La Fiscalía boliviana presentó una acusación formal contra Jeanine Áñez, conformada por más de 70 pruebas y 20 testimonios, por asumir la presidencia de forma inconstitucional luego del golpe de Estado de noviembre de 2019.
Según informó el diario local El Deber, la etapa de investigación concluyó y ahora se espera conocer la fecha de inicio del juicio. La acusación contra Áñez es por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
En conferencia de prensa, el secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, señaló que los casos judiciales, conocidos como “Golpe I” y “Golpe II”, refieren a acciones cometidas por Áñez “antes de que se autoproclamara presidenta, son anteriores al uso de la banda presidencial”.
Según se expresó desde la Fiscalía, Áñez tomó la presidencia del Senado en una sesión sin cuórum y sin que existiera la renuncia formal de la entonces presidenta del órgano legislativo, Adriana Salvatierra, integrante del Movimiento al Socialismo. Posteriormente, de acuerdo a lo que informó el diario La Razón, la política oriunda del departamento de Beni, de 54 años, presidió una sesión legislativa en la que tampoco existió el cuórum necesario y en la que se autoproclamó presidenta de Bolivia.
Además de la expresidenta de facto, la Fiscalía incluyó en la acusación al excomandante de la Policía Yuri Calderón, al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, y al Alto Mando militar, “que coadyuvó para que Áñez asumiera la presidencia de manera inconstitucional”, afirmó Quispe.
La defensa de Áñez afirmó que la acusación es “totalmente vaga y abstracta” y que no hubo inspecciones técnicas oculares ni se tomaron declaraciones a otras personas que forman parte de la investigación.
La abogada de la expresidenta de facto, Norka Cuéllar, dijo en conferencia de prensa que las declaraciones de Áñez de junio por otro caso no pueden ser utilizadas en el caso “Golpe de Estado II”. Otro defensor de Áñez, Luis Guillén, consideró que el caso no puede ser llevado adelante por un tribunal ordinario porque “le corresponde a un Tribunal Constitucional”.
Áñez está detenida desde marzo en el Centro Penitenciario de Miraflores, en la ciudad de La Paz, por el caso “Golpe I”, en el que es acusada de sedición, conspiración y terrorismo a raíz de la crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de 2019, que fueron ganadas por Evo Morales, pero que a partir de un informe de la Organización de Estados Americanos fueron declaradas nulas, lo que conllevó una enorme crisis institucional. Originalmente el caso por el que está detenida Áñez era uno solo, pero fue dividido en dos en julio, sumando las acusaciones de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución por la forma en que asumió la presidencia.