Para este lunes está convocada en Cuba la “Marcha cívica por el cambio”, que espera movilizar a cientos de personas en La Habana y otras de las principales ciudades de la isla. La plataforma opositora Archipiélago, liderada por el dramaturgo Yunior García, anunció que la manifestación se haría a pesar de que el gobierno cubano la declaró ilegal por considerar que es una “provocación desestabilizadora”; de hecho, el apartamento de García estuvo este domingo rodeado de gente afín al gobierno y agentes policías vestidos de civil que impiden que salga.
El líder de Archipiélago dijo en una entrevista a la agencia Efe que lo que se pretende con la marcha de este lunes es “sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios”. En concreto, la marcha convocada desde agosto exige el “fin de la violencia”, “la liberación de todos los presos políticos”, en referencia fundamentalmente a los detenidos tras las protestas del 11 de julio, y que “se respeten todos los derechos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
Integrantes de organizaciones progubernamentales cubren con banderas cubanas el apartamento de Yunior García, el 14 de noviembre, en La Habana.
Foto: Adalberto Roque, AFP
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Los manifestantes se comunican a través del grupo de Facebook de la organización, que ya suma 33.000 miembros; en esa página García asegura que el propósito del colectivo es formar “un espacio plural en el cual es importante la existencia de ideas diversas, donde aprendamos a sacar los consensos, por lo menos lo que nos une dentro de esa diversidad, pero respetando la diferencia, la posibilidad de que el otro tenga su parte de verdad y que podamos sacar una verdad colectiva, digamos, sin anular esa diferencia que nos caracteriza”.
Tanto García como otros miembros del grupo han denunciado que son acosados por su activismo, seguidos por policías vestidos de civil y amenazados por parte de funcionarios del gobierno. Además, según confirmó la CNN, la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba impide que los cubanos envíen mensajes de texto con la palabra “archipiélago” o la fecha de la marcha.
Cuando se supo de la convocatoria a la marcha el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en un discurso ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba en octubre que quienes incitaban a las protestas tienen “la abierta intención de cambiar el sistema político de nuestro país”, y agregó: “Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir la revolución con inteligencia”.
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Miguel Díaz-Cane, durante una visita al barrio Los Pocitos en el municipio de Marianao, La Habana, el 12 de noviembre. Foto: de Alejandro Azcuy, Presidencia de Cuba, AFP
Desde el gobierno cubano se acusa a Estados Unidos de estar detrás de las últimas protestas masivas en la isla. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo esta semana que Cuba no toleraría de ningún modo una marcha que considera una provocación subversiva, fraguada, organizada y financiada por Estados Unidos, según recoge El País de España. “Cuba tiene el derecho de protegerse frente a la agresión de Estados Unidos y el deber de salvaguardar la paz, la estabilidad y la tranquilidad que Estados Unidos desea alterar”, aseguró Rodríguez.
Estados Unidos, por su parte, rechazó la decisión del gobierno cubano de prohibir la protesta. “Al negarse a permitir dichas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos”, se lee en un comunicado del Departamento de Estado del 16 de octubre.
“El régimen cubano no está satisfaciendo las necesidades más básicas de la gente. Eso incluye la comida. Eso incluye la medicina. Ahora es una oportunidad para escuchar al pueblo cubano y hacer un cambio positivo”, dijo semanas atrás el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
En esta línea, la administración de Joe Biden advirtió al gobierno de Díaz-Canel que si se constata que impidió las manifestaciones podría enfrentar nuevas sanciones económicas.
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