Violentos incidentes se produjeron este jueves en Asunción, la capital paraguaya, después de que el presidente Mario Abdo Benítez promulgara una ley que ya había sido aprobada por el Senado la semana pasada y por Diputados el miércoles, mediante la cual se aumentan las penas a aquellas personas que ocupen tierras.
La ley paraguaya define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas en el artículo 142 del Código Penal, pero ahora, tras la aprobación de la nueva normativa, se eleva a seis años la sanción, y hasta diez en caso de daños al patrimonio o inmuebles.
La cuestión de la tierra es particularmente sensible en Paraguay, país que tiene una importante densidad de población rural (38%), pero en donde la enorme mayoría no son dueños de los lugares en los que viven y trabajan.
Los principales opositores a la modificación de la ley fueron campesinos y comunidades indígenas, que el miércoles, cuando el tema se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados, se enfrentaron duramente con la Policía en calles aledañas al Congreso. Los manifestantes prendieron fuego algunos autos, lanzaron piedras y también flechas sobre los uniformados, que atacaron a la multitud con balas de goma e intentaron dispersarlos con gases lacrimógenos. Los hechos de violencia se repitieron ayer tras la promulgación de la norma, por lo que decenas de manifestantes resultaron detenidos y heridos. El miércoles algunos policías fueron heridos, y fueron visitados este jueves por el presidente Abdo, de acuerdo a lo que informaron medios paraguayos.
La iniciativa fue principalmente promovida por la Asociación Nacional Republicana y el Partido Colorado, y aprobada con sus votos y con los de otros sectores ‒Patria Querida y Hagamos, entre otros‒ en ambas cámaras; en el Senado con 29 votos favorables –los escaños son 45‒ y con 49 en Diputados, sobre un total de 80 legisladores.
Si bien algunos legisladores del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) votaron la ley, la mayoría no lo hizo. Uno de los que no votaron fue el diputado Emilio Pavón, que expresó que en Paraguay “aún no están dadas las condiciones para que se aprueben propuestas como estas, ya que las instituciones no dan respuestas a quienes no tienen tierras”, según consignó el diario Última Hora.
Otro diputado del PLRA, Édgar Acosta, afirmó que quienes impulsan esta ley no buscan proteger los intereses generales, sino más bien el particular. El legislador criticó que se busque elevar las penas a las invasiones sin que exista algún estudio que hable de esto como una solución para las ocupaciones.
Más duro aún fue el senador Óscar Hugo Richer, del izquierdista Frente Guasú, que afirmó que “en el tema de tierras hay una mafia que opera desde el Estado, desde el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), desde la Fiscalía y el Poder Judicial”. Desde el oficialismo, el aumento de las penas previsto por la nueva ley fue defendido por Basilio Bachi Núñez, diputado de Honor Colorado. sector afín al expresidente Horacio Cartes.
Núñez expresó que la propiedad privada es inviolable y cuestionó a los liberales por priorizar cuestiones electorales buscando confundir a la ciudadanía. “Las invasiones son en la región oriental y 50% de esas invasiones son en áreas urbanas”, dijo el diputado derechista.
El legislador colorado manifestó que los indígenas que se movilizan en Asunción son manipulados por sectores de izquierda y por parlamentarios que comulgan con ideales socialistas, y afirmó que “es el momento de dar tranquilidad al campo”.
El diputado cartista acusó a los legisladores del Frente Guasú como parte de los responsables de la instigación de invasiones de propiedades privadas.
Tierra colorada
Organizaciones sociales denunciaron que entre las personas detenidas por la Policía en el marco de los incidentes se encuentra el líder indígena Derlis López.
Otro referente de las movilizaciones, Julián Ramírez, uno de los líderes indígenas de la zona de Canindeyú, aseguró que seguirán movilizados en Asunción, hasta que su reclamo sea escuchado por el Ejecutivo.
“Entendemos que se están violando los derechos. Están queriendo criminalizar nuestra lucha. Vamos a seguir en la plaza, la decisión está tomada. Sabemos que vamos a perder si regresamos a las comunidades”, expresó en una entrevista con la radio Monumental 1080 AM. Ramírez agregó que “las comunidades nativas son atropelladas por los narcos, los sojeros, los grandes ganaderos como el senador Fidel Zavala”. Este último, legislador del Partido Patria Querida, fue uno de los impulsores del controvertido proyecto, junto al colorado Enrique Riera y a Patrick Kemper, del partido Hagamos.
De acuerdo a lo que informó el portal El Surtidor, entre mayo y julio de este año se recrudecieron los desalojos forzosos y los ataques de civiles armados contra siete comunidades indígenas del país.
Estas comunidades insisten en que las ocupaciones son el único mecanismo que tienen para recuperar sus territorios ancestrales, que desde hace décadas están en manos de productores rurales, principalmente ganaderos y sojeros.
Esta problemática sobre el tema de la tierra fue documentada por la Comisión de Verdad y Justicia, entidad creada para investigar los hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos en Paraguay desde 1954 hasta 2003, año de su creación.
Este órgano examinó más de 200.000 adjudicaciones directas de tierras hechas por el Estado paraguayo durante ese período, que abarca la totalidad de la dictadura liderada por Alfredo Stroessner (1954-1989) y también los 14 años posteriores, ya durante la era democrática. En ese período, según se señala en el informe elaborado por la comisión, 3.336 personas, entre las que se cuentan empresarios, militares y políticos cercanos o directamente pertenecientes al Partido Colorado, recibieron en forma irregular por parte del Estado un total de 7.851.295 hectáreas.
El área es tan grande como los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y toda la zona metropolitana de Asunción, comprendiendo en total cerca de 77.400 kilómetros cuadrados, aproximadamente 19% de la superficie total de Paraguay.