos para pedir su renuncia, y que desde el Congreso se pida su destitución”, escribió Enríquez-Ominami en su cuenta de Twitter.