La Policía de Colombia “reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y [el municipio vecino de] Soacha” en setiembre de 2020, concluyó un informe independiente apoyado por Naciones Unidas. La investigación, que fue presentada públicamente este lunes, fue encargada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y estuvo a cargo de llevarla adelante el ex defensor del pueblo de Colombia Carlos Negret.
Aquellas protestas comenzaron en repudio al asesinato de Javier Ordóñez, un taxista de 46 años a quien la Policía mató el 9 de setiembre después de detenerlo de manera violenta y descargar durante largo tiempo una pistola táser contra él. A partir de entonces, la “escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos” se desató en varios barrios, según citó Efe.
La Policía “se encarnizó” contra jóvenes de barrios pobres de Bogotá y Soacha, y puso en evidencia que “existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública”, agrega el informe. “Es decir, los policías se ensañaron contra la gente más pobre de esta ciudad creyendo que podrían matar y que hacerlo no tendría una consecuencia”, dijo Negret al presentar la investigación, de acuerdo con el diario El Tiempo. “La subordinación de las autoridades a la gobernación y alcaldes es una ficción”, agregó.
Según la investigación, hubo 14 asesinatos de civiles durante las manifestaciones, y 11 de estos son responsabilidad de la Policía. “El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró la vida de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal”, concluye la investigación. Las víctimas de la violencia policial tenían entre 17 y 27 años.
Uno de los elementos que señala el documento es que la “masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”, informó el diario colombiano El Espectador.
De acuerdo a la investigación, además de las muertes, hubo 75 civiles baleados, 43 heridos por armas cortantes y 187 más sufrieron otros tipos de heridas. También hubo 216 heridos entre los policías.
El informe señala también que hubo dos asesinatos cometidos por civiles que dispararon contra manifestantes y personas que estaban en el lugar que no participaban en las protestas, y un tercer asesinato, el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, a manos de “hombres vestidos de civil”, el 11 de setiembre. Rodríguez no fue reconocido como víctima en el marco de estos hechos, una decisión que la investigación califica de infundada.
Entre sus recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas, la justicia y la no repetición de estos hechos, el informe del equipo independiente encabezado por Negret señala que la Policía debe “llevar a cabo un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón a todas las víctimas de violencia, abuso o brutalidad policial”.
También recomienda legislar para que se garantice el derecho a la protesta social, y sugiere a la alcaldía la creación de una mesa que haga un seguimiento de la situación de las víctimas y de los familiares de quienes sufrieron aquella represión.
“Gracias por este informe doloroso hasta el alma pero necesario para salvar y recomponer nuestra democracia”, dijo la alcaldesa, y pidió “perdón, como ciudadana” y como titular de la alcaldía. Anunció además que le hará llegar este informe al presidente de Colombia, Iván Duque, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que también pueda hacer un seguimiento de la respuesta que da el Estado a estas recomendaciones.
Según informó El Espectador, por las 14 muertes que ocurrieron el 9 y el 10 de setiembre de 2020 sólo hubo cuatro policías imputados, cuyas armas dispararon los proyectiles. Otros dos policías fueron imputados por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.